"Ojalá su sangre sea para el bien del pueblo", dice don Raul Mondragón Chávez al inicio de este reportaje de TeleSur
Hay libros que en un anexo incorporan audio y video, y los virtuales lo hacen ya dentro del propio texto. Nosotros no podemos sumar la imagen y las voces que hay en en link señalado y nos perdemos las nociones de la vida en las entrevistas hechas en Tenancingo, estado de México, donde vive la familia de origen de quien poco a poco llamo Julio, aunque no pierda la conciencia de cuánto se me pierden sus veintidós años vividos.
Los lugares comunes son una peste en nuestros tiempos y casi al comienzo el reportero suelta las que en México y otras muchas partes son frases manidas , pues hablan de una familia promedio:
-En esta zona humilde y campesina -se escucha, mientras la cámara recorre una zona de viviendas como centenares de miles en el país.
A continuación se orilla a que la familia cuente sus esfuerzos cotidianos: la casa levantada poco a poco, primero un espacio común, luego un cuarto, un segundo...
Alguien mucho más sensible y natural resumió para entonces la historia familiar, que a la manera de la absoluta mayoría tiene un claro dejo alegre y de simpática ironía:
"... la casita campestre que se levanta al final de un callejón, en el pueblo de Tecomatlán, al pie del cerro del Calvario pegado a Tenancingo...
"La Mondragón Fontes es una familia de ideas progresistas. El abuelo, la
mamá, un tío y su hermano menor son chicharroneros, oficio aprendido de un
viejo pariente de Mexicaltzingo. “Hacer chicharrón en un pueblo de panaderos
¿se imagina?”, ríe don Raúl [el abuelo]. Y los maestros de la familia participan en las
luchas magisteriales."
Por ello no se apenan en lo absoluto de su condición social, modesta pero lejana a la pobreza.
Han pasado ya muchos días del Día de Muertos, pero en la casita campestre que se levanta al final de un callejón, en el pueblo de Tecomatlán, al pie del cerro del Calvario pegado a Tenancingo, todavía “se recibe cera”. Según la costumbre local a los difuntos recientes se les expresa afecto llevándoles cirios. Es el hogar de Afrodita Mondragón Fontes, la madre de Julio César.
aje , apenasel reportaje
"Ojalá su sangre sea para el bien del pueblo", dice don X Mondragón al inicio de este reportaje de TeleSur
martes, 28 de abril de 2015
Ayotzinapa: Las huellas de los militares. MARCELA TURATI
23 DE DICIEMBRE DE 2014
proceso
El gobierno federal dice que hará todo por dar con el paradero de los
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Pero en los hechos atranca el lugar en
que las familias de las víctimas exigen
buscar: el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala. Además, la actual
administración no aclara las contradicciones que han surgido en la
investigación del caso y responde con desdén a las preguntas al respecto
–cuando lo hace. Así, las dudas sobre la
participación del Ejército se acrecientan.
En un arranque de enojo, impotencia y desesperación, padres y madres de
los 42 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos acudieron el jueves 18 a las instalaciones
del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, para exigir a los militares
que les entreguen vivos a sus hijos y los acusaron de su desaparición forzada.
Dos días antes, en una
conferencia de prensa, las familias ya habían exigido a la Procuraduría General
de la República (PGR) abrir una línea de investigación sobre la participación
de las fuerzas federales –Ejército y Policía Federal– en el ataque y posterior desaparición de los estudiantes, así como en
torno a la obstrucción de las labores de búsqueda.
Estas demandas se basan en las
nuevas pistas publicadas por Proceso 1989 en el sentido de que, el 26 de septiembre –a través del
guerrerense Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo al que tienen
acceso fuerzas estatales y federales, o C4–, tanto militares de ese batallón
como policías federales estuvieron enterados de la ruta que seguían los
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y de la persecución y
cacería que sufrieron en Iguala, donde fueron emboscados y 43 de ellos
desaparecidos –actualmente son 42, pues el sábado 6 fueron identificados
mediante el análisis de ADN los restos del estudiante Alexander Mora Venancio.
Desde que la PGR tomó la investigación del caso, el procurador Jesús
Murillo Karam ha defendido a los militares del 27 Batallón de Infantería –ubicado a kilómetro y medio del periférico
de Iguala, donde se realizó el ataque–, a pesar de las evidencias de que
los soldados no sólo permitieron que, durante
más de tres horas, policías municipales y sicarios agredieran a los
estudiantes, sino que cuando los
militares salieron del cuartel y encontraron a un grupo de alumnos que se
escondía con un herido, los regañaron, amenazaron y ficharon.
Desde el reportaje titulado Inacción militar que olió a
complicidad (Proceso 1984) del 8 de noviembre se planteaba que
el personal del 27 Batallón no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de
sus instalaciones ese 26 de septiembre y negó atención a los heridos; también se le acusaba de haber
obstaculizado la búsqueda de los estudiantes.
En ese entonces ya había evidencias de que dicho batallón no atendió las denuncias recibidas antes
de la tragedia sobre el comportamiento criminal de las policías de Iguala y
Cocula, y de que tenía una excelente
relación con el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca –quien dio
la orden del ataque, según la PGR. De hecho, el batallón le cedió un terreno a Abarca para su plaza comercial, y la
noche de los hechos el alcalde era acompañado por un enviado del 27.
En los medios de comunicación se han manejado varios nombres distintos sobre el militar que
acompañaba a Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, al atardecer
del 26 de septiembre, cuando los estudiantes se encontraban camino a Iguala y
ya eran monitoreados por fuerzas federales y estatales. En ese momento Pineda
daba un informe como presidenta del DIF, que fue seguido por un baile.
La mayoría de los medios
menciona que el militar que asistió en primera fila al acto de los Abarca fue
el coronel Juan Antonio Aranda Flores, comandante desde 2012 del 27 Batallón, oficial formado en fuerzas especiales,
inteligencia y contrainteligencia, quien se presumía cercano a Abarca, ya que encabezó cerca de cinco actos
públicos con él. Sin embargo, al cotejar fotografías, no existe parecido entre el coronel
Aranda y el militar que aparece en las fotos del informe.
El diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía, por su parte, señaló
que el militar presente es el capitán
del Ejército Mexicano y oficial de adiestramiento Paul Escobar López. De él
no se tienen referencias fotográficas que permitan cotejarlo.
El general titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
Salvador Cienfuegos, informó a los diputados que el asistente a la fiesta de
Abarca era el coronel José Rodríguez
Pérez –quien relevó este año a Aranda en la comandancia de dicho batallón.
Empero, su rostro tampoco guarda parecido con el militar fotografiado.
El superior inmediato de
Rodríguez Pérez es el comandante de la 35 Zona Militar, el general de brigada
Alejandro Saavedra Hernández, quien el día del lanzamiento del Operativo Tierra
Caliente sostuvo una charla con los integrantes del 27 Batallón, en la que dijo
a los soldados que estuvieran seguros y tranquilos porque habían actuado bien.
En este semanario se señaló que
el militar fotografiado podría ser el coronel de caballería diplomado mayor de
la 27 Zona Militar con sede en Atoyac, Juvenal Mariano García, quien es
parecido al militar retratado, aunque su base está lejos de Iguala.
La incógnita, por lo tanto, sigue sin respuesta.
Otros señalamientos directos contra el Ejército como cómplice de las desapariciones de los normalistas los hizo el Ejército Popular Revolucionario
(EPR) que, a través de un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles militares.
Posteriormente, una supuesta narcomanta,
firmada por El Cabo Gil –lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros
Unidos–, involucró con el narcotráfico a un “capitán Barbosa” y a un “teniente
Crespo” del 27 Batallón.
En la página de internet del municipio de Iguala existen dos actos en
los que un capitán segundo de infantería del 27 Batallón, el inspector militar
José Martínez Crespo, acompaña a Abarca. El primero es una ponencia sobre
sismos, el segundo fue el sorteo del servicio militar.
