Lo
último que sus compañeros registran de Julio es cómo al huir cae de alguna
manera herido y una patrulla lo recoge. Según la PGR, al mando del vehículo va el policía
segundo Luis Francisco Martínez Díaz, un agente de cuarenta años a quien luego se
acusará de torturar hasta la muerte al estudiante y ser el tercero en la cadena
que dirige Guerreros Unidos, el grupo mafioso responsable, siempre conforme a
la versión oficial, de las desapariciones.
El
hombre tiene un largo historial poco precisado para nosotros, que incluye su estancia
en un cuerpo policiaco municipal de Tamaulipas, sistemáticamente vinculado a
los dos grandes carteles originarios de esa zona.
Al
parecer tendría nexos muy estrechos con el director de seguridad pública municipal, también responsabilizado de los hechos, si
bien tiempo después que él, y al director
de la policía homóloga de Cocula, el municipio connurbado de Iguala, a quien
pronto se señala como un actor central.
Todo
forma parte de la “verdad histórica” que sostiene la PRG y redondearía el “caso
Iguala”, pues así la culpa recae por entero sobre en los funcionarios y grupos
criminales de la localidad. ¿Por qué entonces el juicio de Julio César queda
aparte y pertenece al fuero común y no al federal? La razón en el elemento unificador,
la impunidad, que deja cabos sueltos de dimensiones monumentales: los 28 cuerpos localizados en las primeras cinco fosas
comunes, que la autoridad afirma no pertenecen a los normalsistas; los restos en
el río Papayo, de los cuarenta y tres desaparecidos que se quemaron en el basurero El Papayo, conforme a la
Procuraduría, desmentida sin lugar a dudas por los expertos de la CIDH; los
otros diez hallados después durante las investigaciones que dirigen los padres
de Ayotzinapa y hacen exclamar a un hombre en búsqueda de su mujer y sus hijas:
“todo el cerro seguro es un panteón”, en más de un municipio en torno a Iguala.
“Sus identidades
empiezan a surgir –escribe Marcela Turati-, así como las historias de dolor que han dejado
detrás.
“Un
cura africano asignado a México, un taxista que fue migrante, una familia (un
hombre con su hijo, una sobrina y un sobrino) que viajaba a Iguala a un velorio
(…) La mayoría fueron detenidos por la policía municipal de Iguala y desde
entonces no se sabía de su paradero.”
-No sabemos cómo se va
distribuyendo, respetando o tensando el poder de una cúpula policiaca, de una
cúpula militar, de una cúpula de narcotráfico, de una cúpula de derrame de los
fondos públicos (...) Ese mapa es clandestino. Sólo quienes están dentro de
esas cúpulas saben cómo respetar, cómo apartarse, cómo enfrentarse a las
cúpulas contiguas.”
Así dice Carlos Montemayor
sobre Guerrero en 2002, y Abel Barrera, un defensor de derechos humanos que
habla por La Montaña y la Costa Grande:
-El problema del narcotráfico es un problema que atraviesa a las
comunidades (…) Las tiene atrapadas desde hace más de treinta años. La gente,
después de no encontrar la respuesta de las autoridades para sus proyectos
productivos, se han visto en la necesidad de migrar...
“En las barrancas, en las cañadas, donde hay algo
de agua, ahí es donde se siembra la amapola. Es un lugar estratégico.”
¿Para 2014 de qué manera
evolucionó esa trama?
Para el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, como para muchos otros y otras, el caso de Julio César “es clave para el esclarecimiento (...) de todo el expediente, porque podría ayudar a explicar los móviles de los hechos”.
¿Qué significa su liberación? Uno de los diez puntos en que los padres de los muertos y desaparecidos manifiestan su desaprobación a la "verdad" histórica oficial, dice: "la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado como explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón..."
¿Es porque la tortura y asesinato del joven mexiquense dirigen la atención de la más clara manera hacia actores no municipales?
De acuerdo a Luis Hernández Navarro, la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias y las Policías Comunitarias de Guerrero, nacidas en 1998 son
producto de un proceso que en la década de los años 1970 iniciaron las
comunidades de La Montaña y la Costa Chica, sobre todo, “para construirse una
nueva forma de ser indio y una valoración distinta a la tradicional dentro de
la sociedad urbana”.
