Sayuri tiene que formar su
propio equipo para seguir el caso de Julio César. Y es que las y los defensores
de derechos humanos están desbordados por el caso Ayotzinapa y los miles
acumulados sin parar en el país.
En diciembre de 2012 el diario
estadounidense The Washington Post publicó información de “documentos
oficiales de la Procuraduría General de la República nunca antes
revelados”, que enlistaban a “más de 25 mil personas adultas y menores de edad
registrados como desaparecidos durante el sexenio de Felipe Calderón”. En
paralelo las organizaciones no gubernamentales dan números superiores: “cerca
de 300 mil desaparecidos y 90 mil muertos”, afirma una prestigiada.
La prensa internacional las
avala a su manera. Poco antes de los acontecimientos en Iguala, el semanario
inglés The Economist pregunta asombrado “¿De dónde sale la cifra de desaparecidos?”
que maneja el gobierno mexicano.
La administración de Enrique
Peña Nieto (EPN) asegura que los índices bajaron y muchas fuentes confiables lo
rebate. En febrero de 2015 la maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del
CIDE y la revista Proceso ofrece los resultados de una
investigación realizada con los auspicios de la Fundación Omidyar Network:
“Con Peña Nieto, 13 desaparecidos al día […] Uno cada hora con 52 minutos.
Y 40% de ellos son jóvenes de entre 15 y 29 años […] Durante los primeros
22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9
mil 384 personas, lo que equivale a 40% de los 23 mil 272 casos de desaparición
oficialmente registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014. Es decir,
cuatro de cada 10 desapariciones en los últimos siete años ocurrieron durante
los dos primeros de la actual administración”.
“Siria,
Irak y México, los países con más muertes por conflictos armados”, dice en 2015
el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Guerra… ¿de
quién contra quién?
Junto a las y los defensores
humanos, el periodismo independiente no se da abasto cubriendo los excesos de
la autoridad en la “guerra contra los carteles”, los feminicidios de progresivo
aumento, particularmente en el estado de México desde que lo gobernó el mismo
primer mandatario actual de la nación; los secuestros, la trata de personas, la
pederastia, la criminalización generalizada de la protesta social…
En otro lado hablamos de las masacres de Tlataya y Apatzingan, cometidas por las fuerzas públicas después de Ayotzinapa. Por eso asumo la responsabilidad de hacer un libro en cinco semanas y la Brigada para leer en libertad se compromete a tenerlo impreso antes de que Sayuri y la familia de Julio presenten el caso en el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
Hacerlo, aclaro, pues lo escribo sólo en parte, y de ahí que a veces hable en plural. Pedí permiso a las y los autores de textos completos o fragmentarios que empleo, y sin variar encontré buena respuesta y sugerencias para sacar el mejor partido posible a ellos o a otros propuestos en substitución de los originarios.
Finalmente rogué a Arturo Cano, el muy especial reportero de La Jornada, que hiciera la revisión posible. De esa manera nos comprometíamos todas y todos con el caso -y no desde luego con el resultado del libro, responsabilidad por entero mía.
Todavía el 22 de mayo Sayuri batallaba en el juzgado para que le entregaran copia del expediente solicitado mucho antes.
Estas explicaciones no tratan de eximirnos de nada. Muestran otra forma de obstrucción de la justicia.
El caso Mondragón Fontes se vuelve escurridizo en cuatro causas penales del municipio de Iguala y la federal que de conjunto hace la PGR, quien ensordece al pedírsele atraer la investigación, sustrayéndola del fuero común donde, como los cuarenta y dos jóvenes todavía sin dato algunos sobre su paradero, desaparece en tanto lo que es: xxxx xxxxx
revisa Sin la internet sería imposible, dada las prisas
En otro lado hablamos de las masacres de Tlataya y Apatzingan, cometidas por las fuerzas públicas después de Ayotzinapa. Por eso asumo la responsabilidad de hacer un libro en cinco semanas y la Brigada para leer en libertad se compromete a tenerlo impreso antes de que Sayuri y la familia de Julio presenten el caso en el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
Hacerlo, aclaro, pues lo escribo sólo en parte, y de ahí que a veces hable en plural. Pedí permiso a las y los autores de textos completos o fragmentarios que empleo, y sin variar encontré buena respuesta y sugerencias para sacar el mejor partido posible a ellos o a otros propuestos en substitución de los originarios.
Finalmente rogué a Arturo Cano, el muy especial reportero de La Jornada, que hiciera la revisión posible. De esa manera nos comprometíamos todas y todos con el caso -y no desde luego con el resultado del libro, responsabilidad por entero mía.
Todavía el 22 de mayo Sayuri batallaba en el juzgado para que le entregaran copia del expediente solicitado mucho antes.
Estas explicaciones no tratan de eximirnos de nada. Muestran otra forma de obstrucción de la justicia.
El caso Mondragón Fontes se vuelve escurridizo en cuatro causas penales del municipio de Iguala y la federal que de conjunto hace la PGR, quien ensordece al pedírsele atraer la investigación, sustrayéndola del fuero común donde, como los cuarenta y dos jóvenes todavía sin dato algunos sobre su paradero, desaparece en tanto lo que es: xxxx xxxxx
revisa Sin la internet sería imposible, dada las prisas
CONTINÚA
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