Aunque el apellido coincide, no pasa lo mismo con el cargo, y no es
posible deducir si la narcomanta se refería a ese militar.
En la respuesta a una solicitud de información hecha a la Sedena en
torno al historial de José Martínez Crespo, se señala que en 1987 comenzó su
carrera militar como cadete, luego fue subteniente de infantería y, a la
postre, capitán segundo de dicha arma. Estuvo asignado a un Estado Mayor de la
Defensa Nacional en el agrupamiento de servicios generales, y en 2007 ingresó
“a un batallón de infantería”.
Con respuestas del tipo
“(permaneció) en un plantel militar” o en “un batallón”, la Sedena evita
identificar los lugares concretos en los que estuvo destacado.
En el portal del municipio de Iguala se exhiben siete actos públicos de
Abarca junto a militares. Quienes aparecen son: el coronel Juan Antonio Aranda
Flores, el coronel comandante José Rodríguez Pérez, el teniente de Infantería
Éder García, el segundo comandante del 27 Batallón y teniente coronel Rogelio
Carrera y el capitán segundo de
Infantería José Martínez Crespo.
Cabos
sueltos
Las dudas sobre la participación del Ejército en Iguala, cuando los
normalistas estaban siendo atacados y detenidos por policías y pistoleros, no
han surgido sólo entre las familias de las víctimas, sino también en la
Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, la organización
internacional Human Rights Watch y Tlachinollan –que en un inicio exigió
investigar la falta de prevención de los hechos por parte del Ejército y la
ausencia de información de inteligencia sobre cómo operaban los grupos criminales
en Iguala, pero la semana pasada pidió indagar si tuvo participación directa en
los hechos.
El 7 de noviembre, la primera vez que fue cuestionado sobre la inacción
del Ejército para defender a los estudiantes, Murillo respondió: “El Ejército
se mueve sólo con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién
hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”.
El miércoles 3, este semanario le comentó la exigencia de los padres
para indagar al 27 Batallón. El fiscal informó que el gobierno no buscaría en
bases militares a los normalistas desaparecidos:
–Las familias (de los estudiantes desaparecidos) exigen que sean
revisadas también las bases militares, ¿ahí ya buscaron? –se le preguntó tras
el lanzamiento en Iguala del Operativo Tierra Caliente.
–Hemos hecho toda la búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos
que buscar, sabemos que ahí no –respondió.
–¿No van a buscar en las instalaciones de la Sedena, en el 27 Batallón?
–La Sedena es la más preocupada buscándolos, así que sería un absurdo
que si los tuviera ahí, los buscara; es un absurdo completamente.
–Entonces no serán buscados ahí…
–No tenemos que buscar lo que sabemos que no está. Es absurdo –insistió.
El 13 de noviembre, el secretario Cienfuegos explicó a legisladores que
lo citaron para hablar del tema que los integrantes del 27 Batallón no
intervinieron en el ataque contra los normalistas porque “siguieron un
protocolo”, que indica que sólo pueden actuar a petición de la autoridad local,
y cuando los militares preguntaron a las policías municipales y estatales si
pasaba algo en Iguala, éstas mintieron y aseguraron que “no sucedía nada”.
El miércoles 3, al ser cuestionado sobre la exigencia de revisar las
bases militares, Cienfuegos dijo: “Eso depende del gabinete, no de mí”. Guardó
silencio y después de unos segundos agregó: “Si quieren revisar que revisen, no
tenemos ningún problema”.
El general no ha declarado nada sobre el informe inédito del gobierno de
Guerrero obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre,
en el que queda asentado que, desde su salida de las instalaciones de la Normal
de Ayotzinapa, los estudiantes eran monitoreados por agentes de las
administraciones estatal y federal a través del C4.
Aunque se pidió a la Sedena información sobre el papel que jugó en el
caso Ayotzinapa, vía la Ley de Información Pública y Trasparencia, ha
solicitado prórrogas para responder a esta pregunta.
Según el reportaje firmado por Anabel Hernández y Steve Fisher,
publicado en esta revista con el apoyo del Programa de Periodismo de
Investigación de la Universidad de California en Berkeley, en el ataque hubo
participación de la Policía Federal, con la aquiescencia o colaboración del
Ejército.
Tras estos señalamientos, el comisionado general de la Policía Federal,
Enrique Galindo, negó en entrevista televisiva que la noche del 26 de
septiembre elementos de su corporación participaran activamente en el ataque,
pero admitió que las fuerzas federales sí estuvieron monitoreando el grupo de
normalistas desde antes que llegaran a Iguala, y se enteraron de que fueron
agredidos a balazos:
“Sí sabíamos de (las actividades) ese día, porque (los estudiantes)
venían en autobuses. Nuestra competencia estaba en la carretera federal (…) Ahí
acudieron los federales. Pero dentro de la ciudad no tuvimos participación.”
Inacción militar que olió a complicidad
2014-11-09 00:24:17 C
Diversos hechos y
testimonios apuntan a que la inacción
del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, los pasados 26 y 27 de
septiembre, no fue casual: los jefes castrenses tenían una excelente relación
con el exalcalde José Luis Abarca y con su esposa, y el día del ataque a los
normalistas no hubo presencia militar sino hasta mucho después del tiroteo, cuando
las víctimas buscaban ayuda médica, la cual prometieron y no dieron. Hay otros
datos: el año pasado el jefe de la
policía de Cocula acusó a los integrantes de ese batallón de proteger a
delincuentes y hay un caso documentado de cuando levantaron y desaparecieron a
seis jóvenes igualtecos en 2010.
La estrucutura
LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO, COMO ACLARA EL BLOG EN SU PORTADA, CORRERÁ A CARGO DE LA BRIGADA PARA LEER EN LIBERTAD, A LA CUAL PERTENECE EL AUTOR.
Repetir es la máxima de este libro. Con ella va la insistente frase de una película sobre el horror: Tú no has visto nada, nada. Nada de Julio César Mondragón Fontes, a quien llamaremos así, con nombre y apellido, tal vez aún cuando el acercamiento a los suyos y su recuerdo nos lo vuelvan un hombre de carne, huesos e imaginación. No encuentro otra manera de apropiármelo que pensar en él como si fuera uno de mis hijos. Con Marisa, la esposa, y Lenin, el hermano menor, lo consigo pues esta tarde nos encontramos de esa íntima, irrepetible manera que trae el destino compartido, así sea durante unas semanas, tensas, apretadas, en las cuales con justificación nos sentimos bajo vigilancia del monstruo capaz de hasta las peores brutalidades, según el mensaje dejado en los restos del muchacho -los restos, apenas eso, recordemos y volvamos a recordar.
Repetir es la máxima de este libro. Con ella va la insistente frase de una película sobre el horror: Tú no has visto nada, nada. Nada de Julio César Mondragón Fontes, a quien llamaremos así, con nombre y apellido, tal vez aún cuando el acercamiento a los suyos y su recuerdo nos lo vuelvan un hombre de carne, huesos e imaginación. No encuentro otra manera de apropiármelo que pensar en él como si fuera uno de mis hijos. Con Marisa, la esposa, y Lenin, el hermano menor, lo consigo pues esta tarde nos encontramos de esa íntima, irrepetible manera que trae el destino compartido, así sea durante unas semanas, tensas, apretadas, en las cuales con justificación nos sentimos bajo vigilancia del monstruo capaz de hasta las peores brutalidades, según el mensaje dejado en los restos del muchacho -los restos, apenas eso, recordemos y volvamos a recordar.
La precipitación (en todo; también en
escribir el libro)
Todo
en esta historia es una precipitación de hechos. Hay X horas entre el momento
en que los normalistas inician el boteo para trasladarse al DF y la aparición
de los restos –el termino es exacto: los restos, no el cuerpo tal debiera- de
Julio César Mondragón en una calle.
Aparentemente,
al menos:
Para el caso este trabajo sigue al pie de la letras lo que a Sayari le toma ocho meses reconstruir. Hace poco hizo un artículo:
El mensaje
Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal.
