jueves, 14 de mayo de 2015

En voz alta

EL LIBRO, COMO ACLARA EL BLOG EN SU PORTADA, LO PUBLICARÁ LA BRIGADA PARA LEER EN LIBERTAD, A LA CUAL PERTENECE EL AUTOR. 
Advertimos que como en Hiroshima mi amor, la gran película francesa, este libro se dice repetidamente: Tú no has visto nada, nada. Lo hace por respeto a una de las mayores tragedias en nuestra historia moderna, que derrama el vaso donde se acumulan tres décadas de terribles infamias. Y lo hace también porque está escrito en el perentorio plazo al cual fuerzan las condiciones, buscando justicia para un hombre muerto de la peor forma concebible, quien no puede hallarla en sus tierras y debe apelar a los tribunales mundiales con fecha fija: 26 de junio de 2015, Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
El caso de Julio César es parte del terrible drama colectivo y al reunir información sobre él topo forzosamente con el resto de los eventos entre el 26 y el 27 de septiembre. Las preguntas en torno a la jornada toda resultan inevitables y confirman la consigna que nació tras ella: fue el Estado. Nuestro trabajo, apoyado en el de muchos periodistas y expertos en distintas materias, de ambos géneros, intenta demostrarlo y al mismo tiempo debe evitar afirmaciones que en apariencia obvias no se han comprobado.
El miedo me acompaña mientras reúno y organizo la documentación, reconozco, pues aquéllas horas y la respuesta dada desde entonces por las autoridades de los tres poderes y los tres niveles de gobierno, tiene en común la defensa de la impunidad a cualquier costo. Así hasta el más modesto nuevo elemento que el libro aporte con la ayuda de Sayuri Herrera y la familia de Julio, lo visibiliza ante poderes formales e informales cuya reacción a las cuarenta y tres desapariciones, los seis asesinatos consumados y el virtual de Aldo Gutiérrez Solano, no es de comedimiento sino de arrojo, al menos hasta donde alcanza la vista de la ciudadanía.
En la madrugada del 6 de enero siguiente se produce en Apatzingan, Michoacán, lo que las averiguaciones de la prensa y los organismos de derechos humanos califican de “crimen de lesa humanidad”, cometido contra dieciséis personas, a partir de un plantón de autodefensas legalizadas, que en la plaza central exigían se desarticulara el cártel de Los caballeros templarios. El grupo de autodefensa denunciaba de paso que “las fuerzas militares estuvieron impidiendo su avance”.
“La versión oficial fue que hubo un desalojo y un supuesto fuego amigo entre un grupo determinado" cuenta la periodista Laura Castellanos, quien sustentada en cuarenta y cuatro testimonios muy plurales y seis actas de defunción prueba que “Policías Federales cometieron ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados”, disparando al menos contra algunos de ellos a quemarropa con “balas expansivas”.
Por razones no bien definidas, se tiene la impresión de que el 26-27 de septiembre reimpulsó el proyecto de Mando Único Policial, que estaba en el semiabandono.
Hay un organismo civil convencido de que la propuesta presentada por el Ejecutivo en noviembre pasado, para terminar con las policías municipales, es una buena respuesta a acontecimientos como los de aquéllos días. ¿Es una buena respuesta?
Para E. Buscaglia el Mando Único conduce a una "mafia única". Acierte o no el especialista, las muertes y desapariciones de los normalistas dan al trate hasta ahora con la pretensión de que la justicia federal es más confiable que la de los municipios. Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que son coadyuvantes en el proceso, echaron por tierra la "verdad histórica" de la PFP sobre un tema nodal: las presuntas incineraciones en las cercanía del Río San Juan. A mediados de mayo ellos mismos confirman que los tres miembros de Guerreros Unidos a quienes se acusa de la autoría material de los hechos afirman que sufrieron tortura.
Sumemos la negativa a reconocerse culpable, del policía municipal sentenciado a todas luces arbitrariamente por el desollinamiento de Julio César, y va prefigurándose un cuadro donde las fuerzas públicas locales resultan protagonistas de segunda línea.
En Apatzingan los que cometen crímenes de lesa humanidad son PFs y en Iguala se documenta la presencia de agentes de la misma corporación en los momentos más delicados.
En todo caso, ¿por qué se desaparece a sus cuarenta y tres condiscípulos y los restos de Julio reposan, durante quién sabe si horas o minutos, sobre el Periférico de la ciudad, cerca de donde lo vieron por última vez? No fue asesinado allí, es seguro por multitud de razones, y llama poderosamente la atención que el cadáver se exponga. Los responsables entienden por fuerza el impacto nacional, al menos, de esa macabra imagen, de la cual, digamos de paso, toma registro sólo una cámara, hasta donde hay conocimiento. ¿Los secuestros y la tortura hasta el fallecimiento son obras por aparte? ¿Por ello la falsa acusación al policía hoy preso: de unos quedan encargados los narcos y la otra, cometida en soledad, según la PFP, responde a la ira de individuo cuyas abominables artes no le permitieron llegar más allá de los puestos inferiores en la modesta institución perteneciente a una ciudad con ciento veinte mil habitantes?
El uniformado, Luis Francisco Martínez Díaz, se presentó el ocho de enero en un juzgado del Distrito Federal “a solicitar EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, contra actos de autoridad”. Había acudido antes al ministerio público de Iguala denunciando que “a partir del 11 y 12 de Octubre del año del Dos Mil Catorce, constantemente se han presentado en diversas ocasiones en mi domicilio de la Calle Mirasol Numero 2, de la Colonia el Mirador, de esta Ciudad de Iguala, Guerrero, a distintas horas del día y de la noche, varios individuos de la Policía Investigadora Ministerial del Estado y Elementos de la Policía Municipal ambos de esta Ciudad, preguntándoles a nuestra familia por nuestra persona y paradero”.
No queda claro en qué momento estas personas se acompañan con “una orden de aprehensión librada por un Juez del Ramo Penal de esta ciudad, y una orden de Detención, para aprehenderme y ponerme a disposición interno, en el Centro de Readaptación Social”. 
El 27 de febrero y conforme a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dependiente de la  Secretaría de Gobernación, se informa de la captura de Martínez Díaz dos días antes en la Avenida Periférico en Iguala, Guerrero". El agente "también está vinculado con el ataque al autobús del equipo de fútbol ´Los Avispones´ de Chilpancingo, el cual dejó un saldo de dos personas muertas dentro del mismo".
"Los policías -continúa el reportero que nos informa- justificaron el ataque contra dicha unidad por una confusión con el autobús en el que viajaban los estudiantes normalistas. De acuerdo con la CNS, la captura (...) dio en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en su contra por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Federales del estado de Tamaulipas, así como en seguimiento a las investigaciones que ha realizado la PGR..."            
  
CONTINÚA

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