Las mafias y el terror

EL LIBRO, COMO ACLARA EL BLOG EN SU PORTADA, LO PUBLICARÁ LA BRIGADA PARA LEER EN LIBERTAD, A LA CUAL PERTENECE EL AUTOR. 
Para el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el caso de Julio César “es clave para el esclarecimiento (...) de todo el expediente, porque podría ayudar a explicar los móviles de los hechos”.
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Narcoviolencia, suele decirse y así damos por supuesto que se debe a las drogas solamente. Según Edgardo Buscaglia el crimen organizado en México trabaja “en 23 áreas: tráfico humano, contrabando, copias piratas, criminalidad en internet, secuestros, extorsiones. Con estos delitos hace entre 52 y 55 por ciento de sus ganancias”.

El siglo XXI en el país asiste a un dramático desarrollo de estas empresas informales, como debe considerárselas de acuerdo al propio especialista y a muchos otros. También en términos de violencia. Hasta marzo de 2002 la brutalidad que se relaciona con las mafias tenía su cumbre en quien llamábamos el Mochaorejas por las crueles pruebas de vida entregadas a las familias de sus secuestrados. Entonces se produjeron las primeras decapitaciones. Meses antes, en mayo de 2001 "un comando de hombres armados con AK-47" de madrugada asalta "con tácticas militares a las instalaciones del Palenque de la Exposición Ganadera" el municipio de Nueva Guadalupe, Nuevo León. Nada hasta ese momento en el país se compara a la acción. Los protagonistas son los Talibanes, brazo ejecutor del cartel de Juárez que, conforme a los dichos, va tras jefes de los Zetas, su similar de reciente creación en el cartel del Golfo. De ambos el gobierno niega lo después bien sabido: los formaron ex militares que pertenecían a cuerpos de elite nacidos tras la firma del TLCAN y el levantamiento del EZLN. Proceden en particular del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), partícipe en la masacre de El Charco, y en cuanto a los Z el paso se dio a través de la agencia en Tamaulipas de la Policía Federal Preventiva, organismo cuyo nacimiento en 1999 trasgredió las bases constitucionales, conforme a expertos en derecho.

Los Guerreros Unidos fueron los culpables en la desaparición de los normalistas, que pasaron a sus manos por obra de las policías municipales de Iguala y Coyuca, es la afirmación oficial tras los hechos de septiembre de 2014. Forman parte de un fenómeno que nuevamente seguimos a través de Hermanos en armas.

En Guerrero hace tiempo la mariguana dejo a la amapola el lugar privilegiado en el cultivo de estupefacientes. Su rentabilidad es mucho mayor y multiplica el interés de los mafiosos, que de siempre se disputan la entidad también como fuente de paso. Habla Luis Hernández:

“En 2011, cinco bandas peleaban el control de la entidad: el cártel del Pacífico; la alianza entre los Beltrán Leyva y Los Zetas (Pacífico Sur), y Los Caballeros Templarios y el cártel del Golfo (que forman Cárteles Unidos).

“Un informe de las Fuerzas Armadas divulgado por Excelsior en septiembre de 2011, dio cuenta como la fragmentación de los cinco grandes cárteles, provocada por la detención o muerte de algunos de sus principales capos, propició el surgimiento de 17 minicarteles que sembraron el terror en la entidad.

“Esos grupos violentos se bautizaron a sí mismos como El Comando del Diablo, El Vengador del Pueblo, La Barredora,

el Cártel Independiente de Acapulco…

“En la entidad, el mapa de la escasez y las necesidades materiales coincide con el de los territorios indios. Según el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, ´Guerrero ocupa el séptimo lugar entre los estados con mayor población indígena del país, con un total (...) de 625 mil 720 personas, que representan el 18.46 por ciento del total de la población estatal y el 5.4 por ciento de la población indígena a nivel nacional´.

"Los nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos viven en muy difíciles condiciones. El 60 por ciento de la población indígena es analfabeta. Su índice de escolaridad es de apenas 2.7 años. Poco menos de la mitad de mayores de 15 años carece de ingresos.

