23 DE DICIEMBRE DE 2014
proceso
El gobierno federal dice que hará todo por dar con el paradero de los
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Pero en los hechos atranca el lugar en
que las familias de las víctimas exigen
buscar: el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala. Además, la actual
administración no aclara las contradicciones que han surgido en la
investigación del caso y responde con desdén a las preguntas al respecto
–cuando lo hace. Así, las dudas sobre la
participación del Ejército se acrecientan.
En un arranque de enojo, impotencia y desesperación, padres y madres de
los 42 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos acudieron el jueves 18 a las instalaciones
del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, para exigir a los militares
que les entreguen vivos a sus hijos y los acusaron de su desaparición forzada.
Dos días antes, en una
conferencia de prensa, las familias ya habían exigido a la Procuraduría General
de la República (PGR) abrir una línea de investigación sobre la participación
de las fuerzas federales –Ejército y Policía Federal– en el ataque y posterior desaparición de los estudiantes, así como en
torno a la obstrucción de las labores de búsqueda.
Estas demandas se basan en las
nuevas pistas publicadas por Proceso 1989 en el sentido de que, el 26 de septiembre –a través del
guerrerense Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo al que tienen
acceso fuerzas estatales y federales, o C4–, tanto militares de ese batallón
como policías federales estuvieron enterados de la ruta que seguían los
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y de la persecución y
cacería que sufrieron en Iguala, donde fueron emboscados y 43 de ellos
desaparecidos –actualmente son 42, pues el sábado 6 fueron identificados
mediante el análisis de ADN los restos del estudiante Alexander Mora Venancio.
Desde que la PGR tomó la investigación del caso, el procurador Jesús
Murillo Karam ha defendido a los militares del 27 Batallón de Infantería –ubicado a kilómetro y medio del periférico
de Iguala, donde se realizó el ataque–, a pesar de las evidencias de que
los soldados no sólo permitieron que, durante
más de tres horas, policías municipales y sicarios agredieran a los
estudiantes, sino que cuando los
militares salieron del cuartel y encontraron a un grupo de alumnos que se
escondía con un herido, los regañaron, amenazaron y ficharon.
Desde el reportaje titulado Inacción militar que olió a
complicidad (Proceso 1984) del 8 de noviembre se planteaba que
el personal del 27 Batallón no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de
sus instalaciones ese 26 de septiembre y negó atención a los heridos; también se le acusaba de haber
obstaculizado la búsqueda de los estudiantes.
En ese entonces ya había evidencias de que dicho batallón no atendió las denuncias recibidas antes
de la tragedia sobre el comportamiento criminal de las policías de Iguala y
Cocula, y de que tenía una excelente
relación con el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca –quien dio
la orden del ataque, según la PGR. De hecho, el batallón le cedió un terreno a Abarca para su plaza comercial, y la
noche de los hechos el alcalde era acompañado por un enviado del 27.
En los medios de comunicación se han manejado varios nombres distintos sobre el militar que
acompañaba a Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, al atardecer
del 26 de septiembre, cuando los estudiantes se encontraban camino a Iguala y
ya eran monitoreados por fuerzas federales y estatales. En ese momento Pineda
daba un informe como presidenta del DIF, que fue seguido por un baile.
La mayoría de los medios
menciona que el militar que asistió en primera fila al acto de los Abarca fue
el coronel Juan Antonio Aranda Flores, comandante desde 2012 del 27 Batallón, oficial formado en fuerzas especiales,
inteligencia y contrainteligencia, quien se presumía cercano a Abarca, ya que encabezó cerca de cinco actos
públicos con él. Sin embargo, al cotejar fotografías, no existe parecido entre el coronel
Aranda y el militar que aparece en las fotos del informe.
El diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía, por su parte, señaló
que el militar presente es el capitán
del Ejército Mexicano y oficial de adiestramiento Paul Escobar López. De él
no se tienen referencias fotográficas que permitan cotejarlo.
El general titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
Salvador Cienfuegos, informó a los diputados que el asistente a la fiesta de
Abarca era el coronel José Rodríguez
Pérez –quien relevó este año a Aranda en la comandancia de dicho batallón.
Empero, su rostro tampoco guarda parecido con el militar fotografiado.
El superior inmediato de
Rodríguez Pérez es el comandante de la 35 Zona Militar, el general de brigada
Alejandro Saavedra Hernández, quien el día del lanzamiento del Operativo Tierra
Caliente sostuvo una charla con los integrantes del 27 Batallón, en la que dijo
a los soldados que estuvieran seguros y tranquilos porque habían actuado bien.
En este semanario se señaló que
el militar fotografiado podría ser el coronel de caballería diplomado mayor de
la 27 Zona Militar con sede en Atoyac, Juvenal Mariano García, quien es
parecido al militar retratado, aunque su base está lejos de Iguala.
La incógnita, por lo tanto, sigue sin respuesta.
Otros señalamientos directos contra el Ejército como cómplice de las desapariciones de los normalistas los hizo el Ejército Popular Revolucionario
(EPR) que, a través de un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles militares.
Posteriormente, una supuesta narcomanta,
firmada por El Cabo Gil –lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros
Unidos–, involucró con el narcotráfico a un “capitán Barbosa” y a un “teniente
Crespo” del 27 Batallón.
En la página de internet del municipio de Iguala existen dos actos en
los que un capitán segundo de infantería del 27 Batallón, el inspector militar
José Martínez Crespo, acompaña a Abarca. El primero es una ponencia sobre
sismos, el segundo fue el sorteo del servicio militar.
