Capítulo I

I
Al amanecer del infierno que fueron las calles de Iguala, Guerrero, durante las sombras entre el 26 y 27 de septiembre, aparecen los restos, pues eso son y no el cuerpo sin vida, de Julio César Mondragón Fontes. Aparecen no se sabe bien a bien dónde, pues algunos frecuentes señalan cierta esquina sobre el Periférico, una anónima cruz indicará luego que estaba en un terregal a dos cuadras y tal vez nadie constató en verdad el hecho.

Hay incontables cosas así en la versión oficial de los hechos todos, dos o más veces corregida, y en la imaginación a la que obliga o permite. Cuando el 4 de octubre la Procuraduría General de Justicia del país atrae la investigación de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotnizapa que desaparecieron durante la jornada, sentencia en la práctica la de Julio César y sus cuatro compañeros caídos, dos de ellos muertos y uno más con lesiones que lo condenan a vivir en estado vegetativo. Los cinco casos inician el camino a un mayor o menos ostracismo.

Al Chilango, como sus condiscípulos llamaban a Julio, la cruel tortura en vida, que muy probablemente fue el motivo del fallecimiento, y la fotografía de su cadáver sin piel ni ojos circulando por el mundo entero, lo salvan del completo silencio. Lo hacen a pesar de los cuatro procesos penales distintos en un juzgado del fuero común, cuyo objeto, aparentemente, es borrar las huellas del o los responsables.

Ocho meses después, el 25 de mayo de 2015, Sayuri Herrera, la defensora de derechos humanos que apoya legalmente a la familia Mondragón Fontes, batalla para obtener los expedientes de los cuatro juicios. Lo hace en Iguala y no ante la Procuraduría General de Justicia (PGR) de la nación, que se niega a atraer el proceso de Julio y el de otros cuatro muchachos asesinados o heridos, mientras sostiene su absurda versión sobre las desapariciones, culpando a policías municipales y miembros de una mafia del crimen organizado, que asegura incineraron los cuerpos al aire libre para echarlos luego en fosas comunes.

Ante la imposibilidad de encontrar justicia en el país, como organizaciones internacionales advierten al gobierno de Enrique Peña Nieto, Sayuri y los familiares de Julio César presentarán su caso durante el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que convoca la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 26 de junio.

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Hacia las nueve y media de la mañana del día 27, la entrega al Servicio Médico Forense (Semefo) de los restos de Julio es el último evento que se conoce en la serie iniciada a las ocho de la noche en la Central Camionera de Iguala. Sabemos que los normalistas se separaron en dos grupos de autobuses. Que a uno de éstos lo persiguieron a balazos los municipales por la avenida Juan N. Álvarez, hasta el centro de Iguala, donde intentaron inútilmente detenerlo, dejando herido en la cabeza a Aldo Gutiérrez Solano, mientras recogían los casquillos percutidos. Que los muchachos en esos camiones pidieron ayuda a sus compañeros y a la Ceteg, dirigiéndose hacia el Periférico norte de la ciudad, donde reunidos con los demás informarían a la prensa. Que las y los periodistas llegaron y tras ellos la fuerza pública en un amasijo inexplicable, pues su primera línea la formaban hombres de negro encapuchados y la segunda era de patrullas. Que en dos momentos desde el frente y el borde exterior del Periférico se desató una brutal lluvia de disparos lanzada por armas largas y murieron Yosivany Guerrero y Daniel Solís Gallardo y Edgar André Vargas fue alcanzado en la boca, en el intento de escapar, y más allá los militares les hicieron el alto.

Lo sabemos ahora, tras el testimonio de los supervivientes, pues los diarios dieron un breve resumen. Ni una palabra sobre desaparecidos entonces, pues se pensaba que todos los estudiantes de quienes no había noticia marcharon a sus casas, al monte, adonde sintieran resguardo.

No imagino bien el ambiente de la ciudad después de actos sin paralelo en su historia desde la posrevolución, a pesar de que está muy acostumbrada a la violencia.