“Más del 90 por ciento no tiene drenaje, y sólo el 50 por ciento cuenta con electricidad. Los habitantes de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, en la Montaña, tienen el porcentaje más alto del país de población en situación de pobreza extrema: 82.6 y 77 por ciento respectivamente. Cifras eslofriantes que dan cuenta de este nivel de privaciones son las de mortalidad infantil: en Cochoapa el Grande la tasa es de 60.4, y en Metlatonoc de 48.48 y en Acatepec de 48.66 por cada mil nacimientos.

“La diáspora criminal precipitó que las regiones indígenas del estado se convirtieran en zona de refugio natural del crimen organizado. De esta manera, además de padecer la violencia contrainsurgente, la de la delincuencia tradicional y la de la pobreza, los indígenas guerrerenses comenzaron a sufrir la del crimen organizado.

“En una visita realizada al municipio de Ayutla en febrero de 2014, el obispo Raúl Vera, antiguo responsable de la diócesis de Altamirano en el estado entre 1988 y 1995, advirtió que a 19 años de su estancia en Guerrero, los niveles de impunidad siguen siendo la característica ´más lacerante” del estado y el desafío más importante´, porque ésta alienta el crimen y la violación de los derechos humanos, de la dignidad humana y los niveles de impunidad.”
Está bien establecido el origen de los Guerreros Unidos que se afirma intervinieron en los asesinatos y desapariciones del 26-27 de septiembre. A la vez hay pruebas irrebatibles sobre los nexos familiares de la esposa del alcalde "igualatense" con el grupo, quizás como directora tras morir sus hermanos, cofundadores de él.
El 5 de octubre el "procurador de Guerrero informó que, a partir de la declaración de dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos (GU) detenidos, policías de Iguala habrían entregado a 17 normalistas al grupo delictivo".
Para ese momento se busca al munícipe, su señora y el secretario de Seguridad Pública local, presumiéndolos responsables intelectuales de los hechos, y el 16 fuerzas federales apresan al hombre considerado como "máximo líder del narcotráfico ligado a la desaparición", Sidronio Cazarrubias, "con uno de sus operadores más cercanos.
El 7 de noviembre Murillo Karam confirma formalmente la hipótesis, apoyado a su decir por las confesiones de tres presuntos GUs, que de paso "dieron detalles sobre el asesinato de estas personas, quienes fueron incineradas y los restos almacenados en bolsas". 
De Julio César Mondragón, ni palabra. Continúa así el ocultamiento del caso que desarticularía el burdo montaje de la PGR. El joven corrió con otros compañeros para evitar las balas, alejándose del conjunto de los normalistas y cuando Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava cayeron junto a él, siguió hasta perderse.
Unas nueve horas después sus restos son localizados por militares cerca del último punto donde se lo vio. 
Como trataremos de demostrar más adelante, la tortura y muerte por deshollinación requiere una técnica manejada sólo por ejércitos formales o mercenarios. Así con el hallazgo del cadáver los ojos se vuelven naturalmente hacia el 27 Batallón de Infantería. Lo hacen mientras los informes de la autoridad niegan toda presencia castrense en torno a los hechos y deben admitir sólo un acto muy secundario: la llegada de soldados al hospital donde normalistas condujeron a compañeros que requerían atención.
La reacción de quien mira es instintiva, sin sustento fuera de lo dicho: los estudios de los especialistas en la investigación sobre la tortura.