El cuerpo no fue ocultado, sino expuesto, abandonado en una calle de Iguala. Arrancado el rostro, extraídos los ojos. Pronto esta imagen comenzó a circular en las redes sociales, alguien, no sabemos quién, le tomó una fotografía que pronto se hizo pública. El mensaje fue enviado.
Es importante recuperar las significaciones inscritas en el cuerpo de Julio César, un mensaje que se ocuparon de allegarnos desde que le arrancaron la vida. Esa forma de matar, la técnica ocupada, no se practicó y planificó para no ser vista. Es la razón por la que abandonaron el cuerpo y no lo ocultaron, así fue desde que se tomó la foto y se reprodujo.
Los torturadores
La tortura ha tomado tales proporciones que se ha convertido ya en un instrumento de gobierno. Uno que no debemos ignorar.
Las técnicas de tortura son enseñadas, mecanizadas y se exportan de un país a otro. Hay un aprendizaje de la tortura, un entrenamiento en ello y los “expertos” van ofreciendo sus servicios de “capacitación” de un gobierno opresor a otro. La tortura generalizada es evidentemente un asunto político y económico, no solamente psicológico.
El psicoanalista Raúl Páramo Ortega, en el artículo “Tortura, antípoda de la compasión”, nos ofrece valiosas claves para comprender la magnitud de la tragedia a la que nos enfrentamos, así como fundamentos para señalar la responsabilidad del Estado mexicano por practicar la tortura y además generar, en distintos niveles y dimensiones, condiciones favorables para la masificación de esta práctica. Páramo comenta:
“Las explicaciones a nivel de psicopatología individual siguen fracasando al querer caracterizar la personalidad del torturador. Ninguna explicación individual basta porque en realidad la personalidad del torturador corresponde a un tipo determinado de sociedad con la que se confunde. (…) si algo tiene ese tipo de personalidad es precisamente no ser a-social sino producto neto de un tipo de sociedad”.
La sociedad que crea condiciones propicias para la tortura es aquella educada para la competencia, el egoísmo, la obediencia ciega, el autoritarismo y la violencia. Sin duda, todas esas características las encontramos en el México de hoy.
Por otro lado, señala que: “El presupuesto fundamental, el núcleo central para que la tortura sea tortura, es el que el otro esté a mi merced. La disponibilidad –ciertamente forzada- del otro es condición previa para la tortura. En la medida en que se dé la situación de impotencia total, estará dada la invitación/seducción a cierto grado de tortura”.Tomamos también como referencia la carta pública de la familia, denunciado la indagatoria:
Nosotros,
la familia de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa asesinado
el 26 de septiembre del 2014, repudiamos la forma en que la Procuraduría
General de la República ha manejado las investigaciones en torno al homicidio
de nuestro familiar. La PGR detuvo el 26
de febrero del 2015 al policía
municipal de Iguala Luis Francisco Martínez Díaz, a quien le atribuye la
responsabilidad directa y absoluta
de la tortura y homicidio de Julio César. Esta versión ha sido ya difundida por
medios de comunicación, que han tomado los dichos de la PGR como ciertos e
incontrovertibles, a pesar de desconocer el cauce legal que sigue el caso.
Para
nosotros ha pasado una eternidad desde que nuestro querido Julio César fue
asesinado. Hemos esperado,
pacientemente, respuestas por parte de la PGR y de las autoridades
correspondientes, pero esas respuestas nunca han llegado. Nos damos cuenta de
inconsistencias, omisiones y una total ausencia de investigación científica
imparcial. La autoridad federal, por ignorancia o mala intención, y la tardía
intervención del Poder Ejecutivo, han entorpecido las investigaciones. Por
tanto, los hacemos corresponsables por participación u omisión en el homicidio.
Turbiedades e incongruencias a lo largo de cinco meses nos han demostrado que
no se cumple el Estado de Derecho que tanto pregona el presidente de México,
Enrique Peña Nieto.
Acusamos a la PGR de cortar todo
contacto con nosotros, los principales afectados, relativo a
los avances de la investigación sobre el asesinato de Julio César, y de preferir a medios masivos de comunicación
para anunciar los resultados de sus pesquisas, contraviniendo el Punto de Acuerdo Número Dos, pactado directamente con
el Ejecutivo federal mexicano el 29 de octubre del 2014.
La
PGR, con toda intención, nos ha hecho a un lado y ha dado un sesgo político al
caso de Julio César para conseguir que sea cerrado lo más pronto posible. El
modelo de actuación elegido por las autoridades está plagado de inconsistencias
y sólo se alcanza a vislumbrar una respuesta al vapor vertida a la opinión
pública aprovechando, incluso, el cambio
de Jesús Murillo Karam al frente de la PGR.
Nosotros,
Marisa Mendoza, esposa de Julio César; Lenin Mondragón, hermano de Julio César;
Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César y la familia y amigos que
representamos, hacemos del conocimiento público que la investigación se
encuentra de la siguiente manera:
1.
Su expediente está incompleto.
2.
En Guerrero sólo existen dos
averiguaciones previas, una por homicidio calificado y otra por delincuencia organizada, que no corresponden a la naturaleza
de los sucesos.
3.
Estas dos averiguaciones previas, para colmo, no tienen investigación ni seguimiento jurídico ético, serio y
científico por parte del Estado y los familiares no hemos recibido una
respuesta fundamentada.
El
Gobierno Federal insistió hace un mes en dar por resuelto el caso Ayotzinapa,
ante lo que los familiares de los
normalistas ejecutados y de los desaparecidos ofrecimos diez razones por las
que no podía cerrarse, siendo una de ellas “Porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado como
explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César
Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de
donde ocurrieron los hechos.”
Luego
de 5 meses sin prestar la menor atención al esclarecimiento de la tortura y
ejecución de Julio César Mondragón Fontes, ahora la PGR pretende dar por
resuelto el crimen con una acción sumaria, efectista y de impacto mediático y,
por tanto, dejar sin sustento una de las “Razones por las que no se puede
cerrar el caso Ayotzinapa”. Sin embargo, esta pretensión es débil por cuanto las técnicas de tortura que fueron
utilizadas para despojar a Julio de su rostro son enseñadas, mecanizadas y
planificadas. Hay un entrenamiento en ello. La agresión que padeció el
normalista no es producto del impulso individual ni pudo haber sido realizada
por una sola persona.
La
familia de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa asesinado el
26 de septiembre del 2014, exigimos a la PGR; a la Presidencia de la República;
al presidente de México, Enrique Peña Nieto y a las autoridades involucradas en
la investigación del homicidio, lo siguiente:
1.
Que la PGR respete los acuerdos del 29 de octubre del 2014 y nos informe,
primero que a nadie, sobre los resultados de sus investigaciones. Reiteramos
nuestra inconformidad por la divulgación de esta información sin haberla puesto
antes a nuestra consideración así como que la investigación se realice por el
delito de homicidio calificado, cuando se trata de un acto de tortura y
ejecución extrajudicial.
2.
Que la PGR retome el caso de nuestro querido Julio César, pero esta vez lo haga con la técnica y la ciencia que
hasta la fecha no ha querido o no ha podido aplicar en este desarrollo. La
detención de Luis Francisco Martínez Díaz, quien se desempeñaba como policía
municipal de Iguala no resuelve el crimen cometido contra Julio César
Mondragón. Es la investigación seria y profunda así como el enjuiciamiento y la
aportación de pruebas en el proceso penal, lo que llevará al esclarecimiento de
los hechos y del grado de responsabilidad y participación que esta persona
tiene en ellos.
3.
Que acepte las observaciones de
relatores y juristas de la Organización de las Naciones Unidas, que en
concreto señalan la falta de ética, improvisación y desinterés de la justicia
mexicana para los asesinatos y
desapariciones de Ayotzinapa.
4.
Que la justicia aplicada observe los
estándares de los tribunales internacionales vigentes.
5.
Que el daño sufrido por nuestra familia sea puntualmente reparado.