Aunque el apellido coincide, no pasa lo mismo con el cargo, y no es
posible deducir si la narcomanta se refería a ese militar.
En la respuesta a una solicitud de información hecha a la Sedena en
torno al historial de José Martínez Crespo, se señala que en 1987 comenzó su
carrera militar como cadete, luego fue subteniente de infantería y, a la
postre, capitán segundo de dicha arma. Estuvo asignado a un Estado Mayor de la
Defensa Nacional en el agrupamiento de servicios generales, y en 2007 ingresó
“a un batallón de infantería”.
Con respuestas del tipo
“(permaneció) en un plantel militar” o en “un batallón”, la Sedena evita
identificar los lugares concretos en los que estuvo destacado.
En el portal del municipio de Iguala se exhiben siete actos públicos de
Abarca junto a militares. Quienes aparecen son: el coronel Juan Antonio Aranda
Flores, el coronel comandante José Rodríguez Pérez, el teniente de Infantería
Éder García, el segundo comandante del 27 Batallón y teniente coronel Rogelio
Carrera y el capitán segundo de
Infantería José Martínez Crespo.
Cabos
sueltos
Las dudas sobre la participación del Ejército en Iguala, cuando los
normalistas estaban siendo atacados y detenidos por policías y pistoleros, no
han surgido sólo entre las familias de las víctimas, sino también en la
Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, la organización
internacional Human Rights Watch y Tlachinollan –que en un inicio exigió
investigar la falta de prevención de los hechos por parte del Ejército y la
ausencia de información de inteligencia sobre cómo operaban los grupos criminales
en Iguala, pero la semana pasada pidió indagar si tuvo participación directa en
los hechos.
El 7 de noviembre, la primera vez que fue cuestionado sobre la inacción
del Ejército para defender a los estudiantes, Murillo respondió: “El Ejército
se mueve sólo con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién
hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”.
El miércoles 3, este semanario le comentó la exigencia de los padres
para indagar al 27 Batallón. El fiscal informó que el gobierno no buscaría en
bases militares a los normalistas desaparecidos:
–Las familias (de los estudiantes desaparecidos) exigen que sean
revisadas también las bases militares, ¿ahí ya buscaron? –se le preguntó tras
el lanzamiento en Iguala del Operativo Tierra Caliente.
–Hemos hecho toda la búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos
que buscar, sabemos que ahí no –respondió.
–¿No van a buscar en las instalaciones de la Sedena, en el 27 Batallón?
–La Sedena es la más preocupada buscándolos, así que sería un absurdo
que si los tuviera ahí, los buscara; es un absurdo completamente.
–Entonces no serán buscados ahí…
–No tenemos que buscar lo que sabemos que no está. Es absurdo –insistió.
El 13 de noviembre, el secretario Cienfuegos explicó a legisladores que
lo citaron para hablar del tema que los integrantes del 27 Batallón no
intervinieron en el ataque contra los normalistas porque “siguieron un
protocolo”, que indica que sólo pueden actuar a petición de la autoridad local,
y cuando los militares preguntaron a las policías municipales y estatales si
pasaba algo en Iguala, éstas mintieron y aseguraron que “no sucedía nada”.
El miércoles 3, al ser cuestionado sobre la exigencia de revisar las
bases militares, Cienfuegos dijo: “Eso depende del gabinete, no de mí”. Guardó
silencio y después de unos segundos agregó: “Si quieren revisar que revisen, no
tenemos ningún problema”.
El general no ha declarado nada sobre el informe inédito del gobierno de
Guerrero obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre,
en el que queda asentado que, desde su salida de las instalaciones de la Normal
de Ayotzinapa, los estudiantes eran monitoreados por agentes de las
administraciones estatal y federal a través del C4.
Aunque se pidió a la Sedena información sobre el papel que jugó en el
caso Ayotzinapa, vía la Ley de Información Pública y Trasparencia, ha
solicitado prórrogas para responder a esta pregunta.
Según el reportaje firmado por Anabel Hernández y Steve Fisher,
publicado en esta revista con el apoyo del Programa de Periodismo de
Investigación de la Universidad de California en Berkeley, en el ataque hubo
participación de la Policía Federal, con la aquiescencia o colaboración del
Ejército.
Tras estos señalamientos, el comisionado general de la Policía Federal,
Enrique Galindo, negó en entrevista televisiva que la noche del 26 de
septiembre elementos de su corporación participaran activamente en el ataque,
pero admitió que las fuerzas federales sí estuvieron monitoreando el grupo de
normalistas desde antes que llegaran a Iguala, y se enteraron de que fueron
agredidos a balazos:
“Sí sabíamos de (las actividades) ese día, porque (los estudiantes)
venían en autobuses. Nuestra competencia estaba en la carretera federal (…) Ahí
acudieron los federales. Pero dentro de la ciudad no tuvimos participación.”
Inacción militar que olió a complicidad
2014-11-09 00:24:17 C
Diversos hechos y
testimonios apuntan a que la inacción
del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, los pasados 26 y 27 de
septiembre, no fue casual: los jefes castrenses tenían una excelente relación
con el exalcalde José Luis Abarca y con su esposa, y el día del ataque a los
normalistas no hubo presencia militar sino hasta mucho después del tiroteo, cuando
las víctimas buscaban ayuda médica, la cual prometieron y no dieron. Hay otros
datos: el año pasado el jefe de la
policía de Cocula acusó a los integrantes de ese batallón de proteger a
delincuentes y hay un caso documentado de cuando levantaron y desaparecieron a
seis jóvenes igualtecos en 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario