“Modelo Guerrero”

EL LIBRO, COMO ACLARA EL BLOG EN SU PORTADA, LO PUBLICARÁ LA BRIGADA PARA LEER EN LIBERTAD, A LA CUAL PERTENECE EL AUTOR. 
En 2001 la muerte y probable asesinato de Digna Ochoa dirigen la mirada hacia Guerrero y el ejército allí, y el director Felipe Casals organiza una larga serie de entrevistas para su película, que después se convierten en libro inédito. Selecciono fragmentos de ellas:

-Hay familias que siguen todavía durmiendo en el suelo, ni siquiera en petate, en el suelo. Familias que siguen teniendo una tridieta, digamos, que solamente comen maíz, frijol y si acaso café (DR RUBI).

-El abatimiento de los grupos armados de Lucio Cabañas, en 1974, no produjo una modernización o una integración de estas zonas marginadas con la economía regional o nacional. Por el contrario, después de agravar la persecución y liquidación de remanentes guerrilleros, no hubo proyectos carreteros, infraestructura de comunicaciones, de servicios de salud, de educación, de comercio, y se aumentó la marginación (MONTEMAYOR).

-El estado de Guerrero ocupa el primer lugar en la tasa de fecundidad. Pero también registra el más alto índice de mortalidad infantil (...) principalmente en lo que se conoce como El espinazo de la pobreza: la Montaña y el Filo Mayor [en lo más alto de la sierra que colinda con los estados de México y Michoacán].

“Ahí, donde se concentran los 600 mil indígenas del estado, se presentan los mayores atrasos y los mayores niveles de marginación. (ANGEL ÁVILA).”  

-Con la marginación vino la producción de estupefacientes y por supuesto el fortalecimiento de las cúpulas que hacen difícil descifrar cuál es la red de poder, impunidad o presión que se da (MONTEMAYOR).

-El problema del narcotráfico es un problema que atraviesa a las comunidades (…) Las tiene atrapadas desde hace más de 30 años. La gente, después de no encontrar la respuesta de las autoridades para sus proyectos productivos, se han visto en la necesidad de migrar...

“En las barrancas, en las cañadas, donde hay algo de agua, ahí es donde se siembra la amapola. Es un lugar estratégico… (ABEL BARRERA).”

-A fines de los 1980 se empieza a dar el auge de los partidos políticos, de manera mucho más abierta (...) La apertura democrática permitió que otros partidos políticos, el PT, el PRD, pudieran iniciar la incursión en algunos municipios…

“Esto obviamente afectó intereses, intereses ya históricos... Ahí empiezan a manifestarse estas violencias, estas señales de secuestro y asesinato, que van a dar por resultado muchos movimientos sociales, y el movimiento de organizaciones como la de la Costa de la Sierra del Sur, la que fue objeto de la masacre de Aguas Blancas, que tiene su base en el parte de Atoyac, El Paraíso, en esa parte de las zonas cafetaleras.

“Estas situaciones de enfrentamiento a los cacicazgos, tienen su manifestación en la violencia y en el  matrimonio de las policías estatales y municipales y el ejército mismo, que se traduce en la afectación de los derechos humanos, fundamentalmente. No es gratuito lo que se dio en 1985, después en 1995, en Aguas Blancas, y posteriormente en 1998 con la masacre de El Charco...

“Hay un dato que es relevante y que ilustra esta situación. A partir de 1993 se han dado en el estado de Guerrero 600 desapariciones, de un total de 1400 a nivel nacional.”(ANGEL).

No es raro, por ello, que en 1994 se crearan organizaciones de derechos humanos, como la de la Montaña:

-Surge en un momento clave para nosotros y para nuestro país, por el levantamiento zapatista. Nace en junio, cuando la región se estaba llenando de guachos. Los guachos son los militares que llegan al pueblo, que madrean a la gente (...) y que últimamente han violado a varias indígenas... (ABEL).

A partir de ese momento la zona quedó salpicada por retenes militares, que prevenían u orillaban la aparición, primero, del Ejército Popular Revolucionario (EPR), y luego del Ejército Revolucionario Popular Independiente (ERPI) y de sus desprendimientos. O para ser exactos, se recrudeció una presencia del ejército que no cesaba desde la primera guerra sucia.