“Al arrancar la década de los noventa del siglo pasado –continúa el
periodista e historiador-, la LuzMont [organización formada por cafeticultores
indígenas]se topó con la barbarie de los caciques regionales y sus pistoleros,
con la inseguridad en la región y la complicidad policíaca con los maleantes.
Sus socios y la Luz de la Montaña misma fueron víctimas de asaltos, robo de
ganado, asesinatos y de la violación de sus mujeres. Como el gobierno no se
hacía cargo del problema, inevitablemente ellos tuvieron que enfrentar el reto
de solucionarlo.
El levantamiento del EZLN contribuyó a un impulso que en 2009 reforzaría
el Manifiesto de Ostula, en la región purépecha michoacana, del Congreso
Nacional Indígena, convocando a la formación de organizaciones de autodefensa le
daría una nueva proyección.
Por ello en las palabras de Carlos Montemayor y Abel García hay ya
una honda preocupación por el desarrollo del crimen organizado en las regiones
indígenas guerrerenses y sus vínculos con toda clase de poderes formales y
económicos. Aun así a trece años de distancia nos sorprende el nivel que
alcanzó esa trama cuya plena revelación se produce el 26-27 de septiembre, si
bien la justicia nos niega el franco acceso a ella.
Narcoviolencia, suele decirse y
así damos por supuesto que se debe a las drogas solamente. Según Edgardo
Buscaglia el crimen organizado en México trabaja “en 23 áreas: tráfico humano,
contrabando, copias piratas, criminalidad en internet, secuestros, extorsiones.
Con estos delitos hace entre 52 y 55 por ciento de sus ganancias”.
El
siglo XXI en el país asiste a un dramático desarrollo de estas empresas
informales, como debe considerárselas de acuerdo al propio especialista y a
muchos otros. También en términos de violencia. Hasta marzo de 2002 la
brutalidad que se relaciona con las mafias tenía su cumbre en quien llamábamos
el Mochaorejas por las crueles pruebas de vida entregadas a las familias de sus
secuestrados. Entonces se produjeron las primeras decapitaciones. Meses antes,
en mayo de 2001 "un comando de hombres armados con AK-47" de
madrugada asalta "con tácticas militares a las instalaciones del Palenque
de la Exposición Ganadera" el municipio de Nueva Guadalupe, Nuevo León.
Nada hasta ese momento en el país se compara a la acción. Los protagonistas son
los Talibanes, brazo ejecutor del cartel de Juárez que, conforme a los dichos,
va tras jefes de los Zetas, su similar de reciente creación en el cartel del
Golfo. De ambos el gobierno niega lo después bien sabido: los formaron ex
militares que pertenecían a cuerpos de elite nacidos tras la firma del TLCAN y
el levantamiento del EZLN. Proceden en particular del Grupo Aeromóvil de
Fuerzas Especiales (GAFE), partícipe en la masacre de El Charco, y en cuanto a
los Z el paso se dio a través de la agencia en Tamaulipas de la Policía Federal
Preventiva, organismo cuyo nacimiento en 1999 trasgredió las bases
constitucionales, conforme a expertos en derecho.
Los
Guerreros Unidos fueron los culpables en la desaparición de los normalistas,
que pasaron a sus manos por obra de las policías municipales de Iguala y
Coyuca, es la afirmación oficial tras los hechos de septiembre de 2014. Forman
parte de un fenómeno que nuevamente seguimos a través de Hermanos en armas.
En Guerrero
hace tiempo la mariguana dejo a la amapola el lugar privilegiado en el cultivo
de estupefacientes. Habla Luis Hernández:
“En
2011, cinco bandas peleaban el control de la entidad: el cártel del Pacífico;
la alianza entre los Beltrán Leyva y Los
Zetas (Pacífico Sur), y Los Caballeros Templarios y el cártel del Golfo (que forman
Cárteles Unidos).
“Un informe de las Fuerzas
Armadas divulgado por Excelsior en septiembre de 2011, dio cuenta
como la fragmentación de los cinco grandes cárteles, provocada por la detención
o muerte de algunos de sus principales capos, propició el surgimiento de 17
minicarteles que sembraron el terror en la entidad.
