Una guerra sucia de medio siglo

EL LIBRO, COMO ACLARA EL BLOG EN SU PORTADA, LO PUBLICARÁ LA BRIGADA PARA LEER EN LIBERTAD, A LA CUAL PERTENECE EL AUTOR. 
En 2012 y con vida de dos años y medio, por presión de las organizaciones de derechos humanos y otras instancias sociales, en Guerrero se establece una Comisión de la Verdad sobre la primera etapa de la Guerra sucia en el estado, entre 1969 y 1979.

Primera o incluso segunda etapa, sugieren los seis miembros del organismo, pues la historia inició con la matanza del 30 de diciembre de 1960, en la que murieron alrededor de diecisiete personas, y continúa hasta hoy. Sus hitos son las masacres en Aguas Blancas y el Charco y los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, clímax del proceso, considerando que los hechos se producen por primera vez en una gran ciudad, a la vista de todos los medios tradicionales y alternativos.

En aquél 1960 la entidad era la más pobre del país, dice la ComVerdad siguiendo los criterios del México que desde veinte años antes experimenta una industrialización a marchas forzadas y se reconoce milagroso por el grado y la constancia del desarrollo económico, cuyas cifras superan incluso uno de los crecimientos poblacionales más extraordinarios en los anales de la humanidad, pues entre 1940-1980 multiplicará por cuatro el número de habitantes, invirtiendo la relación campo-ciudad: de 75-25 a 80-20.

“El 74.25% de la población era rural y el 25.75% urbana, en contraste con el promedio nacional donde el 50.7% de la población vivía en ciudades” distribuida en 4347 poblaciones y 16 ciudades. El “93% de las viviendas […] no tenían agua corriente y solamente el 23.5% contaban con luz eléctrica”(1).

Para entonces la historia guerrerense es muy rica en cuanto a evolución de las identidades indígenas, caciquismo, marginalidad, revueltas sociales, violencia del poder contra el pueblo. Mal le pagaron a su gente, por ejemplo, ser la gran plataforma y refugio de la insurgencia independentista, animando a las comunidades a tomar las armas una y otra vez para defender sus tierras y su autonomía, en regiones que geográficamente cerca de la capital nacional continuaban considerándose muy apartadas.

La Revolución recicla a los caciques que para entonces llevan un siglo reinando en estas tierras y negocian o se confrontan con el pueblo, quien sostiene viejas y nuevas demandas, a veces recuperando la herencia zapatista y particularmente esperanzadoras en el cardenismo.

La lucha de Rubén Jaramillo en Morelos sirve de referencia en el estado, que conserva su dinámica y a principios de los años sesenta crea con Genaro Vázquez Rojas la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), un movimiento amplio y muy interesante, que en 1961 contribuye a la desaparición de poderes en la entidad y así la caída del gobernador. Disputa luego las elecciones y el fraude en su contra apoyado por el ejército parece adelantar las palabras de la secretaría de la defensa que hemos escuchado.

Confluyendo en tales y cuales momentos con el Frente Zapatista de Chilpancingo, la Coalición de Fuerzas Populares, las Vanguardias Revolucionarias, la ACG se convierte entonces en proyecto nacional revolucionario y en 1967 la Masacre de Atoyac contra el Frente de Defensa de los Intereses de la Escuela Juan Álvarez, encabezado por Lucio Cabañas contra la dirección de la propia escuela y cinco presidencias municipales, en la cual mueren cinco personas, una de ella embarazada, decide a ambos a la formación del Partido de los Pobres.

Como en todo el sur y las serranías del centro del país, las comunidades indígenas guerrerenses continúan conservando sus costumbres adaptándolas a las exigencias exteriores, en especial entre los naa savi o mixtecos y los me’e phaa o tlapanecos, y así su población crece desde 1930 y seguirá haciéndolo a ritmo sólo un poco menor a la nacional. Forma parte del proceso que convierte a los pueblos originarios en el núcleo campesino de conocimiento y defensa de los recursos naturales, cuyo ejemplo aparece hoy como una alternativa de futuro para el país. Milpa, la llama el propio Armando Bartra en un libro colectivo donde participan significativas organizaciones rurales:

“Los campesinos son diversos como diversa es la naturaleza que los arropa. Diversos en su forma de trabajar, de convivir, de ver el mundo, de nombrar las cosas, de celebrar... Y esta diversidad es su orgullo, su patrimonio, su riqueza.