-El ejército en Guerrero (...) es desgraciadamente una historia llena de sangre (...) para los mixtecos, para los nahuas y los tlapanecos (...) Me hace recordar Barrio Nuevo de San José, cómo matan a un campesino y a su hijo, allá en el municipio de Tlacuaxistlahuaca (¿). Después de esconderlos, llegan sus mujeres a buscarlos y todavía las violan, y hasta la fecha esa gente está ahí en esa comunidad –cuenta Abel Barrera.

“En Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, llegan los soldados para investigar dónde están los encapuchados, maltratan a los niños y violan a una mujer (...) Este ejército que caminando por las veredas y las carreteras, como de Metlatondo (¿) embosca a la misma policía porque dice que esos son encapuchados.”

-¿Estamos hablando de un fenómeno de colombianización de Guerrero? –se interroga a Carlos Montemayor.

-No, todo lo contrario. La colombianización ocurre primero porque no había un gobierno central eficiente ni aceptado en Colombia. Segundo, porque hay un dominio territorial total de las guerrillas. Tercero, porque es imposible para fuerzas policiacas y militares oponerse tanto a los grupos guerrilleros como a los clubes de delincuentes armados que constituyen las fuerzas paramilitares colombianas.

“Esto no ocurre en México ni hay manera de establecer paralelos con Colombia. Lo que estamos es ante el caso típico que debemos llamar estado de Guerrero.”

-¿Qué hilo sensible pudo tocar Digna en este estado?

-Yo creo que tocó varios y tuvo en sus manos o pudo presentir varios de estos hilos (...) que quizás le hubieran permitido unir un rompecabezas en el que podían haber combinado varios sectores de estas cúpulas (locales, nacionales e internacionales de poder), que nos hubieran dado un rostro inesperado de lo que es el conflicto en Guerrero.

Las hipótesis sobre el o los posibles nexos de la muerte de Digna con esta entidad no pudieron comprobarse, como ninguna otra, pues la investigación estuvo plagada de dolosos vicios que todavía permiten exigir la reapertura del caso.
Una hipótesis conducía a militares de la sierra de Petatlán, al sur de la Costa Grande, que gracias a la defensora de derechos humanos fueron encontrados culpables del hostigamiento a los campesinos ecologistas de la zona en la segunda mitad de los años 1990. 
Para entonces se habrían producido dos masacres que impactaron al país.

El periodista no sabía cuán artera fue la acción de Figueroa hijo. María de la Luz Núñez Ramos, en ese momento presidenta municipal perredista de Atoyac de Álvarez, testimoniaría después al equipo de Felipe Casals:

-El día 18 de mayo los atoyaquenses recuerdan la masacre, que también quedó en la impunidad, que se realizó en Atoyac: un movimiento social de padres de familia de una escuela, que encabezó el profesor Lucio Cabañas...

“La OCSS iba al acto al Zócalo...Pero ese día llegaron en un ambiente hostil (...) y tiraban piedras al ayuntamiento.”

Los campesinos estaban molestos por el incumplimiento de los acuerdos a los que habían llegado con el gobierno estatal, y en el camino expresaban la inconformidad hacia el PRD, del cual la mayoría había formado parte pero de quien se sentían legítimamente abandonados, según reconoce la alcaldesa. De cualquier manera, a ella el tono le pareció desusado, y después de hablar con los líderes de la Organización, que se mostraban desconcertados, concluyó que algo raro había:

-No eran formas de ellos. Con esto quiero decir que este tipo de movimientos desgraciadamente son infiltrados  Para eso está el gobierno pero muy atento.

Como las demandas de los campesinos eran de carácter estatal, María de la Luz convenció a dos de los dirigentes de que juntos llamaran al gobernador Figueroa, quien después de una reacción característica, “Mándelos usted a la chingada”, prometió enviar a su secretario de gobierno. Entretanto, los más intransigentes decidieron tomar en Palacio Municipal con la alcaldesa dentro.

-En mi opinión, eso lo tengo muy claro –dice ella-, el gobierno estatal pensaba presentar ese día (...) como un enfrentamiento entre perredistas.