El crimen organizado como instrumento paramilitar
En México hay zonas y momentos donde el crimen organizado muestra una notable capacidad para tareas de contrainsurgencia, la emplee o no. Por ejemplo, las áreas bajo el control de los Gafes que dirigieron a los Z durante buen tiempo. O ahora el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el centrooccidente y, quizá Veracruz, quien de acuerdo a The Wall Street Journal es entrenado por ex militares de Guatemala, EU y México, y "tienen rangos y una jerarquía como en los ejércitos [...] están muy unidos detrás de su líder y han hecho de la lealtad un valor supremo”.
Los GU y el resto de las bandas resultado de la fragmentación en Guerrero parecen a años luz de eso. 
¿Quién torturó a Julio hasta la muerte por dolor para arrojarlo en un lugar muy a la vista, en tanto sus compañeros desaparecían en la nada?, ¿y qué mensaje se enviaba con ello? 
¿Fue el policía municipal sentenciado sin una investigación de mínima coherencia sobre el cuerpo del joven? 
Todo da una impresión caótica durante esas infernales horas, y uno juraría que a partir del choque en la central camionera, todo está más o menos preparado. 
El Centro de monitoreo sigue paso a paso los hechos y tiene condiciones para registrar la actividad en el municipio entero y en los aledaños. ¿Olvidó mencionar el supuesto movimiento de los GUs de Cocula a Iguala y de allí a Rancho Viejo que, en apariencia bajo tortura, confiesan los mafiosos? ¿Por qué la autoridad habló enseguida de las incineraciones como forma de desaparición, si al menos tal cual se describió, a cielo abierto, no pudieron producirse? 
Los reportajes de Marcela Turati se obsesionan con el tema. Transcribimos parcialmente uno de ellos:

“Si los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre fueron incinerados, y ante la imposibilidad de que ello ocurriera a cielo abierto, la única posibilidad señala a los hornos crematorios. Los rumores apuntan a las instalaciones militares, al Semefo o a funerarias privadas. Pero todo mundo niega haber tenido participación en esos hechos, las autoridades federales se enredan en sus explicaciones (cuando las dan) y a final de cuentas cualquiera podría creer que en todo Guerrero no existen esos hornos (...)

"De botepronto, el empleado saca cuentas y dice que por cada cinco cuerpos hay que pedir un resurtido del tanque de 200 kilos de gas, a un costo de mil 500 pesos.

“Cada cinco cuerpos tenemos que pedir una recarga, no da para más. Pero en esta ciudad la gente no acostumbra ese servicio”, dice el joven de bata blanca (...)

"En Funerales Gutiérrez, en la esquina de la carretera nacional México-Acapulco con Periférico, a una larga cuadra –de casi un kilómetro– de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, la encargada, Hilda, afirma que se pueden incinerar tantos cuerpos como sea, pues es cuestión de alimentar el horno constantemente con gas (...)

"Al preguntarle si sabe algo del destino de los estudiantes desaparecidos, explica el procedimiento para realizar una cremación.

“Sólo damos el servicio cuando el familiar tiene acta de defunción y certificado médico; entonces yo hago el servicio. Pero nunca sin papeles o si no me lo autoriza un familiar´(..)

"–¿Le dan servicio al Ejército? –pregunta la reportera.

"–Ellos van a la funeraria que ellos requieren –responde (...)

"Hasta el momento no hay pruebas de que las instalaciones militares de Iguala tengan horno crematorio.

"Según el sitio de noticias Sin Embargo, el vocero del Ejército mintió al negar la existencia de crematorios en sus instalaciones, pues entre 2006 y 2013 ha incinerado, en sus propios servicios funerarios, a 674 personas (...)

"El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la Sedena ´encomienda los servicios funerarios y de incineración a una empresa privada. El local más cercano (al ataque contra los jóvenes) está en Cuernavaca´(...)

"Proceso usó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para pedir a las secretarías de Gobernación y de la Defensa que indiquen el nombre de la empresa que presuntamente otorga al Ejército esos servicios funerarios. Ambas dependencias negaron la información.

“´Es importante señalar que el sujeto obligado que pudiera poseer la información solicitada es la Secretaría de la Defensa Nacional”, se lee en la respuesta de Gobernación.

"La Sedena no respondió.

"Cuando se pidió a las unidades de transparencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Secretaría de Salud que dijeran cuáles empresas tienen autorización de usar hornos crematorios en el estado de Guerrero, ambas indicaron que responder esa pregunta no es de su competencia y cada una señaló que era responsabilidad de la otra (...)