6.
Que en nuestras leyes mexicanas sean
revisadas de manera exhaustiva, clara y amplia los conceptos de desaparición
forzada, ejecución extrajudicial y torturas. Y que cuando un gobierno cometa
una violación a los derechos humanos sea castigado.
Lanzamos
un llamado para que todos pongamos la mayor de las voluntades para formar un
verdadero Estado de Derecho Mexicano, como lo establece la Constitución
Política Mexicana. Sólo de esta manera se logrará la Concordia Nacional y con
ella el progreso de todos. Justicia para todos los mexicanos víctimas, para
Julio César Mondragón y sus dos
compañeros ejecutados; para los heridos y los afectados por la desaparición
de los 43, de quienes exigimos su aparición con vida.
Por
último, exigimos que otras personas no sufran lo que nuestro joven enfrentó,
pues de seguir con el mismo modelo, la impunidad permanecerá para siempre.
Que
nunca más suceda.
Atentamente:
Marisa
Mendoza, esposa de Julio César Mondragón Fontes; Lenin Mondragón, hermano de
Julio César Mondragón Fontes; Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César
Mondragón Fontes y la familia y amigos que representamos.
El instrumento (la tortura)
La tortura está generalizada en México y hay evidencias de la ‘‘participación activa’’ de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de ‘‘tolerancia, indiferencia o complicidad’’ por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces (X), concluyó el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el tema, presentado en marzo de este 2015 tras el reclamo sobre los eventos en que Julio César fue ajusticiado.
La tortura en tanto forma de gobierno es casi tan antigua como la civilización y América Latina la conoce bien, de siempre y en términos modernos, por los numerosos regímenes dictatoriales que padeció. Hoy tienen el toque transmitido por el hípercapitalismo, nombre que algunos especialistas prefieren al de neoliberalismo.
"Cada vez es más claro que el capitalismo de nuestros tiempos funciona en un doble carril. Por un lado tenemos la sociedad formalmente reconocida, con su economía, sus modos de organización y confrontación y su moralidad; y por el otro crece aceleradamente una sociedad paralela, con una economía calificada genéricamente de ilegal, y con una moralidad, modos de organización y mecanismos de disciplinamiento muy diferentes."
En México "no puede hablarse de un orden social. Las condiciones apuntan más bien al desorden, a la ruptura, a la descomposición, a las fracturas. Es decir, el orden apela al autoritarismo, que es el único medio visible para garantizarlo".(ANA ESTHER CECEÑA)
Los restos
La premeditación
Las horas
El lugar
El caso
La escuela
“Modelo Guerrero”
El instrumento (la tortura)
La tortura está generalizada en México y hay evidencias de la ‘‘participación activa’’ de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de ‘‘tolerancia, indiferencia o complicidad’’ por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces (X), concluyó el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el tema, presentado en marzo de este 2015 tras el reclamo sobre los eventos en que Julio César fue ajusticiado.
La tortura en tanto forma de gobierno es casi tan antigua como la civilización y América Latina la conoce bien, de siempre y en términos modernos, por los numerosos regímenes dictatoriales que padeció. Hoy tienen el toque transmitido por el hípercapitalismo, nombre que algunos especialistas prefieren al de neoliberalismo.
"Cada vez es más claro que el capitalismo de nuestros tiempos funciona en un doble carril. Por un lado tenemos la sociedad formalmente reconocida, con su economía, sus modos de organización y confrontación y su moralidad; y por el otro crece aceleradamente una sociedad paralela, con una economía calificada genéricamente de ilegal, y con una moralidad, modos de organización y mecanismos de disciplinamiento muy diferentes."
En México "no puede hablarse de un orden social. Las condiciones apuntan más bien al desorden, a la ruptura, a la descomposición, a las fracturas. Es decir, el orden apela al autoritarismo, que es el único medio visible para garantizarlo".(ANA ESTHER CECEÑA)
X. En el país se registran 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014, a las cuales deben sumarse los casos no denunciado por temor a represalias.
La tortura está generalizada en México y hay evidencias de la ‘‘participación activa’’ de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de ‘‘tolerancia, indiferencia o complicidad’’ por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces (X), concluyó el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el tema, presentado en marzo de este 2015 tras el reclamo sobre los eventos en que Julio César fue ajusticiado.
La tortura en tanto forma de gobierno es casi tan antigua como la civilización y América Latina la conoce bien, de siempre y en términos modernos, por los numerosos regímenes dictatoriales que padeció. Hoy tienen el toque transmitido por el hípercapitalismo, nombre que algunos especialistas prefieren al de neoliberalismo.
"Cada vez es más claro que el capitalismo de nuestros tiempos funciona en un doble carril. Por un lado tenemos la sociedad formalmente reconocida, con su economía, sus modos de organización y confrontación y su moralidad; y por el otro crece aceleradamente una sociedad paralela, con una economía calificada genéricamente de ilegal, y con una moralidad, modos de organización y mecanismos de disciplinamiento muy diferentes."
En México "no puede hablarse de un orden social. Las condiciones apuntan más bien al desorden, a la ruptura, a la descomposición, a las fracturas. Es decir, el orden apela al autoritarismo, que es el único medio visible para garantizarlo".(ANA ESTHER CECEÑA)
X. En el país se registran 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014, a las cuales deben sumarse los casos no denunciado por temor a represalias.
lunes, 27 de abril de 2015
LA TORTURA COMO FORMA DE GOBIERNO. Rafael Sanseviero
La denuncia que presentó en setiembre el doctor Pablo Chargoñia trae una
saludable tensión a la lucha por la recuperación plena de los derechos
ciudadanos y la construcción de una memoria plural en Uruguay.
El pasado mes de setiembre, el doctor Pablo Chargoñia presentó una
denuncia penal por, entre otros delitos, privación de libertad y aplicación de
torturas contra opositores y opositoras a la dictadura que integrábamos
organizaciones juveniles de izquierda. Los hechos denunciados ocurrieron
entre los años 1972 y 1983 en dependencias de la Dirección Nacional de
Información e Inteligencia (DNII); formaron parte de un programa emanado de
la conducción política y operativa del Ministerio del Interior (MI) y fueron
ejecutados con los recursos humanos y materiales del Estado. La prueba que
se ofrece incluye testimonios de quienes sufrimos los secuestros y torturas
denunciados.
¿Final para una franquicia?
1 / 12
Phoca PDF“…el derecho internacional surge como un ámbito donde conceptualizar
aquellas
acciones que no se podría aceptar que fueran amparadas por las garantías
del
derecho penal moderno, con principios tales como la prescripción, la
territorialidad y la irretroactividad”.
Daniel Ferestein
[2]
”
Los avances en el “derecho de los derechos humanos” siempre expresan la
formalización de nuevos consensos de moralidad pública. Ello sucede cuando
pasan a considerarse inaceptables situaciones que hasta ese momento eran
admitidas como legítimas en el plano legal o de las costumbres. Ejemplos
clásicos son la esclavitud, los castigos físicos y tormentos; ejemplos
contemporáneos, las discriminaciones por raza o etnia, sexo, edad, prácticas
sexuales u otras violencias culturales.
Algo que suele olvidarse con esmero es que semejantes cambios nunca
ocurren “en paz”; y en verdad son posibles solo gracias a los conflictos
provocados por quienes demandan el reconocimiento de sus derechos,
articulan discursivamente esa demanda y fuerzan su ingreso en la agenda
pública.
Con idéntica prolijidad se olvida también que los cambios en este campo son
verdaderos actos de fuerza, destinados a limitar los abusos del poder
mediante la ley penal, que es una violencia simbólica radical porque
representa el consenso de coerción y castigo.
En esos entendidos se puede comprender que desde la caducidad de la
acción penal para las violaciones de los derechos humanos durante la
dictadura, cada demanda ante la justicia por esos motivos actualiza un
conflicto entre las moralidades públicas basadas en los derechos de las
personas y las que se sostienen en los fueros de la impunidad
[3]
.