Los antecedentes inmediatos dieron comienzo el día 23, cuando los estudiantes fracasaron en el intento de completar la cantidad de autobuses que se requerían para el traslado de todos al Distrito Federal, donde con otras quince normales rurales participarían en la marcha del jueves de corpus, el 2 de octubre de 1971.

El fracaso fue en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado, que habitualmente se emplea para botear y tomar camiones, por reacción a las agresiones que sufre la Raúl Isidro Bustos, como se llama la Normal de Ayotzinapa, establecida en el municipio de Tixtla.

Un operativo de la Policía Federal cerró el paso a los a los estudiantes ese día 23, y por ello y por el constante patrujalle policial a continuación, el 25 los jóvenes eligieron otro punto, Huitzuco, a dos horas y media de Tixtla. Pudiendo hacerse sólo de otro par de unidades, el 26 no les quedó más que acudir al único otro centro urbano de la zona, Iguala, a dos horas de distancia.

Me detengo. No puede evitarse la suspicacia: si las autoridades del estado y la federación tienen conocimiento de lo planeado por los normalistas, ¿olvidan calcular la redirección de las actividades?; ¿no tienen protocolos para casos así? Se me viene a la cabeza esto y lo otro sobre los movimientos policiacos el 26-27 y lo que pareciera producto del azar ya no lo es tanto. Divago, nada más. A eso nos fuerzan la PGR al obcecarse con una “verdad histórica” que rechazan los expertos de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rigths Watch (HRW), otro organismo internacional, y el veedor de la ONU.

Otras muchas cosas avalan sobradamente mis dudas, comenzando por las conclusiones de la Comisión de la Verdad guerrerense, que al investigar el primer periodo de la guerra sucia tiene claro: desde fines de los años 1960 el Estado decidió que la política para la entidad debía pasar por las fuerzas armadas.

Las preguntas se sustentan también en muy profesionales estudios sobre diversas materias:

1.La ofensiva que a partir de 1997, cuando menos y de abierta manera, consecutivos gobiernos de la nación desataron contra las normales rurales, con el fin de desaparecerlas, respondiendo a un modelo mundial.

2.La represión económica y física que en lo particular se desata sobre la Raúl Isidro Bustos desde Xxxx xxx, y que tan cerca como 2011 dejó dos jóvenes asesinados.

3.El crecimiento de la violencia en el país al llegar la presidencia de EPN, a pesar de las promesas de campaña, que se maquilla con números cuya veracidad han hecho polvo la prensa independiente y la documentación confidencial de agencias estadounidenses.

4.Las investigaciones de académicos y periodistas sobre la historia y el presente de Guerrero, que revelan una madeja en la cual participa el crimen organizado, los caciques locales, las fuerzas públicas e intereses privados.

5. Los trabajos de expertos que revisan la evolución de la tortura y de los torturadores en América Latina en su conjunto, quienes ven allí una práctica no a-social sino demandada por el hipercapitalismo y así ideologizada. 

En ese cúmulo me apoyo al preguntar ahora y más adelante por la muerte o desaparición de Julio César y sus compañeros.

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“¿Qué clase de policía, qué clase de persona puede hacer algo así?", dice el propio día 27 un dirigente de la normal de Ayotzinapa, al mirar de nuevo la foto que de Julio César circula ya por todos lados*.

El 28 Marisa y Cuitlahuac, esposa y tío del joven llegan al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo. “Aguantaron estoicamente el impacto de reconocer un cuerpo tan bárbaramente torturado. Rindieron su declaración ante burócratas deshumanizados. El funcionario insistía en no agregar la observación de los familiares sobre las huellas de tortura. Mientras, otros empleados de la procuraduría estatal platicaban muy a la ligera sobre indemnizaciones. ´Llegaron a insinuar que podíamos pedir hasta tres o cuatro millones de pesos. No hicimos ningún caso. Solo queríamos llevarnos el cuerpo de mi sobrino”.