“Y pese a que la cada vez más profunda inserción en el mercado, las nuevas tecnologías y el cambio de las costumbres favorecieron el monocultivo y la especialización, los pequeños agricultores y algunos medianos mantuvieron en alguna medida la pluriactividad. Polifonía que es a la vez un gusto ancestral por lo variado y una estrategia de sobrevivencia (…)

“Premeditada o inconsciente, la preservación familiar y comunitaria de la diversidad virtuosa ha sido una forma de resistir los embates de un orden emparejador que al uniformar desocializa, debilita y somete.”

De eso forma parte la mayoría de la población de la Montaña y la Costa Grande de Guerrero, que protege así la riqueza natural y la biodiversidad, no importa cuánto la compelan hace mucho las narcoempresas, en un tema que volveremos a tratar. Seguro por ello los sistemáticos, brutales golpes que recibe, agudizados en la etapa más voraz del capitalismo.

Tal necia lealtad a sí misma, y no sólo la pobreza, es lo que explica la tradición de lucha que en 1974 lleva a reconocer al secretario de la defensa nacional: “el ejército ha tenido que absorber los problemas para poder garantizar en la medida de sus posibilidades la tranquilidad del sector rural”. O lo que es lo mismo: el Estado encontró solución a los conflictos en estas tierras por la vía militar.

La ComVerdad resume la etapa de la guerra sucia a cuya investigación queda reducida “Se acredita que a partir de 1971 (…) especialmente en las regiones Centro, Costa Grande y Costa Chica existió represión masiva y sistemática, que implica una suspensión de facto y de manera indefinida de las garantías de los artículos (…) constitucionales que protegen las garantías de integridad física, legalidad, de libertad personal, el libre desplazamiento o movilización, y las garantías en el proceso; lo que implicó un estado de excepción (Una situación en la cual se suspende el orden jurídico…)”

En todos los casos revisados, la Comisión encontró que al apresarla “la víctima estaba a merced del victimario en circunstancias que no requerían siquiera el uso de la fuerza” y a ésta se empleó a pesar de todo, en un “contexto antidemocrático, autoritario, bajo condiciones en las que las fuerzas de seguridad y en especial el ejército contaban con facultades ilimitadas”. Se trata en su totalidad, de acciones punitivas contra población civil en actitud pacífica durante su detención o en cualquier momento pues la mayoría de los afectados no pertenecen a la guerrilla.

“Sobresale el caso de la ejecución de los Piloncillos, Municipio de Atoyac, donde en abril de 1973 el ejército llegó por la mañana, los soldados sacaron a los hombres de sus casas y los llevaron a la cancha, los soldados ejecutaron a Saturnino Sánchez, Margarito Valdez, Santos Álvarez, Cescencio Reyes Díaz, Toribio Peralta Rivera y Eliazar Álvarez de 16 años.”

“Existen los elementos de convicción para asegurar que el Estado mexicano, en especial la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) conocen el destino final de todas y cada una de las personas desaparecidas en la guerra sucia en el Estado de Guerrero, puesto que tanto de los testimonios de las personas sobrevivientes y testigos de los hechos, como de los documentos consultados en el AGN se sabe que el ejército y los cuerpos de seguridad federales y locales llevaban un registro de las personas a ubicar, localizar,detener o exterminar y de las personas que ingresaban a las instalaciones militares.30 La gran mayoría de las personas detenidas eran llevadas a instalaciones militares o cárceles clandestinas. Hubo un gran número de personas, incluso menores de edad, transladadas al Campo Militar No. 1 y algunas de ellas permanecieron ahí solamente por ser familiares de líderes guerrilleros, en especial Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.31 16