¿Eso pensaba, nada más? En espera del enviado del gobernador, frente a todos, María de la Luz recordó a uno de los miembros de la Organización, Gilberto Romero, que tenía un crédito pendiente en la presidencia. No se produjo ningún altercado con él, a quien la mujer estimaba y que era reconocido como un hombre de palabra.

Casualmente, una semana después Gilberto desaparecía y alguien esparcía el rumor de que la responsable era la presidenta municipal. En reclamo de su presentación fue que la OCSS preparó el acto al que se dirigían los campesinos asesinados en Aguas Blancas el 28 de junio.

-Ese día la Organización Campesina de la Sierra del Sur –continúa María de la Luz- iba a salir desde Tepetixtla, iba a pasar por Coyuca, porque es municipio de Coyuca, para llegar a nuestro ayuntamiento.

El día 24 ella había marchado a la ciudad de México y estando allí el 27 le llegó un fax para avisarle que la buscaban con urgencia. Tomó el camino de regreso y a las siete de la noche estaba en Atoyac. Lo primero que hizo fue comunicarse con el gobernador:

-¿Ya sabe que su síndico volvió a invitar a sus amigos de la OCSS? –le dijo Figueroa Alcocer. –Yo le pido que haga todo lo posible por evitarlo Yo por mi parte voy a hacer lo propio. A como dé lugar voy a evitar que lleguen al ayuntamiento. Nosotros los vamos a esperar allá en Coyuca.

Al día siguiente la presidenta municipal fue a ver al padre Máximo, expulsado de la Iglesia católica pero muy respetado por la población más humilde, sin exceptuar la de la OCSS. Iba preocupada por la visita anterior de la Organización:

-Padre, ¿usted sabe si vienen en la misma actitud agresiva?

-No, para nada, señora. Al contrario, vienen muy apenados por la situación que se dio la vez pasada (...) Yo tengo entendido que simplemente vienen porque aquí es donde se les permite manifestarse, a reclamar a Gilberto Romero.

-Hablando de eso precisamente –interrumpió la alcaldesa-, hay un volante en donde dice que yo lo desaparecí.

-No, señora –dijo el párroco-, aquí ya hay otros participantes, aquí ya hay infiltraciones. Tenga la seguridad de que este volante no lo firmaron ellos. Esto lo está manejando directamente el gobierno (...) Usted váyase tranquila, aquí no va a pasar nada, y si algo pasara yo me comprometo a ir a hablar con la gente.

La mujer volvió al ayuntamiento y aguardó:

-Dieron las diez, las 11, las 12.... quedaron de estar ahí desde las diez de la mañana, y como a la una de la tarde entra el oficial mayor y me dice: “Presidenta, acaba de haber una matanza en Tepetixtla”.

Los rumores se extendían.

-En eso me dice el secretario de gobierno del ayuntamiento: “Oiga, a propósito. Anoche, cuando usted acabó de hablar con el gobernador, me habló el director del hospital, de aquí de Atoyac, para preguntarme que qué sabíamos acerca de una matazón que iba a haber aquí”.

“Yo les quiero decir que al director del hospital misteriosamente lo mataron después."

Tres años después se produciría una segunda masacre cuyo eco recorrió el país y otras partes del mundo. La de El Charco, un caserío disperso entre cerros, a treinta y cinco kilómetros de la cabecera municipal, Ayutla de los Libres, en los linderos de la Baja Montaña y la Costa Chica.

Sus habitantes apenas rebasan el número de 300, en su absoluta mayoría son de origen mixteco, y a pesar de que los alrededores son ricos en recursos naturales, ellos forman parte de los pobres entre los pobres de este empobrecido estado.

Allí, el sábado 7 de junio de ese 1998, a un mes de la represión a los campesinos ecologistas en otro costado de Guerrero, el recién nacido Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), escisión o extensión del Ejército Popular Revolucionario (EPR), llamó a campesinos y campesinas de la región a reunirse en el edificio de la escuela, la Catirino Maldona Pérez.

