EL LIBRO, COMO ACLARA EL BLOG EN SU PORTADA, LO PUBLICARÁ LA BRIGADA PARA LEER EN LIBERTAD, A LA CUAL PERTENECE EL AUTOR.
El 16 de octubre se detiene a Sidronio Casarrubias, acusado de ser el líder de Guerreros Unidos y ordenar la desaparición de los cuarenta y normalistas. Las autoridades buscan a su presunto segundo, Gildardo López Astudillo, el cabo Gil. La versión oficial asegura que el primero dio instrucciones al otro de llevar a los jóvenes hasta una casa en Pueblo Viejo, Iguala, pues pertenecían a los Rojos, pequeño cartel enemigo y había que eliminarlos.
El 16 de octubre se detiene a Sidronio Casarrubias, acusado de ser el líder de Guerreros Unidos y ordenar la desaparición de los cuarenta y normalistas. Las autoridades buscan a su presunto segundo, Gildardo López Astudillo, el cabo Gil. La versión oficial asegura que el primero dio instrucciones al otro de llevar a los jóvenes hasta una casa en Pueblo Viejo, Iguala, pues pertenecían a los Rojos, pequeño cartel enemigo y había que eliminarlos.
Sidronio va a la cárcel, entonces, y la mañana del 31 del mismo mes cuelgan
una manta en una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, con mensaje
dirigido al presidente Enrique Peña Nieto. “Algunos reporteros les llamó la
atención que el texto estuviera colocado justo en ese punto de la carretera
federal, entre las instalaciones del cuartel de la 35 zona militar y las
oficinas de la policía federal en Chilpancingo”.
Las
líneas firmadas por Gil ponían "énfasis en los llamados ´factores de poder real´, sobre los que se sostiene la
estructura política, económica y de seguridad a nivel regional del grupo
criminal acusado de estar —junto el prófugo ex alcalde de Iguala—detrás de la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El texto
aseguraba, sin dar pistas ni aportar ninguna evidencia, que los jóvenes estaban
con vida”.
Y más decía: “Se le pide atención al caso Iguala de los
estudiantes… […] dice que va a dar con los culpables, su policía no hace nada,
donde están los directores de seguridad, los presidentes de los municipios coludidos con Guerreros Unidos siguen
operando normalmente, en algunos de ellos agárrelos y no los suelten
hasta ser bien investigados, no son pendejos para echarse la soga al cuello
ellos solos (sic). Todos ellos recibían
su nómina para desaparecer gente y secuestrar, cheque como también en
todos los municipios hay fosas, le exigimos que capture a los culpables o que
también está de acuerdo usted con ellos?
"Más adelante el texto señala a dos oficiales del 27 batallón de infantería, con cuartel en Iguala y jurisdicción en varios de los municipios señalados, a quienes identificó como el teniente Barbosa y el capitán Crespo, quienes estarían involucrados con la organización. ´Ahí están sus nombres señor presidente de la república, ya que tenga un 80 por ciento detenidos de ellos (sic), yo me entregaré, menos no, y les diré tal y como fueron y son las cosas, y a lo que nos dedicamos, porque no nada más yo soy el culpable´, concluye la misiva..."
Esta información puede comprobarse en otras fuentes. Uso la que ofrece una extraño espacio virtual: Estado Mayor. Blog de información militar y seguridad nacional, que no parece tener relación alguna con instancias oficiales. Para comprobar su fidelidad comparé con las de diversas publicaciones los números que en el propio artículo da sobre la deserción dentro de las fuerzas armadas en el estado, relacionándola con los carteles: "¿Cuántos de los más de 500 desertores que tuvo el ejército en Guerrero el sexenio pasado se convirtieron en ´activos´ de la delincuencia organizada?"
Lo hice buscando factibles profesionales en la tortura trabajando para las mafias de la región. No decían nada contundente si se considera que entre aquélla administración federal y la presente sucedió la ruptura de los grandes grupos delicuenciales. ¿O sí era ilustrativo? ¿Algún torturador de carrera pasó a Guerreros Unidos? ¿Por qué entonces se fabricó la causa contra el policía de Iguala? Bastaba continuar los argumentos de Murillo Karam, solidificándolos.
En razón a lo apuntado, y como con los cuarenta y tres normalistas cuyo rastro continúa buscándose, entre la prensa el asesinato de Julio César levanta preguntas sobre la posible participación del ejército. Es así ya desde los primeros indicios de que versión de la PGR miente, porque en la propia Iguala hay un antecedente muy próximo: seis jóvenes a quienes el primero de marzo del 2010 se secuestra en las afueras de un club nocturno.