“Esos grupos violentos se
bautizaron a sí mismos como El
Comando del Diablo, El Vengador del Pueblo, La Barredora,
el Cártel Independiente de
Acapulco…
“En la entidad, el mapa de la
escasez y las necesidades materiales coincide con el de los territorios
indios (...) Los nahuas, mixtecos,
tlapanecos y amuzgos viven en muy difíciles condiciones. El 60 por ciento de la
población indígena es analfabeta. Su índice de escolaridad es de apenas 2.7
años. Poco menos de la mitad de mayores de 15 años carece de ingresos.
“Más del 90 por ciento no tiene
drenaje, y sólo el 50 por ciento cuenta con electricidad (...)
“La diáspora criminal precipitó
que las regiones indígenas del estado se convirtieran en zona de refugio
natural del crimen organizado. De esta manera, además de padecer la violencia
contrainsurgente, la de la delincuencia tradicional y la de la pobreza, los
indígenas guerrerenses comenzaron a sufrir la del crimen organizado."
Dos meses después del 26-27 en Iguala, al suroeste, en Chilapa, histórico corazón comercial de La Montaña, a treinta y nueve kilómetros de la Normal Rural de Ayotzinapa, los dos grupos criminales que se disputan la zona tienen un enfrentamiento callejero. Los pobladores hablan de sesenta caídos y las cifras oficiales dan cuenta sólo de los once cuerpos sin cabeza que quedan allí. Al poco muere ajusticiada la candidata municipal perredista y luego el priista y las desapariciones se precipitan a la vista del ejército, hasta alcanzar lo menos a treinta personas.
Dos meses después del 26-27 en Iguala, al suroeste, en Chilapa, histórico corazón comercial de La Montaña, a treinta y nueve kilómetros de la Normal Rural de Ayotzinapa, los dos grupos criminales que se disputan la zona tienen un enfrentamiento callejero. Los pobladores hablan de sesenta caídos y las cifras oficiales dan cuenta sólo de los once cuerpos sin cabeza que quedan allí. Al poco muere ajusticiada la candidata municipal perredista y luego el priista y las desapariciones se precipitan a la vista del ejército, hasta alcanzar lo menos a treinta personas.
Está bien establecido el origen
de los Guerreros Unidos que se afirma intervinieron en los asesinatos y
desapariciones de los normalistas. A la vez hay pruebas irrebatibles sobre los
nexos de la esposa del alcalde "igualatense" con el grupo, quizás
como directora tras morir sus hermanos, cofundadores de él.
Está bien establecido el origen
de los Guerreros Unidos que se afirma intervinieron en los asesinatos y
desapariciones del 26-27 de septiembre. A la vez hay pruebas irrebatibles sobre
los nexos familiares de la esposa del alcalde "igualatense" con el
grupo, quizás como directora tras morir sus hermanos, cofundadores de él.
El 5 de octubre el
"procurador de Guerrero informó que, a partir de la declaración de dos
presuntos integrantes de Guerreros Unidos (GU) detenidos, policías de
Iguala habrían entregado a 17 normalistas al grupo delictivo".
Para ese momento se busca al
munícipe, su señora y el secretario de Seguridad Pública local,
presumiéndolos responsables intelectuales de los hechos, y el 16 fuerzas
federales apresan al hombre considerado como "máximo líder del
narcotráfico ligado a la desaparición", Sidronio Cazarrubias, "con
uno de sus operadores más cercanos.
El 7 de noviembre Murillo
Karam confirma formalmente la hipótesis, apoyado a su decir por las confesiones
de tres presuntos GUs, que de paso "dieron detalles sobre el asesinato de
estas personas, quienes fueron incineradas y los restos almacenados en
bolsas".
De Julio César Mondragón, ni palabra. ¿Por qué no vincular su caso a los demás, si el supuesto asesino pertenece , presuntamente también, al liderazgo de Guerreros Unidos? El agente municipal, que apresaron el 26 ó 27 de febrero, en mayo queda libre no sabemos por qué cargos imputados. Para el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, como para muchos otros y otras, el caso de Julio César “es clave para el esclarecimiento (...) de todo el expediente, porque podría ayudar a explicar los móviles de los hechos”.
¿Qué significa su liberación? Uno de los diez puntos en que los padres de los muertos y desaparecidos manifiestan su desaprobación a la "verdad" histórica oficial, dice: "la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado como explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón..."