"Al investigar otros posibles hornos crematorios donde hubieran podido ser cremados los normalistas, [al responsable del Semefo de Chilpancingo] se le pide más información sobre la funeraria de Acapulco con horno crematorio, apunta: “No sé. Con toda honestidad. Yo conozco nada más una sola funeraria que dicen que tiene incinerador. No la he visto. Le mentiría. No estoy seguro ni si siga esa funeraria con incinerador´(...)

"En la Sección Amarilla de Guerrero, en cambio, aparece que al menos ocho funerarias (la mayoría en Acapulco) tienen hornos. Una de ellas está en la acera de enfrente del Semefo de Chilpancingo."
El camino que sigue la periodista es tortuoso, muestra un valor a toda prueba y uno se pregunta: ¿por qué no interrogar también sobre el caso más obvio, el de Julio César?

“Tras la comparecencia de Murillo Karam, los padres de los normalistas aseguraron en rueda de prensa que, hasta que las autoridades no les ofrezcan pruebas científicas concluyentes, ellos consideran que sus hijos están vivos y que, por lo tanto, seguirán buscando hasta las últimas consecuencias, a pesar, dijeron, de que “el Gobierno pretenda hacer creer a la sociedad que los muchachos están muertos”.

“Los padres criticaron que la información dada a conocer por la PGR sobre unos restos calcinados hallados en Cocula, los cuales podrían ser de los jóvenes desaparecidos, carece de sustento científico y técnico.”

, una supuesta narcomanta, firmada por El Cabo Gil –lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos–, involucró con el narcotráfico a un “capitán Barbosa” y a un “teniente Crespo” del 27 Batallón.

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OJO Señalan que la policía municipal era prácticamente un brazo armado del grupo criminal Guerreros Unidos.

17 de octubre: 

Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, es capturado. Declaró que sólo fue informado de lo ocurrido con los estudiantes.

Declaraciones a base de torturas

12-13 EDICION MEXICO. CNN

En torno al caso del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, actas de la Procuraduría General de la República (PGR) prueban que al menos cinco de los supuestos integrantes de Guerreros Unidos detenidos y que declararon contra el exalcalde igualteco José Luis Abarca y contra las policías de Iguala y Cocula fueron previamente torturados por marinos y policías federales.

Anabel, Fisher

Porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pese a que contrario a lo que afirmó el Procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula, pese a los cual las fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes, sino que les brindaron protección.  

. De acuerdo con la PGR, los estudiantes fueron secuestrados y masacrados por el cártel Guerreros Unidos porque los confundieron con miembros de otro grupo criminal. Las policías municipales de Iguala y Cocula colaboraron con ellos.

31 de enero: María de los Ángeles, la verdadera jefa de Guerreros Unidos: PGR

PROCESO

En octubre, el fiscal general de México describió Pineda Villa como un "operador principal" de la actividad delictiva vinculada a uno de estos grupos más pequeños - Guerreros Unidos. La pandilla - que también elevó los ingresos mediante el asesinato, el secuestro y la extorsión - había apostado su reclamo al poder en 2012, dejando 10 cabezas cortadas fuera de un matadero. En los años que siguieron, el gobierno cobró cientos de miles de dólares cambiaron de manos entre la oficina de Abarca y Guerreros Unidos sobre una base regular - unos $ 45.000 de los cuales se destinaron a la policía municipal de Iguala, que estaban bajo el mando del primo de Abarca, Felipe Flores Velázquez . Presuntos vínculos criminales de Abarca eran casi único, sin embargo. En noviembre, el diario Milenio informó que otras once alcaldes de todo Guerrero estaban bajo escrutinio federal por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La pareja imperial también parecía disfrutar de una relación acogedora con el Ejército Mexicano. Abarca había abierto un dólar comercial de varios millones en Iguala en tierras parcialmente donado por el ejército. Los registros militares obtenidos por Proceso y revisados ​​por la intersección muestran que Ernesto y sus compañeros de clase partió de Ayotzinapa, dos miembros del 27o Batallón de Infantería del ejército - estacionado en Iguala, en parte, para combatir el crimen organizado - estaban dejando su base para asistir a la celebración organizadas por la esposa del alcalde.