En noviembre de 2011 Human Rigths Watch (HRW) presenta el informe Ni seguridad, ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura “en la guerra contra el narcotráfico” de México, sobre la violación de derechos humanos en cinco entidades. Uno de los casos que se trata es la desaparición de seis jóvenes a quienes se secuestra la madrugada del primero de marzo del 2010 en las afueras de un club nocturno de Iguala. El organismo concluye: “existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad donde se observan vehículos militares que intervienen en el secuestro, el testimonio de un testigo y una denuncia oficial que indican la presencia de soldados en el lugar de los hechos, y declaraciones del Ejército en las cuales reconocen haber efectuado una redada esa noche”.
Los militares involucrados forman parte del 27 Batallón de Infantería. Nadie hasta ese momento fue llevado ante la justicia y las víctimas siguen sin aparecer, denuncia HRW.
“Tanto la Sedena como la Policía Municipal reconocieron algún tipo de contacto con el incidente. La SEDENA informó que en la época en que se produjo el supuesto secuestro recibió una denuncia anónima de que ´varios sujetos encapuchados y con armas de fuego´ habían sido vistos en las proximidades del establecimiento”, agrega el documento, y concluye: “dadas las contundentes pruebas que indican la participación de soldados en las desapariciones, la negativa a investigar el caso resulta sumamente preocupante”.
Para las fuerzas armadas del país en general, hace las siguientes recomendaciones sobre la tortura:
Esta información puede comprobarse en otras fuentes. Uso la que ofrece una extraño espacio virtual: Estado Mayor. Blog de información militar y seguridad nacional, que no parece tener relación alguna con instancias oficiales. Para comprobar su fidelidad comparé con las de
"Más adelante el texto señala a dos oficiales del 27 batallón de infantería, con cuartel en Iguala y jurisdicción en varios de los municipios señalados, a quienes identificó como el teniente Barbosa y el capitán Crespo, quienes estarían involucrados con la organización. ´Ahí están sus nombres señor presidente de la república, ya que tenga un 80 por ciento detenidos de ellos (sic), yo me entregaré, menos no, y les diré tal y como fueron y son las cosas, y a lo que nos dedicamos, porque no nada más yo soy el culpable´, concluye la misiva..."
Esta información puede comprobarse en otras fuentes. Uso la que ofrece una extraño espacio virtual: Estado Mayor. Blog de información militar y seguridad nacional, que no parece tener relación alguna con instancias oficiales. Para comprobar su fidelidad comparé con las de diversas publicaciones los números que en el propio artículo da sobre la deserción dentro de las fuerzas armadas en el estado, relacionándola con los carteles: "¿Cuántos de los más de 500 desertores que tuvo el ejército en Guerrero el sexenio pasado se convirtieron en ´activos´ de la delincuencia organizada?"
Lo hice buscando factibles profesionales en la tortura trabajando para las mafias de la región. No decían nada contundente si se considera que entre aquélla administración federal y la presente sucedió la ruptura de los grandes grupos delicuenciales. ¿O sí era ilustrativo? ¿Algún torturador de carrera pasó a Guerreros Unidos? ¿Por qué entonces se fabricó la causa contra el policía de Iguala? Bastaba continuar los argumentos de Murillo Karam, solidificándolos.
En razón a lo apuntado, y como con los cuarenta y tres normalistas cuyo rastro continúa buscándose, entre la prensa el asesinato de Julio César levanta preguntas sobre la posible participación del ejército. Es así ya desde los primeros indicios de que versión de la PGR miente, porque en la propia Iguala hay un antecedente muy próximo: seis jóvenes a quienes el primero de marzo del 2010 se secuestra en las afueras de un club nocturno.
En noviembre de 2011 Human Rigths Watch (HRW) presenta el informe Ni seguridad, ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura “en la guerra contra el narcotráfico” de México, sobre la violación de derechos humanos en cinco entidades. Uno de los casos que se trata es la desaparición de seis jóvenes a quienes se secuestra la madrugada del primero de marzo del 2010 en las afueras de un club nocturno de Iguala. El organismo concluye: “existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad donde se observan vehículos militares que intervienen en el secuestro, el testimonio de un testigo y una denuncia oficial que indican la presencia de soldados en el lugar de los hechos, y declaraciones del Ejército en las cuales reconocen haber efectuado una redada esa noche”.
Los militares involucrados forman parte del 27 Batallón de Infantería. Nadie hasta ese momento fue llevado ante la justicia y las víctimas siguen sin aparecer, denuncia HRW.