¿Es porque la tortura y asesinato del joven mexiquense dirigen la atención de la más clara manera hacia actores no municipales?
Ciertas
declaraciones afirman que Jose Martínez Díaz se hizo acompañar por Guerrero
Unidos en la persecución inicial a los normalistas, y así entre los casquillos que
la policía municipal se apuró a recoger tras el primer choque, tal vez había algunos
de armas no permitidas a los agentes. Según esos u otros testimonios, desde las
patrullas se disparaba también contra civiles al paso.
Hemos escuchado a Luis Hernández recoger la barbarie que desde los
años noventa atraviesa las regiones indígenas, sin respetar ni a los sacerdotes
católicos, que no “pudieron escapar de robos, agresiones y complicidad
policíaca con los asaltantes. Mario Campos Hernández, entonces párroco de Santa
Cruz del Rincón, en el municipio de Malinaltepec (…) delincuentes lo atacaron a
él y a sus acompañantes en un camino (...) La denuncia fue presentada ante el
Comisariado Municipal, que lo transfirió al Ministerio Público. Según cuenta
Ángeles Gama, después de un tiempo, este MP resolvió que se trataba de ´una
banda que atacaba en los caminos´, pero se supo que fue el mismo Comisariado de
Santa Cruz del Rincón el que pagó a los ´asaltantes”.
Esta violencia la producían tanto las bandas criminales como la
autoridad, en combinación o por separado, y el objetivo no era sólo el robo, el
secuestro o la coacción de los giros que se asocian con el crimen organizado,
conforme señalan los asaltos al mismo padre Campos.
En la entrevista de 2002 que citamos antes, Abel Barrera hace un resumen
de la coacción y los excesos personales del ejército en La Montaña:
“Los guachos son los militares
que llegan al pueblo, que madrean a la gente (...) y que últimamente han
violado a varias indígenas” cuyo pretexto desató sin reserva la persecución al Ejército Popular Revolucionario, el Ejército Revolucionario Popular
Independiente y sus desprendimientos. La región quedó entonces salpicada por
retenes militares. Continúa Abel:
-Es desgraciadamente una historia llena de sangre (...)
para los mixtecos, para los nahuas y los tlapanecos (...) Me hace recordar
Barrio Nuevo de San José, cómo matan a un campesino y a su hijo, allá en el
municipio de Tlacoachistlahuaca. Después de esconderlos, llegan sus mujeres
a buscarlos y todavía las violan, y hasta la fecha esa gente esta ahí en esa
comunidad.
“En Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, llegan
los soldados para investigar dónde están los encapuchados, maltratan a los
niños y violan a una mujer (...) Este ejército que caminando por las veredas y
las carreteras, como de Metlatonoc, embosca a la misma policía porque dice
que esos son encapuchados.”
En
las ciudades y con el desbordamiento de los carteles el panorama es similar. En
la propia Iguala, el primero
de marzo del 2010, cerca de las 10:30 de la noche seis jóvenes son “secuestrados
por militares afuera de un club nocturno”, según
prueban “grabaciones de
cámaras de seguridad”. Jamás volvió a saberse de ellos.
Los
treinta y ocho cuerpos en fosas comunes y los del río Papayo, que la PGR dice alcanzan
a cuarenta y tres y pueden ser menos o más, exhiben el nivel de violencia de la
zona.
Incluso
así, lo sucedido en esa ciudad a partir de las ocho pm en que José Martínez
Díaz y los suyos persiguen a los normalistas de tres autobuses por la avenida
central y en dirección al centro, rebasa todo precedente. Lo hace aunque no se
produjeran las muertes y desapariciones.
La mínima mesura queda a un lado, con obvia conciencia de que el Centro de Monitoreo registra los actos y en consecuencia todos los niveles gubernamentales y policiacos y las fuerzas militares están informados. Lo están también los medios de comunicación en la localidad, tradicionales y alternativos. ¿Repentinamente?, pregunta el sentido común, a quien por fuerza se le viene el recuerdo de que desde cinco días atrás la Policía Federal, cuando menos, debe prever la toma de camiones por los estudiantes en un centro urbano no muy lejos de Ayotzinapa.
CONTINÚA:
INFORME DE LA COMVERDAD GUERRERO Y LA LARGA GUERRA SUCIA.
LIGA CON "MODELO GUERRERO"
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