OJO, OJO

Estado Mayor. Blog de información militar y seguridad nacional

El “sospechoso” batallón 27 de infantería

http://www.estadomayor.mx/48458

03 de noviembre del 2014

Cuántos de los más de 500 desertores que tuvo el ejército en Guerrero el sexenio pasado se convirtieron en “activos” de la delincuencia organizada? La respuesta no la tiene con precisión ni la secretaría de la Defensa Nacional ni la secretaría de Gobernación. Pero el incremento de la propaganda signada por probables desertores, el surgimiento de más evidencias de operaciones de “guerra sicológica”, y de testimonios que apuntan a una “extraña” actuación del ejército la noche en que 43 normalistas fueron secuestrados y desaparecidos, apunta a una probable corresponsabilidad en lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala.

México, 3 de noviembre.- La mañana del viernes 31 de octubre una manta colgada en la reja de la entrada a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, traía un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto. Algunos reporteros les llamó la atención que el texto estuviera colocado justo en ese punto de la carretera federal, entre las instalaciones del cuartel de la 35 zona militar y las oficinas de la policía federal en Chilpancingo.

El mensaje venía firmado por “Gil” a quien se le conoce como “el cabo Gil”, señalado por la PGR como lugarteniente de Sidronio Casarrubias, el líder detenido hace un par de semanas de la organización criminal “Guerreros Unidos”. El mensaje ponía énfasis en los llamados “factores de poder real”, sobre los que se sostiene la estructura política, económica y de seguridad a nivel regional del grupo criminal acusado de estar —junto el prófugo ex alcalde de Iguala—detrás de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El texto aseguraba, sin dar pistas ni aportar ninguna evidencia, que los jóvenes estaban con vida.

El “cabo Gil” está considerado por el gobierno federal como el autor material de la desaparición de los normalistas. Y como responsable de las operaciones de “Guerreros Unidos” en la zona, cuenta con información de socios en otros ámbitos, más allá de que estar señalado como enlace entre las policías municipales de Iguala y Cocula. Identificado por la PGR como “pieza clave” para dar con el paradero de los 43 estudiantes, en el mensaje dejo entrever que de nada servía la detención de Casarrubias pues la mayoría de los operadores de la organización seguían libres. Y condicionó su entrega a que se detenga al menos al 80 por ciento de los otros miembros destacados de la agrupación.

“Se le pide atención al caso Iguala de los estudiantes…”,decía en el mensaje, “dice que va a dar con los culpables, su policía no hace nada, donde están los directores de seguridad, los presidentes de los municipios coludidos con Guerreros Unidos siguen operando normalmente, en algunos de ellos agárrelos y no los suelten hasta ser bien investigados, no son pendejos para echarse la soga al cuello ellos solos (sic). Todos ellos recibían su nómina para desaparecer gente y secuestrar, cheque como también en todos los municipios hay fosas, le exigimos que capture a los culpables o que también está de acuerdo usted con ellos?” (sic).

Fuentes militares consultadas tras el hallazgo del mensaje, el cual a los pocos minutos fue retirado por personal de la Policía Federal, consideraron que quien ideó el contenido, aportó pistas de tres diferentes niveles en que se maneja la organización. El texto refiere que la organización la encabezan los hermanos Adán, Ángel y Sidronio Casarrubias, oriundos del municipio de Teloloapan. Y cita también a los hermanos Benítez Palacios, Osiel, Víctor Hugo, Mateo y Salvador, quienes formarían la parte operativa. Tras una serie nombres y apodos de otros integrantes, señalan a los empresarios ganaderos Rogelio y Federico Figueroa, éste conocido en la región como “el rey del jaripeo”, ambos familiares del cantautor Joan Sebastian, quienes presuntamente operarían la red financiera. La estructura política junto a la de seguridad quedó registrada por los alcaldes y directores de las policías municipales de ocho municipios del norte de Guerrero y uno del Estado de México además de un delegado del gobierno federal.