La impunidad uruguaya se sostiene en una norma ilegítima para la
jurisprudencia internacional de los derechos humanos, pero que aquí fue legal
y expresó la manera de ser y pensarse a sí misma de una parte significativa
de la sociedad uruguaya. En particular -aunque no solo ellos- los beneficiarios
directos o indirectos de las impunidades.
Las culturas de impunidad y contraimpunidad son dos formas de lidiar con los
2 / 12
Phoca PDFlegados de violencia de la dictadura que tensionan desde hace 25 años los
ámbitos políticos de los partidos y las instituciones, el campo jurídico, la
comunicación pública y las subjetividades de personas y grupos. Tal vez el
ejemplo más rotundo de ese conflicto sean los diferentes pronunciamientos de
la Suprema Corte de Justicia calificando como constitucional, y también como
inconstitucional, la Ley de caducidad.
La denuncia motivada en las torturas infligidas en la DNII propone una ruta
para romper la hemiplejia del Estado de derecho que supone la “caducidad”.
Para ello enlaza conceptualmente tres niveles, en cuya articulación despunta
la posibilidad de un nuevo relato ciudadano y jurídico de post-impunidad. Ellos
son:
I) Una categorización de los hechos denunciados (“Las personas
mencionadas no fueron víctimas de un delito ordinario, sino de un crimen de
lesa humanidad cometido por el aparato represivo estatal; [fueron víctimas] de
la macro-criminalidad del Estado”);
II) La apreciación de la fuente de derecho que corresponde aplicar (“…una
regla imperativa del derecho internacional general que torna inválidas las
normas en su contra y que impone la obligación inevitable del procesamiento y
eventual castigo de los responsables”);
III) Una manera de interpretar el conflicto entre el derecho interno y el
internacional a favor del respeto a los derechos humanos y no de la
impunidad de los violadores de esos derechos (“…los hechos denunciados
aquí ya eran imprescriptibles para el derecho internacional al momento de
cometerse, con lo que no se da una situación de aplicación retroactiva de la
Convención Internacional sino que ésta ya era regla de la costumbre
internacional a la que el estado uruguayo no era ajeno”).
Así, esta denuncia contiene una invitación y una ruta para que el Poder
Judicial subvierta el estatus de personas francas que beneficia a los
perpetradores de crímenes de lesa humanidad a expensas de los derechos
del resto de la sociedad.
Lo que dicen los hechos
“Colocar una palabra por otra es cambiar la visión del mundo social, y por lo
tanto,
contribuir a transformarlo.”
3 / 12
Phoca PDFPierre Bourdieu”
[4]
La manera en que se nombran y caracterizan los hechos denunciados
describe y califica la relación Estado-sociedad durante la dictadura. Ello
supone un juicio de valor político?histórico que al ser formulado en el campo
jurídico contribuye a interpelar la historia dominante acerca de la dictadura
durante los últimos 25 años.
Esa historia se caracteriza por una reproducción, ad infinitum y hartazgo, de
todas las variantes que permite la “teoría de los dos demonios”. Ha sido
cuestionada por numerosos actores y evidencias, incluso mediante la
detallada documentación producida, analizada y difundida por la Universidad
de la República (UDELAR)
[5]
. Sin embargo la versión que sustenta la
impunidad, que es la teoría de los dos demonios, carece hasta el presente de
una refutación orgánica asumida desde un escenario proporcional a aquel que
la produjo en el Estado. Veamos cómo se aborda esa historia en la denuncia
de Chargoñia.
“Los hechos que se presentan seguidamente fueron expuestos por víctimas
de privación de libertad y torturas ocurridas durante la pasada dictadura
(1973/1985) en dependencias del Ministerio del Interior. Como se advertirá,
constituyen prueba de una práctica sistemática y planificada de persecución y
tormento a opositores políticos ejercida por agentes estatales en ejercicio de
funciones abusivas e ilegítimas que caracterizó el período del terrorismo de
estado. (…) En el contexto de un régimen dictatorial y de ausencia de
garantías elementales, lo que aparece como detenciones policiales,
constituyeron en verdad delitos de privación de libertad. La situación de
reclusión estuvo caracterizada por la aplicación de trato cruel, inhumano y
degradante, que formó parte de un modo de operación habitual. Al
secuestrado se lo torturaba sistemáticamente, tanto en situación de
‘interrogatorio’ como fuera de ella. (…) Quienes participaron de esas
prácticas lo hacían como parte de un aparato organizado en que las tareas se
distribuían para que el conjunto operara conforme al designio de atormentar al
detenido.”
De esa (aparentemente) simple manera se sostiene que durante la dictadura,
el Estado utilizó la práctica y amenaza de la tortura como una forma de
gobierno: una definición que establece un nuevo principio de realidad para
apreciar el conflicto imperante durante la dictadura y el lugar que ocupó la
tortura en la gestión de ese conflicto.
4 / 12
Phoca PDFDesde esa (nueva) racionalidad se dice que la dictadura no fue una guerra
sino un proyecto de control político y social basado en el terror, y que la tortura
usada con esa finalidad fue un recurso de comunicación destinado a hacer
saber que las dependencias policiales y militares podían convertirse para
cualquiera, y con el automatismo de las burocracias, en un lugar de tormento
[6]
. Todo ello como parte del designio de controlar y, si hubiera sido posible,
eliminar la oposición al régimen.
La recuperación del significado que tenían los acontecimientos en el momento
que ocurrieron permite tipificar los delitos conforme a la jurisprudencia
internacional de los derechos humanos, y también habilita que la colectividad
pueda historiar lo vivido bajo el terror de Estado.
Si el poder judicial da curso a esta denuncia abrirá un nuevo espacio de
legitimidad para extraer los hechos de una dictadura que duró más de una
década, de la marginalidad donde permanecen pegoteados a las difusas y
confusas versiones sobre una guerra que duró cinco meses
[7]
. Serán otros
relatos, sin falta conflictivos y contradictorios, pero colocados dentro de una
trama de significados socialmente reconocibles.
Uno
“… uno no puede pedirle al cuerpo que aguante al dolor y al mismo tiempo
decirle que da asco…”
Carlos Liscano
[8]
La dictadura fue un tiempo de silencios; unos obligados y otros buscados.
Silencios ardides contra silencios impuestos que se continuaron en la
post?dictadura hasta convertirse en un hecho social que contiene, entre otros
asuntos pendientes, lo dicho y lo no dicho por miles de torturados y torturadas.
Y justamente porque los torturados uruguayos fuimos muchos miles dentro de
una población pequeña y próxima, eso que permanece silenciado y no
reconocido ocupa un lugar denso en la historia mentirosa de la dictadura. Una
historia dictada desde un poder tan poder, que tiene la posibilidad de negarse
como violencia y presentarse como sentido común y consenso pacificador
[9]
.
Un consenso basado en secretos de Estado y silencios sociales que incluyen
también las palabras pendientes de muchas y muchos de nosotros.
Es verdad que algunos testigos presentados por Chargoñia habían
5 / 12
Phoca PDFdenunciado sus torturas antes de 1986 en diferentes ámbitos, tales como
medios de comunicación, la justicia penal, comisiones del Poder Legislativo,
instancias de contralor ético-profesional, organismos y foros multinacionales.
Incluso hubo quien denunció las torturas ante los jueces militares en plena
dictadura, estando todavía en manos de sus torturadores. Esas denuncias
fueron bloqueadas por la impunidad absoluta de la dictadura y por la
caducidad en democracia.
¿Por qué nuestros silencios? Cada persona tendrá sus respuestas y no van a
ser todas iguales. Yo solo puedo hablar de las mías.
No hace falta demasiada sutileza para apreciar que a partir de 1986 esos
silencios pueden explicarse por el sinsentido de exponer los sufrimientos para
reclamar verdad y justicia en una sociedad que votó reiteradamente la
caducidad de nuestro personal derecho a la justicia
[10]
.