“Por ejemplo, en un informe de la DFS del 9 de septiembre de 1972 se indica que “seis detenidos que se encuentran en la 27 zona militar han sido interrogados por el Agente del Ministerio Público federal, Wilfrido Ortiz Melgarejo, y “a pesar del trato que se les ha dado insisten en su inocencia”, ese informe indica que a petición del general Joaquín Solano Chagoya se llevaron a diez de los detenidos de la prisión donde se encontraban a la 27 zona militar y hasta ese momento no habían regresado a la prisión.” (p.15 y 16)

“Se dan casos en los que una persona es objeto de desaparición forzada pero tiempo después es puesta a disposición de la autoridad judicial o recobra su libertad (…) En la definición de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, no se establece el término para considerar la privación de libertad de la persona como desaparición forzada.” (p.17)
“La violación a sus derechos a la integridad física y al debido proceso, se acreditan también con los documentos consultados en el AGN. Por ejemplo, en un informe de la Dirección Federal de Seguridad existe una relación de las personas que fueron detenidas con motivo de las emboscadas del Partido de los Pobres al Ejército del 25 de junio y el 23 de agosto de 1972, y posteriormente consignadas al juez (El cálculo de la DFS de personas a detener por esos hechos eran 368 personas entre detenidos y prófugos). La consignación se realizó en diferentes fechas y ´a partir del día cuatro de octubre de 1972 por pequeños grupos debido a la petición hecha por el C. Juez de Distrito en el Estado debido a que por sus limitaciones no le fue posible practicar las diligencias en el término establecido por la ley´. Es decir, ese procedimiento desde su inicio careció de los requisitos de Ley en violación a sus derechos, pues las personas detenidas no fueron consignadas inmediatamente ante el juez y tampoco el juez cumplió en términos de la ley, no obstante que el juez tenía la obligación de tomar las acciones pertinentes o solicitar de otros jueces el apoyo para cumplir con las disposiciones constitucionales relativas al debido proceso.” (p.18-19) 

En esta etapa “la Suprema Corte de Justicia aceptaba que la policía tomara declaraciones, no consideraba violatorio de los derechos la mala actuación de la defensa de la persona acusada. La confesión bajo tortura era tolerada y se consideraba válida bajo el argumento de haber sido la primera declaración y realizada ´sin aleccionamiento”. (p.22) 

Esta historia fue contada por Carlos Montemayor en una de las grandes obras de la literatura mexicana: La guerra del paraíso. Algunos la tienen por novela y se trata de una crónica que el escritor documentó paso a paso, sin faltar la reconstrucción de diálogos entre altos personajes del poder. 

Se registra en ella una práctica particularmente sobrecogedora, que la ConVerdad certifica también. 

En una expediente “se encuentra la declaración de Gustavo Tarín, quien formó parte del grupo de información de inteligencia de la policía militar dirigido por el general Quiroz Hermosillo, integrado por 100 elementos de la Policía Militar y 40 civiles.” En un momento el alto mando del ejército en la zona lo nombra “Director de Protección y Seguridad Pública del Estado de Guerrero y Subdirector de la Policía Judicial del Estado de Guerrero encargado de las dos costas, y quedó a cargo de la lucha contra la guerrilla”. Según él “de 1974 o 75 a 1981 detuvieron a cerca de 1500 personas, a las que sometían a investigación e interrogatorios en los separos de las oficinas de Policía y Tránsito de la ciudad de Acapulco, Guerrero, que conocían como ´el Metro´, porque era un espacio muy reducido. Que a esas oficinas se presentaban, por encargo del entonces Gobernador Rubén Figueroa Figueroa, varios agentes del Ministerio Público del fuero común para conversar con los detenidos y saber si deseaban amnistiarse (…) Si los detenidos no aceptaban la amnistía, se les llevaba a la Base Militar Pie de la Cuesta. Los guerrilleros, atados y vendados, eran (…) conducidos uno a uno hasta el banquito de fierro que conocían como ´El banquito de los acusados´, y ya en este lugar, se les sentaba con la creencia que los iban a fotografiar.” Una vez allí eran ejecutados por los mandos supremos “con un disparo en la nuca con una pistola calibre 380, que tenía adaptado un “moflecito” (un silenciador). Inmediatamente después se les colocaba sobre la cabeza una bolsa de nailon que se les ataba al cuello para evitar que quedaran rastros de sangre. Siempre se usó la misma pistola, por lo que la bautizaron como ´la espada justiciera´.