El texto refería que quienes apoyaban a la organización eran el presidente municipal de Taxco de Alarcón, el priista Salomón Majul González, junto a su secretario de seguridad Erubiel Salado; el de Ixtapan de la Sal, el perredista Ignacio Ávila Navarrete y el jefe de la policía Efraín Pedroza Flores; el hoy prófugo José Luis Abarca Velázquez, ex edil de Iguala y su operador policiaco Francisco Salgado Valladares; el alcalde de Huitzuco, el priista Norberto Figueroa Almazo; el de Tepecoacuilco, el panista Antonio Galarza Zavaleta; el de Cocula, el priista César Miguel Peñaloza Santana; el de Teloloapan, Ignacio Valladares Salgado; el de Apaxtla, Efraín Peña Damacio. Además de un funcionario federal, Héctor Vicario Castrejón, delegado de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu) en el estado.

Más adelante el texto señala a dos oficiales del 27 batallón de infantería, con cuartel en Iguala y jurisdicción en varios de los municipios señalados, a quienes identificó como el teniente Barbosa y el capitán Crespo, quienes estarían involucrados con la organización. “Ahí están sus nombres señor presidente de la república, ya que tenga un 80 por ciento detenidos de ellos (sic), yo me entregaré, menos no, y les diré tal y como fueron y son las cosas, y a lo que nos dedicamos, porque no nada más yo soy el culpable”, concluye la misiva signada por el “cabo Gil”.

“Sangría” de desertores

En julio del 2012, días después de las elecciones donde resultó electo Enrique Peña Nieto como presidente del país, el entonces comandante de la novena región militar, la cual comprende las dos zonas en que se divide Guerrero, hizo un balance de la situación del ejército en el estado durante el sexenio de Felipe Calderón. El general de división Guillermo Moreno Serrano decía, a escasos cuatro meses que concluyera el gobierno, que poco más de 500 efectivos —alrededor de un regimiento— habían desertado entre 2006 y 2012 en las nueve unidades operativas que dependían de la 27 y la 35 zona militar.

Para ese momento, mediados del 2012, el personal castrense resultaba insuficiente para combatir en la sierra a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Una de las unidades más afectadas era el batallón 93 de infantería con sede en Tlapa, y jurisdicción en la región de la Montaña, considerada el área de mayor producción de goma de opio y heroína, de donde se habían desertado 104 efectivos durante ese lapso.

Desde entonces el problema real es que no se sabe qué pasó con la mayoría de los desertores, explica al analizar los datos una fuente de la novena región militar. Uno de los batallones que perdió más efectivos, después de los 91 casos del 40 de infantería que estuvo hasta marzo pasado en Ciudad Altamirano, y tenía como área de responsabilidad la región de la Tierra Caliente —antes de ser cambiado a San Luis Potosí por estar infiltrado presuntamente por el narco—, fue el 27 de infantería de Iguala. En esa corporación se reportó que en seis años 79 militares se desertaron, en esa misma base está la sede de un batallón de fuerzas especiales, el cual tuvo 15 casos similares.

En aquel momento la preocupación del general Moreno Serrano, quien falleció meses después en octubre del 2013 por problemas de salud cuando se desempeñaba como Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, era la fuerza que habían adquirido las ocho organizaciones criminales con presencia en Guerrero. Decía que los siete mil soldados que sumaban las dos zonas militares, resultaban insuficientes para contener el avance y el control territorial que imponían las mafias no solo en los municipios considerados de alta densidad en cultivo, sino también en varios donde se daba el trasiego de droga, uno de ellos Iguala.