Otra razón para el silencio puede haber sido una necesidad posiblemente
imperiosa de alejar la memoria de la vida padecida en manos del Estado
torturador como condición para dar curso a otra posible sobrevida.
Una más -de no pequeña importancia aunque poco explicitada- tiene que ver
con ciertos abusos discursivos de izquierda que confinaron las peripecias
personales dentro de épicas colectivas destinadas a la disputa de hegemonías
políticas.
Semejante listado se podría engrosar con razones más o menos pertinentes
para unas u otras personas. Creo que la pregunta realmente importante es
qué habilitó y qué puede significar la ruptura de nuestro silencio treinta años
después.
La principal respuesta que encuentro es que la impunidad perdió el peso
cultural que tuvo durante los años ’80 y ’90 aunque permanezca vigente la ley
que la sostiene. Así se abrió una brecha entre la norma legal y la práctica
social por donde se cuela un nuevo sentido a las acciones contra los
violadores de los derechos humanos en dictadura.
Esa brecha se expresa en los resultados de algunas demandas de
esclarecimiento de desapariciones, apropiaciones de niños y asesinatos de
opositores. Son acciones que abrieron el camino para revelar y condenar
legalmente la coordinación de la trasnacional terrorista de los gobiernos del
Cono Sur, incluyendo a señalados perpetradores uruguayos. En algunos
6 / 12
Phoca PDFcasos fueron claves los procesos iniciados en países vecinos como Argentina
y Paraguay que involucraban a uruguayos, pero siempre fue decisiva la
persistencia y combatividad de quienes actuaron buscando romper la
impunidad en y desde Uruguay.
El debilitamiento de la impunidad trajo nuevos resultados a antiguas
demandas: el acceso directo a algunos archivos militares y policiales, la
búsqueda y encuentro dentro de los predios militares de restos de personas
desaparecidas, las actuaciones judiciales que modificaron interpretaciones
excesivas que se habían dado a la caducidad. Este proceso devolvió a la
Justicia de manera espasmódica pero real su poder y produjo una masa de
conocimiento público que permite a la sociedad uruguaya dialogar con una
verdad diferente de la que fue oficial y única durante más de veinte años.
Es un cambio de perspectiva que se expresa en el reconocimiento público y
oficial del carácter criminal del accionar del Estado durante la dictadura, que
se concreta en pronunciamientos de los poderes Ejecutivo (habilitaciones a la
investigación y juzgamiento), Legislativo (Ley 18.596), Judicial (juicios y
castigos), y de la Universidad de la República (aportes en las investigaciones)
[11]
. A ese proceso da cima la condena al Estado uruguayo por parte de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De esa manera se operó una transición en la actitud de un Estado que hasta
entonces había funcionado como cómplice de sus propios crímenes y
finalmente empezó a responsabilizarse y llamar a responsabilidad a los
perpetradores.
Es una incipiente nueva moralidad pública donde se hace posible también una
transición de sujetos reclamando justicia. Porque durante los años de
impunidad cerrada, quienes encontraron su espacio para mantener activos los
reclamos de justicia fueron mayoritariamente aquellas personas que actuaban
en nombre de las víctimas de determinados crímenes. Ahora los jueces no
solamente contarán con los testimonios de quienes toman la representación
de las víctimas -amigos, compañeros, familiares- para decir lo que saben que
le hicieron al secuestrado, torturado, desparecido, asesinado, apropiado. En
este nuevo momento de lucha contra la impunidad, quienes fuimos objeto
directo del accionar criminal del Estado encontramos otro sentido al hecho de
tomar la palabra y decir en primera persona.
Ello supone que podremos/deberemos evocar y decir, revivir y contar ante
jueces y fiscales, abogados y acusados, aquello que cada uno fue mientras
estaba en manos del poder criminal. Se trata de exponer públicamente un momento de nuestras vidas que fundó una nueva e irreversible manera de
relacionarnos con la colectividad y con nosotros mismos. Una experiencia que
atravesaron las víctimas de los terrorismos estatales en diferentes tiempos y
países y que entraña un desafío cuyas aristas describió entre nosotros Carlos
Liscano en “El Furgón de los locos”.
“… lo que el torturador quiere es que el prisionero sienta asco por sí mismo.
Que esté tan indefenso que crea que no vale nada. (…) No encuentro la forma
de explicar hasta qué punto el asco por el propio cuerpo hace que uno se vea
de modo diferente y que ese conocimiento es para toda la vida. [Es un
conocimiento] primitivo y esencial, que hace que uno reconozca en sí al
animal. Al animal que es, que siempre ha sido, que en cualquier momento
puede volver a ser, porque así lo elige, o porque lo obligan.”
El conocimiento enunciado por Liscano, y que nadie puede aportar en nuestro
nombre, es la clave para fundamentar el reclamo de justicia por unos
acontecimientos antiguos que recién ahora podemos aspirar a que sean
sabidos y juzgados.
Llevarlo al espacio público implica aceptar instalarnos nuevamente adentro de
la capucha, en los golpes y los plantones, el hambre y el frío, las humillaciones
y las vejaciones, entre la espera y la realización de la picana y el tacho: revivir
el miedo y el asco. Una empresa que uno asume con esperanza pero sin
certezas porque los criterios de caducidad y de prescripción de los delitos
todavía tienen defensores en Uruguay. Pero sean cualesquiera los resultados
inmediatos, es posible asumir que hablar ahora contribuirá a aumentar la
brecha entre la impunidad legislada y la impunidad vivida.
Tal vez -por lo menos- contribuya a que la remozada casona de Maldonado
1121 esquina Paraguay deje de ser un cruce intrascendente de calles, de
manera que quienes la transitan puedan saber del horror que guardan sus
paredes y la miseria humana que fueron capaces de producir sus impunes
moradores.
8 / 12
Phoca PDF[1] En los días que releo y corrijo esta nota, el Poder Legislativo debate un proyecto de ley para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo. También se produjo un nuevo hallazgo de restos humanos en una unidad militar en el marco de las investigaciones ordenadas por la justicia para determinar el paradero de personas asesinadas y desparecidas durante la dictadura. Ambos hechos no se habían producido cuando escribí este texto pero su valoración encuadra en el sentido que le di a otros de similares características.
[2] Sobre el rol del derecho en la construcción de la memoria colectiva Ciencias Sociales Revista de l Facultad de Ciencias Sociales/UBA/ Marzo 2011
[3] Utilizo la categoría de Álvaro Rico: “…la aprobación de la Ley de Caducidad marcó la caducidad de la Ley en el imaginario de los uruguayos…” en Como nos domina la clase gobernante. Trilce, Montevideo, 2005
[4] Reportaje a propósito de su libro “¿Qué significa hablar? »
El pasado mes de setiembre, el doctor Pablo Chargoñia presentó una
denuncia penal por, entre otros delitos, privación de libertad y aplicación de
torturas contra opositores y opositoras a la dictadura que integrábamos
organizaciones juveniles de izquierda. Los hechos denunciados ocurrieron
entre los años 1972 y 1983 en dependencias de la Dirección Nacional de
Información e Inteligencia (DNII); formaron parte de un programa emanado de
la conducción política y operativa del Ministerio del Interior (MI) y fueron
ejecutados con los recursos humanos y materiales del Estado. La prueba que
se ofrece incluye testimonios de quienes sufrimos los secuestros y torturas
denunciados.
¿Final para una franquicia?
1 / 12
Phoca PDF“…el derecho internacional surge como un ámbito donde conceptualizar
aquellas
acciones que no se podría aceptar que fueran amparadas por las garantías
del
derecho penal moderno, con principios tales como la prescripción, la
territorialidad y la irretroactividad”.
Daniel Ferestein
[2]
”
Los avances en el “derecho de los derechos humanos” siempre expresan la
formalización de nuevos consensos de moralidad pública. Ello sucede cuando
pasan a considerarse inaceptables situaciones que hasta ese momento eran
admitidas como legítimas en el plano legal o de las costumbres. Ejemplos
clásicos son la esclavitud, los castigos físicos y tormentos; ejemplos
contemporáneos, las discriminaciones por raza o etnia, sexo, edad, prácticas
sexuales u otras violencias culturales.