“Marisa Mendoza y el tío llegaron al Servicio Médico Forense de Chilpancingo el día 28. Aguantaron estoicamente el impacto de reconocer un cuerpo tan bárbaramente torturado. Rindieron su declaración ante burócratas deshumanizados. El funcionario insistía en no agregar la observación de los familiares sobre las huellas de tortura. Mientras, otros empleados de la procuraduría estatal platicaban muy a la ligera sobre indemnizaciones. “Llegaron a insinuar que podíamos pedir hasta tres o cuatro millones de pesos. No hicimos ningún caso. Solo queríamos llevarnos el cuerpo de mi sobrino”.

"¿Está segura que quiere verlo? Tiene que ser muy fuerte", insistían en preguntar los forenses a María. Sólo pudo reconocerlo por la ropa, como antes le sucedió a Lenin, el hermano menor de él: “La noche de la barbarie en Iguala (…) Julio le llamó a Marisa desde un celular prestado, pues había perdido el suyo. Eran las 21.42 pm. Le dijo que los estaban baleando. ´Por eso sabemos que no cayó en el primer ataque sino en el segundo´, afirma uno de sus tíos. En casa de los Mondragón, en Tenancingo, las horas siguientes fueron frenéticas. Cualquier versión que diera por vivo a Julio César era atesorada por la familia; cualquier posibilidad de certeza era puesta en duda. Hasta que el hermano pequeño de Julio llamó aparte al tío mayor. Mire tío, le enseñó la pantalla de su teléfono. Era la horrible fotografía”. 
Uno de sus compañeros recuerda que otro, Juan Ramírez, también alumno de primero, le contó su última conversación con Julio, a quien en la normal llamaban el Chilango, un momento antes del ataque de los encapuchados cubiertos por patrullas: “Me comentaba pues que él, al siguiente día, se iba a ir a su casa (…) porque no quería arriesgar su vida. Él decía que pensaba en su familia, pues, en su esposa, su hija. Que es lo que le importaba más.”

Un testimonio recreado reconstruye el ambiente en el momento: “Un zumbido vuelve a dejarme sordo momentáneamente. Alcancé a mirar un destello, una chispa. Por reflejo me tiro al suelo y ruedo hasta la banqueta. Atrás de mi esta una bodega aurrera. Frente a mí, el autobús que venía yo ya destrozado. Todos corren. Ahora recuerdo que también los reporteros gritan ´soy prensa´ y logran correr para otro lado. Quiero gritar ´soy prensa´ pero tal vez porque no soy, no grito. Sólo grito: ´somos estudiantes, no traemos armas´. Muchos gritan lo mismo. “Parece consigna ya. Veo botas y rodilleras; alcanzo a levantar la mirada y en la oscuridad de la lluvia veo cascos, coderas, chispas y ese maldito zumbido que hacen las balas al salir disparadas. Vuelve el maldito miedo. Le prometí a mi novia ´llegar bien y regresar bien´. No me muevo.

“Pienso en mi mamá. Pienso y lloro por y con ella. Veo luces cerquita de mis ojos que están pegados al piso. Son balas que hacen fricción en el suelo.” (2)

Los sicarios han abierto fuego, Julio intenta escapar con un grupo y, de acuerdo a un tercer testigo, a su lado cayó Yosivany Guerrero o Daniel Solís Gallardo, no precisa, y el Chilango siguió su carrera. “Se lo tragó la noche de Iguala”, escribe Arturo Cano, el periodista de La Jornada. 

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El rastro de xxxx, según su familia llama cariñosamente a Julio César, se pierde hacia las doce y media de la madrugada sobre la avenida Juan N. Álvarez, como se llama la principal de la ciudad, en recuerdo de un personaje histórico a quien conozco relativamente bien. Del muchacho y de Iguala, en cambio, sé muy poco, y no puedo reparar mi ignorancia sino gracias a otros, pues el apremio del tiempo es el factor común en el equipo que Sayuri Herrera organiza para ayudarla.