La fuente de la novena región militar dice que existen reportes de que varios de los desertores se unieron al crimen organizado. Algunos de ellos, no se sabe con precisión cuantos, tienen preparación especial en el uso de la información y tácticas de propaganda, guerra sicológica e infiltración de grupos enemigos. De alguno de estos rubros, añade, tomaron antecedentes para señalar a dos oficiales del batallón 27, probablemente oficiales del grupo de información, quienes “llegan a tener tan buena relación que terminan involucrados”.

Para los órganos de seguridad no pasó por alto que el remitente del mensaje en la lona, sea alguien que se identifique con el alias de “el cabo Gil”.

Apuntan al 27 de infantería

Los testimonios que apuntan a una “acción omisa o cómplice” de los soldados del batallón 27 de infantería, al mando del coronel José Rodríguez Pérez, se han multiplicado en las últimas semanas. A los relatos de los alumnos se han sumado el de profesores y padres de familia quienes cuestionan: ¿Por qué el ejército no ayudó a los estudiantes?

Una de las últimas versiones que se conocieron fue la de los familiares de los jóvenes que se refugiaron en un hospital privado, donde se les negó atención médica, y al que arribó un pelotón de militares quienes los obligaron a salir por la fuerza. Tras amagos y amenazas, los reprendieron por “revoltosos” y andar “de delincuentes”, acusación que los soldados usan con regularidad cuando de estudiantes normalistas se trata. De forma similar a lo ocurrido con el otro grupo de jóvenes que logró huir de la balacera de la noche del 26 de septiembre y llegó a las inmediaciones del zócalo de Iguala, éstos fueron fotografiados por los soldados, registraron sus nombres, y los engañaron al decir que les enviarían ayuda.

El pasado viernes representantes de los partidos que integran la comisión legislativa que investiga los hechos en Iguala contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, manifestaron que se acordó citar a una reunión al secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, para que explique el papel que tuvo el personal de la dependencia aquella noche. “Se prefigura que existe responsabilidad de los integrantes del 27 batallón de infantería desplegado en Iguala, tras las declaraciones de los jóvenes sobrevivientes que atestiguaron la noche del pasado 26 de septiembre la agresión de la policía municipal y de un grupo de sicarios”, dijo la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar.

Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD en la cámara de diputados, señaló que se exhortará a la PGR a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada que cite a comparecer a los mandos del 27 batallón de infantería de Iguala para que expliquen la actuación que tuvieron la noche que desaparecieron los 43 normalistas. El coronel Rodríguez Pérez, los jefes y oficiales del 27 batallón “algo tendrán que decir sobre los hechos escalofriantes de Iguala”, indicó. El legislador enfatizó que de confirmarse los testimonios de normalistas, padres de familia y testigos, que los soldados los golpearon y amenazaron en lugar de ayudarlos, implicaría complicidad de los militares con el crimen organizado. Esto sería “sumamente preocupante”, añadió, que al estar cerca de los hechos, los integrantes del batallón no se percataran lo que ocurría.

¿Cómo puede ser posible que corporaciones policiacas y civiles armados, delante de los militares, tiren cadáveres en fosas clandestinas sin que aparentemente se den cuenta? “Lo menos que uno puede plantear es que se tiene que revisar seriamente el papel de ese destacamento militar en la región, y en mi opinión, por lo que implica la gravedad de los acontecimientos en Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas, creo que los militares deben declarar”, señaló.

El legislador Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, declaró a varios medios que la comisión especial que investiga el caso de los estudiantes desaparecidos, presentó a la mesa directiva la propuesta para que se convoque al titular de la Sedena. El interés, explicó, es “profundizar en las omisiones del ejército en el caso del batallón 27. Es un tema que se ha dejado de lado, pero resulta de enorme trascendencia porque desde ahí se hacía inteligencia militar. Los soldados seguramente estaban informados desde antes de que sucediera la tragedia, pues esa es una zona de alto trasiego de drogas, innumerables actos de extorsión y multiplicación de la violencia”.

Juan Veledíaz

CONTINÚA