Algo que suele olvidarse con esmero es que semejantes cambios nunca
ocurren “en paz”; y en verdad son posibles solo gracias a los conflictos
provocados por quienes demandan el reconocimiento de sus derechos,
articulan discursivamente esa demanda y fuerzan su ingreso en la agenda
pública.
Con idéntica prolijidad se olvida también que los cambios en este campo son
verdaderos actos de fuerza, destinados a limitar los abusos del poder
mediante la ley penal, que es una violencia simbólica radical porque
representa el consenso de coerción y castigo.
En esos entendidos se puede comprender que desde la caducidad de la
acción penal para las violaciones de los derechos humanos durante la
dictadura, cada demanda ante la justicia por esos motivos actualiza un
conflicto entre las moralidades públicas basadas en los derechos de las
personas y las que se sostienen en los fueros de la impunidad
[3]
.
La impunidad uruguaya se sostiene en una norma ilegítima para la
jurisprudencia internacional de los derechos humanos, pero que aquí fue legal
y expresó la manera de ser y pensarse a sí misma de una parte significativa
de la sociedad uruguaya. En particular -aunque no solo ellos- los beneficiarios
directos o indirectos de las impunidades.
Las culturas de impunidad y contraimpunidad son dos formas de lidiar con los
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Phoca PDFlegados de violencia de la dictadura que tensionan desde hace 25 años los
ámbitos políticos de los partidos y las instituciones, el campo jurídico, la
comunicación pública y las subjetividades de personas y grupos. Tal vez el
ejemplo más rotundo de ese conflicto sean los diferentes pronunciamientos de
la Suprema Corte de Justicia calificando como constitucional, y también como
inconstitucional, la Ley de caducidad.
La denuncia motivada en las torturas infligidas en la DNII propone una ruta
para romper la hemiplejia del Estado de derecho que supone la “caducidad”.
Para ello enlaza conceptualmente tres niveles, en cuya articulación despunta
la posibilidad de un nuevo relato ciudadano y jurídico de post-impunidad. Ellos
son:
I) Una categorización de los hechos denunciados (“Las personas
mencionadas no fueron víctimas de un delito ordinario, sino de un crimen de
lesa humanidad cometido por el aparato represivo estatal; [fueron víctimas] de
la macro-criminalidad del Estado”);
II) La apreciación de la fuente de derecho que corresponde aplicar (“…una
regla imperativa del derecho internacional general que torna inválidas las
normas en su contra y que impone la obligación inevitable del procesamiento y
eventual castigo de los responsables”);
III) Una manera de interpretar el conflicto entre el derecho interno y el
internacional a favor del respeto a los derechos humanos y no de la
impunidad de los violadores de esos derechos (“…los hechos denunciados
aquí ya eran imprescriptibles para el derecho internacional al momento de
cometerse, con lo que no se da una situación de aplicación retroactiva de la
Convención Internacional sino que ésta ya era regla de la costumbre
internacional a la que el estado uruguayo no era ajeno”).
Así, esta denuncia contiene una invitación y una ruta para que el Poder
Judicial subvierta el estatus de personas francas que beneficia a los
perpetradores de crímenes de lesa humanidad a expensas de los derechos
del resto de la sociedad.
Lo que dicen los hechos
“Colocar una palabra por otra es cambiar la visión del mundo social, y por lo
tanto,
contribuir a transformarlo.”
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Phoca PDFPierre Bourdieu”
[4]
La manera en que se nombran y caracterizan los hechos denunciados
describe y califica la relación Estado-sociedad durante la dictadura. Ello
supone un juicio de valor político?histórico que al ser formulado en el campo
jurídico contribuye a interpelar la historia dominante acerca de la dictadura
durante los últimos 25 años.
Esa historia se caracteriza por una reproducción, ad infinitum y hartazgo, de
todas las variantes que permite la “teoría de los dos demonios”. Ha sido
cuestionada por numerosos actores y evidencias, incluso mediante la
detallada documentación producida, analizada y difundida por la Universidad
de la República (UDELAR)
[5]
. Sin embargo la versión que sustenta la
impunidad, que es la teoría de los dos demonios, carece hasta el presente de
una refutación orgánica asumida desde un escenario proporcional a aquel que
la produjo en el Estado. Veamos cómo se aborda esa historia en la denuncia
de Chargoñia.
“Los hechos que se presentan seguidamente fueron expuestos por víctimas
de privación de libertad y torturas ocurridas durante la pasada dictadura
(1973/1985) en dependencias del Ministerio del Interior. Como se advertirá,
constituyen prueba de una práctica sistemática y planificada de persecución y
tormento a opositores políticos ejercida por agentes estatales en ejercicio de
funciones abusivas e ilegítimas que caracterizó el período del terrorismo de
estado. (…) En el contexto de un régimen dictatorial y de ausencia de
garantías elementales, lo que aparece como detenciones policiales,
constituyeron en verdad delitos de privación de libertad. La situación de
reclusión estuvo caracterizada por la aplicación de trato cruel, inhumano y
degradante, que formó parte de un modo de operación habitual. Al
secuestrado se lo torturaba sistemáticamente, tanto en situación de
‘interrogatorio’ como fuera de ella. (…) Quienes participaron de esas
prácticas lo hacían como parte de un aparato organizado en que las tareas se
distribuían para que el conjunto operara conforme al designio de atormentar al
detenido.”
De esa (aparentemente) simple manera se sostiene que durante la dictadura,
el Estado utilizó la práctica y amenaza de la tortura como una forma de
gobierno: una definición que establece un nuevo principio de realidad para
apreciar el conflicto imperante durante la dictadura y el lugar que ocupó la
tortura en la gestión de ese conflicto.
4 / 12
Phoca PDFDesde esa (nueva) racionalidad se dice que la dictadura no fue una guerra
sino un proyecto de control político y social basado en el terror, y que la tortura
usada con esa finalidad fue un recurso de comunicación destinado a hacer
saber que las dependencias policiales y militares podían convertirse para
cualquiera, y con el automatismo de las burocracias, en un lugar de tormento
[6]
. Todo ello como parte del designio de controlar y, si hubiera sido posible,
eliminar la oposición al régimen.
La recuperación del significado que tenían los acontecimientos en el momento
que ocurrieron permite tipificar los delitos conforme a la jurisprudencia
internacional de los derechos humanos, y también habilita que la colectividad
pueda historiar lo vivido bajo el terror de Estado.
Si el poder judicial da curso a esta denuncia abrirá un nuevo espacio de
legitimidad para extraer los hechos de una dictadura que duró más de una
década, de la marginalidad donde permanecen pegoteados a las difusas y
confusas versiones sobre una guerra que duró cinco meses
[7]
. Serán otros
relatos, sin falta conflictivos y contradictorios, pero colocados dentro de una
trama de significados socialmente reconocibles.
Uno
“… uno no puede pedirle al cuerpo que aguante al dolor y al mismo tiempo
decirle que da asco…”
Carlos Liscano
[8]
La dictadura fue un tiempo de silencios; unos obligados y otros buscados.
Silencios ardides contra silencios impuestos que se continuaron en la
post?dictadura hasta convertirse en un hecho social que contiene, entre otros
asuntos pendientes, lo dicho y lo no dicho por miles de torturados y torturadas.
Y justamente porque los torturados uruguayos fuimos muchos miles dentro de
una población pequeña y próxima, eso que permanece silenciado y no
reconocido ocupa un lugar denso en la historia mentirosa de la dictadura. Una
historia dictada desde un poder tan poder, que tiene la posibilidad de negarse
como violencia y presentarse como sentido común y consenso pacificador
[9]
.
Un consenso basado en secretos de Estado y silencios sociales que incluyen
también las palabras pendientes de muchas y muchos de nosotros.