Al parecer la reunión tocó problemas generales de los pueblos y permitió explicar los objetivos del grupo armado. Al ponerse el sol, los asistentes que vivían en el pueblo se retiraron a sus casas, y los treinta y ocho hombres, mujeres y menores de edad que venían de otras comunidades quedaron a dormir en la escuela, incluidos los miembros del ERPI.

A lo largo de la noche las comunidades cercanas vieron o escucharon el paso de elementos y transportes del ejército. A las cuatro de la mañana la Catirino Maldonado, en lo alto de El Charco, estaba ya cercada por un Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, especializado en asalto aéreo, lucha antinarcóticos y contrainsurgencia, y por veintiocho batallones de infantería (un total cercano a mil efectivos), bajo la conducción de un general.

Los documentos que luego exhibirá la justicia militar, asegurarán que había vigías armados de la guerrilla. Pero tras los acontecimientos no se hallarán señales de resistencia de parte de parte de ésta, algunos de cuyos miembros parecían haber pasado al interior de la escuela.

La reproducción de los hechos realizada por organismos civiles, indicaría que el ejército abrió fuego casi inmediatamente después de las conminaciones a la rendición; que la mayoría de los sitiados no tenían armas de fuego y que sólo una pequeña porción de los once muertos se produjo en el interior de la Catirino Maldonado.

En cambio, la cancha de basquetbol, a la cual unas cuatro horas después salieron con las manos en alto cuantos quedaron en la escuela, tenía abundantes muestras de sangre, que confirmarían los testimonios de los sobrevivientes: fue allí donde los soldados se cebarían, dando un solo y certero disparo a cinco o seis hombres, mientras estaban hincados, según todo indicaba.

De acuerdo a la información periodística, a la matanza siguieron las detenciones, la tortura y la cárcel, también para cinco menores edad.

Para la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos; para la Comisión de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, para otras organizaciones, periodistas y estudiosos, el proyecto de militarizar el campo del sur-sureste de México, estaba más que bien documentado.

Gracias a una serie de reformas legislativas, afirmaban, el proyecto suponía una suerte de estado de guerra latente, con la presencia directa del ejército en la vida diaria de la sociedad, o a través de la acción de grupos paramilitares. De esa manera las garantías individuales se constreñían de hecho, y la violación a los derechos humanos se volvía una constante.

Conforme a la Asociación, la Comisión, etc., el levantamiento armado en Chiapas habría sido el detonante de un proceso que se preveía en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), conforme a las minutas de las reuniones paralelas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y a la información que proporcionaba la investigadora Gloria Estévez.

De acuerdo a ésta, casi un año antes de la irrupción del movimiento zapatista, el coronel Stephen J. Wager, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra estadounidense, publicó el libro El ejército mexicano de cara al siglo XXI, en el que sostenía la inevitabilidad del desorden social, producto del propio TLC y de la reforma al ejido y a la propiedad comunal.

Para encararlo, decía, las fuerzas armadas de México debían transformarse en un aparato ágil, de reacción rápida, de gran movilidad.

Este tipo de informes eran manejados por las organizaciones con las cuales Digna estaba en contacto. Informes que abundaban en temas delicados y cuya conclusión coincidía con la de Roderic Al Camp, investigador y analista político, quien advertía la radical transformación por la cual estaba pasando la doctrina militar en nuestro país: las tareas de seguridad nacional debían concentrarse en combatir al enemigo interno.”

El Charco era un momento nodal, en la óptica de las organizaciones que seguían el proceso, como el caso más grave de discrecionalidad en el estado de Guerrero, en la presumible nueva etapa de las fuerzas armadas. Un momento que hacía transparente la intervención del ejército en la vida diaria de las comunidades.

En los pueblos, en los caminos, en las milpas, en los cerros y cañadas, se decía, el ejército hacía sentir una presencia que tenía deliberados efectos sobre la moral de la población, creando un clima de terror.

-Nosotros de hecho estamos desarrollando un programa de atención psicológica –dice Julio Mata-, intentando atender, con todas nuestras limitaciones, a la gente que ha sufrido tanto la tortura, como que es familiar de detenido-desaparecido, y gentes que nada más por el miedo de ver entrar a un camión del ejército les entra zozobra.