Las y los defensores de derechos humanos en el país están desbordados por miles de casos que acumula este reino de la injusticia. Otro tanto sucede al periodismo independiente familiarizado con los hechos, expuesto también, como aquéllos, a cualquier exceso del poder formal e informal.

No traté antes tampoco con el tipo de tortura a la cual Xxx es sometido tras desaparecer calle abajo y en principio me limito a la vaga información que del tema recogí escribiendo un libro sobre el Guerrero relacionado con la muerte de Digna Ochoa en 2001. En ella recibieron adiestramiento, al parecer, los cuerpos de élite militar creados a partir de 1994, participantes en la masacre de El Charco, y de cuyas filas saldrían quienes fundaron los Zetas y otros brazos ejecutores de los carteles.

¿Me desvío? No, cuando menos enteramente, porque todo se imbrica en este estado y en las horas del horror entre los días 26 y 27 por antonomasia desde ese septiembre de 2014.

Los forenses a quienes entregan el “bulto”, “le apreciaron múltiples contusiones en distintas partes” y determinaron como causa de muerte “un edema cerebral por múltiples fracturas de cráneo producidas por agente contundente”. ¿Por qué lo concluyen? El torso tiene múltiples contusiones y el rostro es el de la foto. ¿No advierten la posibilidad de la muerte por dolor, que profesionales independientes deducirán más tarde atendiendo al charco de sangre en torno a los restos que se retratan sobre la calle, por lo demás poco abundante, sugiriendo así que ese no fue el lugar donde lo torturaron, pues la desollinación rompe vías sanguíneas muy importantes?

Enseguida la fotografía se pone a circularan por el país y el resto del mundo. Nadie precisa su origen. ¿Quién la tomó? ¿Un ciudadano que quiere permanecer anónimo y lo habría encontrado antes que los soldados, en el punto señalado por éstos, muy cerca de donde se produjo el último encuentro de la jornada, durante la cual los normalista recibieron la lluvia de disparos lanzados por hombres (¿ninguna mujer?) con trajes negro y capuchas, que respaldaban las fuerza públicas y no pudieron pertenecer a Guerreros Unidos, considerando las afirmaciones de la PGR después? El joven padre corrió “hacia abajo”, hacia el interior de la ciudad, y los uniformados afirman que “el bulto” estaba sobre el Periférico mismo y en sentido opuesto a la carrera de Julio entre sus compañeros.

El paquete de dudas se lo aventarán a un policía municipal, responsable único de la obra, conforme a la Procuraduría.

"La práctica de la tortura y el maltrato, usado como castigo y como medio de investigación está generalizada –dice Juan Méndez, relator de la ONU en México-. Esta práctica se produce por varios factores. En la ley por una ausencia de definición de tortura. Y en la práctica por la costumbre de detener para investigar en lugar de investigar para detener.”
¿Qué información pudieron buscar el o los torturadores o torturadoras –especificar los género viene a cuento en casos como los de Iguala, cuyos hechos mayores permanecen en la oscuridad? Ninguna, a primera y segunda vista. ¿Se trata entonces de un castigo o un mensaje?, rasgo característico éste de la tortura exhibida, expuesta a la sociedad? 