“Tanto la Sedena como la Policía Municipal reconocieron algún tipo de contacto con el incidente. La SEDENA informó que en la época en que se produjo el supuesto secuestro recibió una denuncia anónima de que ´varios sujetos encapuchados y con armas de fuego´ habían sido vistos en las proximidades del establecimiento”, agrega el documento, y concluye: “dadas las contundentes pruebas que indican la participación de soldados en las desapariciones, la negativa a investigar el caso resulta sumamente preocupante”.
Para las fuerzas armadas del país en general, hace las siguientes recomendaciones sobre la tortura:
"La SEDENA y la SEMAR
deberían dictar resoluciones que instruyan a todos sus subordinados que
pongan inmediatamente a los detenidos a disposición de agentes del Ministerio
Público del fuero ordinario. Las resoluciones deberían dejar en claro que los militares nunca
deben interrogar a los detenidos y que en ningún caso los detenidos deben ser
retenidos en bases militares.
"• Los agentes del
Ministerio Público militar deben transferir automáticamente a los agentes del
Ministerio Público del fuero ordinario todos los casos actuales y futuros en los cuales miembros
del Ejército sean acusados por civiles de tortura o de tratos crueles, inhumanos o
degradantes."
De las fuerzas públicas en su conjunto encuentra: "los presuntos delincuentes son detenidos arbitrariamente, muchas veces, con el pretexto de ser sorprendidos en el momento de la comisión de un delito (en flagrancia). Luego, en las horas o los días posteriores a haber sido detenidos y antes de ser puestos a disposición de agentes del Ministerio Público, los detenidos ´desaparecen´.
"Son mantenidos incomunicados y privados de cualquier contacto con abogados y familiares, habitualmente en bases militares, estaciones de policía o centros de detención clandestinos. Durante este período, los detenidos suelen ser torturados con el objeto de obligarlos a proporcionar información y a ofrecer confesiones por la fuerza, y a menudo estas confesiones sirven luego para justificar su detención arbitraria."
En resumen, la organización patentiza que hechos como los ocurridos el 26-27 de septiembre en Iguala son práctica común de policías y militares mexicanos.
Se "comprueba que en Guerrero no hay justicia posible para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y que los órganos de procuración e impartición de justicia aseguran impunidad a quienes delinquen desde el poder”. Estas palabras de la organización de derechos humanos Tlachinollan“ no se pronuncian tras el 26-27 de septiembre sino en abril de 2013, cuando un juez federal exonera de cargos a los dos únicos detenidos por el asesinato de dos estudiantes de la propia normal de Ayotzinapa muertos en una acción en la cual participaron más de trescientos policías estatales, federales y ministeriales, frente a la caseta de la Autopista del Sol en Chilpancingo.
De las fuerzas públicas en su conjunto encuentra: "los presuntos delincuentes son detenidos arbitrariamente, muchas veces, con el pretexto de ser sorprendidos en el momento de la comisión de un delito (en flagrancia). Luego, en las horas o los días posteriores a haber sido detenidos y antes de ser puestos a disposición de agentes del Ministerio Público, los detenidos ´desaparecen´.
"Son mantenidos incomunicados y privados de cualquier contacto con abogados y familiares, habitualmente en bases militares, estaciones de policía o centros de detención clandestinos. Durante este período, los detenidos suelen ser torturados con el objeto de obligarlos a proporcionar información y a ofrecer confesiones por la fuerza, y a menudo estas confesiones sirven luego para justificar su detención arbitraria."
En resumen, la organización patentiza que hechos como los ocurridos el 26-27 de septiembre en Iguala son práctica común de policías y militares mexicanos.
Se "comprueba que en Guerrero no hay justicia posible para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y que los órganos de procuración e impartición de justicia aseguran impunidad a quienes delinquen desde el poder”. Estas palabras de la organización de derechos humanos Tlachinollan“ no se pronuncian tras el 26-27 de septiembre sino en abril de 2013, cuando un juez federal exonera de cargos a los dos únicos detenidos por el asesinato de dos estudiantes de la propia normal de Ayotzinapa muertos en una acción en la cual participaron más de trescientos policías estatales, federales y ministeriales, frente a la caseta de la Autopista del Sol en Chilpancingo.
Esta información puede comprobarse en otras fuentes. Uso la que ofrece una extraño espacio virtual: Estado Mayor. Blog de información militar y seguridad nacional, que no parece tener relación alguna con instancias oficiales. Para comprobar su fidelidad comparé con las de
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