Maribel Gutiérrez Moreno, la periodista guerrerense que luego aportará datos para tratar de esclarecer la muerte de Digna, en ese momento hacía una lista de las aprensiones ilegales, cateos e incursiones que se prodigaron desde 1994, como parte de las numerosísimas acciones “de lucha social” desencadenadas en el país: 40 mil para 1998, conforme a información confidencial de la revista Proceso.

Poco antes de los acontecimientos en El Charco, contaba la periodista, indígenas mixtecos habían denunciado que en camino de Tlapa a sus comunidades, en el municipio de Metlatónoc, un retén militar abrió fuego sobre ellos, sin previo aviso, resultando muerto Eloy Ramón Ortiz.

Y continuaba: en la noche del 20 de abril del 99, dos mujeres indígenas de San Miguel Tejalpa se preocupaban porque, tras 12 horas de haberse marchado, el cuñado de una y el nieto de otra, de 13 años de edad, no regresaban de recoger mazorcas. Se dirigieron a la parcela, descubrieron un charco de sangre y la proximidad de los soldados, así que echaron a correr. Fueron alcanzadas y violadas.

Al día siguiente en un punto más al sur, siempre de acuerdo a la información de Maribel Gutiérrez, un campesino murió por las balas de los militares mientras cuidaba su ganado, “porque portaba una escopeta”.

-En puro Atoyac –habla de nuevo Julio Mata- hay 400 desaparecidos, y en el estado de Guerrero son más de 600... O sea, la mitad de los del país, porque a nivel nacional nosotros manejamos un número de alrededor de 1,200 casos.

La cifra se arrastraba, según Mata, desde los años 1960, pero no se detenía con el fin de los movimientos guerrilleros de los 1970, y continuaba en vida de Digna, como al parecer probaba el caso de Gilberto Romero, el campesino cuya desaparición precipitó los acontecimientos de Aguas Blancas.

¿A esta sistematización de materiales informativos es a la que se refería, al menos parcialmente, Carlos Montemayor, cuando lo escuchamos decir que Digna reunía información que “quizás le hubieran permitido unir un rompecabezas en el que podían haber combinado varios sectores de estas cúpulas (de poder), que nos hubieran dado un rostro inesperado de lo que es el conflicto en Guerrero”?

¿Es esta documentación, también, la que mencionaban el propio Mata y Abel Barrera, al asegurar que la abogada, como integrante del Pro, estaba involucrada con otras organizaciones en una investigación que quizá fue la que la condujo a la muerte?

"La actuación del Ejército en Guerrero: patrón sistemático de violaciones a derechos humanos", el Pro toma como casos tipo, la masacre de 11 campesinos desarmados en la comunidad de El Charco, en Ayutla de los Libres, ocurrida 7 de junio de 1998, y la persecución, detención y tortura, de militares contra Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, el 2 de mayo de 1999.

-¿En Guerrero hay aparatos capaces de preparar un crimen tan sofisticado como el que parece haberse cometido con Digna Ochoa? –preguntó un reportero a Mata.

La respuesta fue que sí, y la ilustraba con los elementos que presuntamente se ponen en operación para desaparecer a una persona:

-Se necesita una infraestructura muy amplia. Se necesita primeramente el poder tener los horarios de esta gente que van a secuestrar. Necesitan hacer un seguimiento durante días, a veces semanas, a veces años.

“Como ocurre claramente con el caso de Gregorio Alfonso Alvarado López, desaparecido en septiembre del 96, en el cual la familia ubica que los están persiguiendo vehículos...

“Entonces hay un seguimiento constante, para ubicar su rutina. Y escoger el momento adecuado en el cual no van a poder hacer escándalo. Tienen que tener cárceles clandestinas...

“Tienen normalmente, esto lo digo por todos los testimonios que hemos recibido, gente vigilándolos día y noche. Tienen médicos que los pueden estar sosteniendo en la tortura, para que no se mueran, para que no se les pase la mano, durante muchísimo tiempo.

“Los que han podido salir nos han hecho narraciones también de la infinidad de torturas... Incluso en algunos casos les han estado pasando videos de lo que está pasando en esos momentos en su casa.”