El relator de Naciones Unidas, una verdadera eminencia en el tema, entrega después un diagnóstico sobre el juicio de la Procuraduría y al referirse a la tortura entiende a la perfección el contexto en que lo hace. Su informe coincide con observaciones previas de varios organismos internacionales: la tortura en México está generalizada y participan en ella toda clase de fuerzas policiales y ministeriales, el ejército y la armada, que gozan de la ‘‘tolerancia, indiferencia o complicidad’’ de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Este jurista argentino se inició como defensor de derechos humanos en su país tras la dictadura militar, y como uno de los mayores expertos mundiales sobre genocidio conoce a la perfección la realidad latinoamericana. La desollinación, sabe, es un método extremo de violencia, que precisa una destreza y una mentalidad producto de largo adiestramiento, y su práctica, condiciones físicas y herramientas muy especiales.
"La tortura no lleva ningún mensaje; por sí misma se convirtió en uno", escribe un periodista polaco refiriéndose a los Estados Unidos a partir sobre todo de la "lucha contra el terrorismo". Y de paso aclara que si en nuestro subcontinente torturar fue siempre un mecanismo del poder, antes se mantenía en secreto y durante los últimos tiempos hacen gala de él.
Cuando uno o más deciden dejar sin piel ni ojos la cara de Julio César, seguramente tienen considerado dónde mostrarán la obra, para que su efecto sea el que debe. 
La PGR debilita el mensaje al acusar a un policía municipal que actuaría además por iniciativa propia, en un rapto de monstruosa ira. ¿Sí? ¿No tiene clara conciencia de que nadie le creerá, mientras en México y la sociedad internacional queda impresa para siempre la imagen de los restos?
Lejos de desdibujar la esquela escrita por los torturadores, la completa como los regímenes totalitarios con que Juan Méndez está acostumbrado a tratar: no nos tentamos el corazón para quitarle la piel a opositores y somos universalmente impunes.  
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"...logró disfrutar plenamente de su paternidad durante 15 días. A fines de agosto, principios de septiembre, consiguió que en el internado guerrerense le dieran permiso de ir a Tlaxcala para poder visitar a su hija recién nacida. Pasamos los 15 días más felices de nuestra vida, dice su compañera Marisa Mendoza Cacahuatzin."
Así escribió Blanch Petrich en La Jornada, tras uno de sus primeros encuentros con la familia de Julio. Pedí al tío Cuitláhuac, que sirvió de figura paterna, a la propia Marisa y a Lenin, el hermano, hacer apuntes sobre el joven, porque contaban con tiempo para escarbar en la memoria y los dos primeros son maestros, el último se acerca a los niveles universitarios y podrían charlar en intimidad con Afrodita, la madre, los abuelos y el rsto de tíos. 
Incluyo sus trabajos más adelante y doy otra vez la palabra a Blanch, una periodista de larga trayectoria y sensibilidad. 
"En medio de la catástrofe humanitaria que significan 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, el caso de los seis asesinados, tres de ellos normalistas, tiende a diluirse en medio de la conmoción. En particular uno de ellos, el de un muchacho que murió bárbaramente torturado. Su joven viuda lamenta: Sí, Julio César está un poco olvidado, no solo por el gobierno sino en general, por la gente”.

Intenta explicar esta dolorosa invisibilización “por la manera en la que lo mataron. A la gente le aterra esa imagen. Cualquiera se aterroriza con sólo pensar que exista alguien capaz de hacer eso.

"Marisa, a sus 24 años, con su formación de maestra rural –egresada de la Normal Rural de Panotla, Tlaxcala—no rehúye esa palabra que invoca un tormento medieval, bárbaro. Ya fue capaz de reclamárselo en su cara al presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, en aquella crispada reunión del 29 de octubre. Le dije que le corresponde exigir justicia para todos, incluido mi esposo. Y le exigí que no se desentendiera de Julio César, porque a él lo desollaron vivo y esa es una tortura extrema. Y un crimen contra la humanidad, ante el cual el Estado tiene una responsabilidad muy clara”.

"La joven pedagoga está decidida a que Julio no caiga en el olvido, a reivindicar su memoria y a participar en la medida de sus fuerzas en el movimiento social que empieza a articularse y tomar fuerza a partir de Ayotzinapa. Es que en las normales rurales también nos enseñan a ser parte de las luchas sociales.

"Sola, con su niña Melissa Sayuri, Marisa cubre dos turnos en primarias del Distrito Federal, nueve horas de trabajo frente a un salón de clases, porque –dice—ahora me toca resolver sola el futuro de mi hija. Por lo pronto –las lágrimas corren por su cara— le estoy haciendo un baúl de recuerdos de Julio, con los regalitos que nos dimos, con nuestras fotos, que son bastantes, con las cositas que he escrito para él, para que cuando crezca la niña pueda saber quién fue su papá, un hombre extraordinario, valiente, que lo que más deseaba era tener una familia y que la amaba muchísimo.”