“Realizado este procedimiento, generalmente eran 14 0 16 personas, se colocaban dentro de costales de yute, se le ponían unas piedras y se cosían, para después ser transportados en carretilla hasta el avión Arava del Ejército Mexicano que se colocaba en la pista (…) y los conducían a un lugar conocido como ´la Costa de Oaxaca´, por lo que la operación era conocida entre ellos como ´vuelos a Oaxaca´. Había ocasiones en que el avión Arava hacía 3 ó 4 vuelos en una sola noche, aproximadamente de diez de la noche a las cuatro o cinco de la madrugada, para llevar a los cadáveres hasta la costa de Oaxaca. Así fueron ejecutadas o desaparecidas más de 1500 personas.” 
A un mecánico de aviones se “le gravó que en algunas ocasiones se dio cuenta que el personal que supuestamente estaba muerto todavía iba vivo, agonizante y después los tiraban al mar sin que fuera un lugar exacto, pero para tirar los cuerpos al mar el avión bajaba casi a nivel del mar (…) Durante su comisión se trasladó de 120 a 150 cadáveres, pero habría que checar en la bitácora pues podían ser cinco seis, siete, máximo ocho personas cada ocasión”. De acuerdo a este testimonio las personas “eran de todos los lugares, también de buena situación económica, ingenieros, doctores del pueblo, licenciados, de todo tipo. Cuando eran mujeres les ofrecían que si tenían sexo, al llegar a Guerrero las dejarían en libertad y en su caso a los esposos. En algunas ocasiones aceptaron pero nunca, que él viera, las liberaron.”

Resume la ComVerdad: 

"Se acredita que a partir de 1971, en el Estado de Guerrero, especialmente en las regiones Centro, Costa Grande y Costa Chica existió represión masiva y sistemática, que implica una suspensión de facto y de manera indefinida de las garantías de los artículos [...] constitucionales que protegen las garantías de integridad física, legalidad, de libertad personal, el libre desplazamiento o movilización, y las garantías en el proceso; lo que implicó un estado de excepción (Una situación en la cual se suspende el orden jurídico…
"De los testimonios recabados se obtuvo información principalmente sobre ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, desapariciones forzadas transitorias y desplazamientos. Fueron raros los casos de detenciones arbitrarias o tortura que no estuvieran relacionadas con desaparición forzada, pues la casi totalidad de las personas que señalaron que sufrieron detención arbitraria o tortura fueron víctimas de desaparición forzada transitoria."(3)

En todos los casos revisados la Comisión encontró que al apresarla “la víctima estaba a merced del victimario en circunstancias que no requerían siquiera el uso de la fuerza”, en un “contexto antidemocrático, autoritario, bajo condiciones en las que las fuerzas de seguridad y en especial el ejército contaban con facultades ilimitadas”. Se tratan siempre de acciones punitivas contra población civil en actitud pacífica durante su detención y mayoritariamente en cualquier momento pues no forma parte de la guerrilla.

“Sobresale el caso de la ejecución de los Piloncillos, Municipio de Atoyac, donde en abril de 1973 el ejército llegó por la mañana, los soldados sacaron a los hombres de sus casas y los llevaron a la cancha, los soldados ejecutaron a Saturnino Sánchez, Margarito Valdez, Santos Álvarez, Cescencio Reyes Díaz, Toribio Peralta Rivera y Eliazar Álvarez de 16 años.” 
CONTINUA