El joven y la familia resultan relativamente atípicos entre la comunidad de la Raúl Isidro Burgos, que reúne sobre todo a los sectores más golpeados del país nacidos en el propio Guerrero. La edad tampoco es común, pues la absoluta mayoría de los estudiantes recién ingresados, con diecisite o dieciocho años, permanecen solteros. 

Su infancia transcurrió en las áreas suburbanas del centro de nuestro país, donde hace tiempo las tradiciones indígenas desaparecieron y están influenciadas por las nuevas mentalidades. Julio, que pasó un tiempo en la ciudad de México, repetía en mayor o menor grado el comportamiento de los y las jóvenes, Marisa incluida, que las circunstancias exponen a las dudas sobre el futuro.  

Tenancingo está a una hora de Toluca y dos de ese monstruo en torno al Distrito Federal.
La propiedad de las tierras en común allí se hizo añicos desde la reforma al artículo 27 constitucional impuesta por el salinato, y que fuera de algunas zonas indígena-campesinas introdujo el individualismo, la venta de parcelas y la especulización con ellas.
Ser joven en el estado de México a partir de entonces se volvió esa suerte de caos traducido en la brutal atracción por los grandes centros urbanos y sus dudosas oportunidades, que hoy contribuye a la más alta tasa de feminicidios en el país y una de las mayores en la tierra. 
El ir y venir indeciso es el pan nuestro de cada día entre las y los muchachos mexiquenses, y Julio se sustraía parcialmente a ello por la raigambre campesina de su familia, formada por agricultores tradicionales y maestros rurales. 
En más de una ocasión tras la muerte, al Chilango se le atribuyen los peores motivos para su entrada a la normal de Ayotzinapa. Una vez dijeron que era agente del Cisen y otra, que pertenecía a la mafia Los Rojos, enemiga acérrima de Guerreros Unidos. Este último dicho prueba los extremos a los cuales puede llegarse en la estigmatización de quien es culpable de escapar a los estándares y morir en condiciones abominables.

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El 26 de febrero siguiente a los hechos, la Comisión Nacional de Seguridad informa que el día 25 la Policía Federal apresó a Luis Francisco Martínez Díaz, policía municipal de Iguala, como presunto asesino de Julio César, quien desde octubre gestionaba un amparo contra “la Policía Investigadora Ministerial del Estado y Elementos de la Policía Municipal ambos de esta Ciudad” de Iguala. El procedimiento llama la atención a primera vista porque la orden la da el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Federales del estado de Tamaulipas, dentro de una “orden de aprehensión en contra de diversos exfuncionarios de ese municipio”.

El motivo del aparente incompresible embrollo entre ámbitos judiciales, es que hay una segunda causa contra Martínez Díaz: delincuencia organizada. Al pertenecer a uno de los cuerpos policiacos más corruptos del país, el tamaulipeco, y relacionarse presuntamente con dos cárteles muy cruentos, ¿se presume fácil de vincular a las pequeñas mafias en torno a Iguala y Cocula, región natal del hombre, por cierto, y capaz de cualquier exceso, redondeando quién sabe cómo, entonces, la “verdad histórica” de la PGR?

En mayo el Cereso de Veracruz, adonde fue enviado, lo deja en libertad. 

*Hasta que no indique lo contrario, las citas proceden de reportajes de Marcela Tutati, Blanch Petrich y Arturo Cano, periodistas comprometidos sin reservas en el desenmascaramiento de las mentiras oficiales. A los tres pedimos permiso para emplear sus publicaciones. La suya, como la de cuantos tomamos materiales aquí, es una colaboración solidaria con las víctimas todas de ese 26-27.
1. Los Desaparecidos, John Gibler. The California Sunday Magazine. 
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