Es verdad que algunos testigos presentados por Chargoñia habían
5 / 12
Phoca PDFdenunciado sus torturas antes de 1986 en diferentes ámbitos, tales como
medios de comunicación, la justicia penal, comisiones del Poder Legislativo,
instancias de contralor ético-profesional, organismos y foros multinacionales.
Incluso hubo quien denunció las torturas ante los jueces militares en plena
dictadura, estando todavía en manos de sus torturadores. Esas denuncias
fueron bloqueadas por la impunidad absoluta de la dictadura y por la
caducidad en democracia.
¿Por qué nuestros silencios? Cada persona tendrá sus respuestas y no van a
ser todas iguales. Yo solo puedo hablar de las mías.
No hace falta demasiada sutileza para apreciar que a partir de 1986 esos
silencios pueden explicarse por el sinsentido de exponer los sufrimientos para
reclamar verdad y justicia en una sociedad que votó reiteradamente la
caducidad de nuestro personal derecho a la justicia
[10]
.
Otra razón para el silencio puede haber sido una necesidad posiblemente
imperiosa de alejar la memoria de la vida padecida en manos del Estado
torturador como condición para dar curso a otra posible sobrevida.
Una más -de no pequeña importancia aunque poco explicitada- tiene que ver
con ciertos abusos discursivos de izquierda que confinaron las peripecias
personales dentro de épicas colectivas destinadas a la disputa de hegemonías
políticas.
Semejante listado se podría engrosar con razones más o menos pertinentes
para unas u otras personas. Creo que la pregunta realmente importante es
qué habilitó y qué puede significar la ruptura de nuestro silencio treinta años
después.
La principal respuesta que encuentro es que la impunidad perdió el peso
cultural que tuvo durante los años ’80 y ’90 aunque permanezca vigente la ley
que la sostiene. Así se abrió una brecha entre la norma legal y la práctica
social por donde se cuela un nuevo sentido a las acciones contra los
violadores de los derechos humanos en dictadura.
Esa brecha se expresa en los resultados de algunas demandas de
esclarecimiento de desapariciones, apropiaciones de niños y asesinatos de
opositores. Son acciones que abrieron el camino para revelar y condenar
legalmente la coordinación de la trasnacional terrorista de los gobiernos del
Cono Sur, incluyendo a señalados perpetradores uruguayos. En algunos
6 / 12
Phoca PDFcasos fueron claves los procesos iniciados en países vecinos como Argentina
y Paraguay que involucraban a uruguayos, pero siempre fue decisiva la
persistencia y combatividad de quienes actuaron buscando romper la
impunidad en y desde Uruguay.
El debilitamiento de la impunidad trajo nuevos resultados a antiguas
demandas: el acceso directo a algunos archivos militares y policiales, la
búsqueda y encuentro dentro de los predios militares de restos de personas
desaparecidas, las actuaciones judiciales que modificaron interpretaciones
excesivas que se habían dado a la caducidad. Este proceso devolvió a la
Justicia de manera espasmódica pero real su poder y produjo una masa de
conocimiento público que permite a la sociedad uruguaya dialogar con una
verdad diferente de la que fue oficial y única durante más de veinte años.
Es un cambio de perspectiva que se expresa en el reconocimiento público y
oficial del carácter criminal del accionar del Estado durante la dictadura, que
se concreta en pronunciamientos de los poderes Ejecutivo (habilitaciones a la
investigación y juzgamiento), Legislativo (Ley 18.596), Judicial (juicios y
castigos), y de la Universidad de la República (aportes en las investigaciones)
[11]
. A ese proceso da cima la condena al Estado uruguayo por parte de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De esa manera se operó una transición en la actitud de un Estado que hasta
entonces había funcionado como cómplice de sus propios crímenes y
finalmente empezó a responsabilizarse y llamar a responsabilidad a los
perpetradores.
Es una incipiente nueva moralidad pública donde se hace posible también una
transición de sujetos reclamando justicia. Porque durante los años de
impunidad cerrada, quienes encontraron su espacio para mantener activos los
reclamos de justicia fueron mayoritariamente aquellas personas que actuaban
en nombre de las víctimas de determinados crímenes. Ahora los jueces no
solamente contarán con los testimonios de quienes toman la representación
de las víctimas -amigos, compañeros, familiares- para decir lo que saben que
le hicieron al secuestrado, torturado, desparecido, asesinado, apropiado. En
este nuevo momento de lucha contra la impunidad, quienes fuimos objeto
directo del accionar criminal del Estado encontramos otro sentido al hecho de
tomar la palabra y decir en primera persona.
Ello supone que podremos/deberemos evocar y decir, revivir y contar ante
jueces y fiscales, abogados y acusados, aquello que cada uno fue mientras
estaba en manos del poder criminal. Se trata de exponer públicamente un momento de nuestras vidas que fundó una nueva e irreversible manera de
relacionarnos con la colectividad y con nosotros mismos. Una experiencia que
atravesaron las víctimas de los terrorismos estatales en diferentes tiempos y
países y que entraña un desafío cuyas aristas describió entre nosotros Carlos
Liscano en “El Furgón de los locos”.
“… lo que el torturador quiere es que el prisionero sienta asco por sí mismo.
Que esté tan indefenso que crea que no vale nada. (…) No encuentro la forma
de explicar hasta qué punto el asco por el propio cuerpo hace que uno se vea
de modo diferente y que ese conocimiento es para toda la vida. [Es un
conocimiento] primitivo y esencial, que hace que uno reconozca en sí al
animal. Al animal que es, que siempre ha sido, que en cualquier momento
puede volver a ser, porque así lo elige, o porque lo obligan.”
El conocimiento enunciado por Liscano, y que nadie puede aportar en nuestro
nombre, es la clave para fundamentar el reclamo de justicia por unos
acontecimientos antiguos que recién ahora podemos aspirar a que sean
sabidos y juzgados.
Llevarlo al espacio público implica aceptar instalarnos nuevamente adentro de
la capucha, en los golpes y los plantones, el hambre y el frío, las humillaciones
y las vejaciones, entre la espera y la realización de la picana y el tacho: revivir
el miedo y el asco. Una empresa que uno asume con esperanza pero sin
certezas porque los criterios de caducidad y de prescripción de los delitos
todavía tienen defensores en Uruguay. Pero sean cualesquiera los resultados
inmediatos, es posible asumir que hablar ahora contribuirá a aumentar la
brecha entre la impunidad legislada y la impunidad vivida.
Tal vez -por lo menos- contribuya a que la remozada casona de Maldonado
1121 esquina Paraguay deje de ser un cruce intrascendente de calles, de
manera que quienes la transitan puedan saber del horror que guardan sus
paredes y la miseria humana que fueron capaces de producir sus impunes
moradores.
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Phoca PDF[1] En los días que releo y corrijo esta nota, el Poder Legislativo debate un proyecto de ley para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo. También se produjo un nuevo hallazgo de restos humanos en una unidad militar en el marco de las investigaciones ordenadas por la justicia para determinar el paradero de personas asesinadas y desparecidas durante la dictadura. Ambos hechos no se habían producido cuando escribí este texto pero su valoración encuadra en el sentido que le di a otros de similares características.
[2] Sobre el rol del derecho en la construcción de la memoria colectiva Ciencias Sociales Revista de l Facultad de Ciencias Sociales/UBA/ Marzo 2011
[3] Utilizo la categoría de Álvaro Rico: “…la aprobación de la Ley de Caducidad marcó la caducidad de la Ley en el imaginario de los uruguayos…” en Como nos domina la clase gobernante. Trilce, Montevideo, 2005
[4] Reportaje a propósito de su libro “¿Qué significa hablar? »
[5]
En especial la Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de estado
en Uruguay, coordinada por Alvaro Rico, UDELAR-FHCE, Montevideo 2008.
[6] Marcelo Viñar: “…utilizando el martirio de algunos como referente de punición para todos”. Fracturas de memoria.
Trilce, Montevideo.1993
[7] Esta datación refiere al período que va desde la declaración del estado de guerra interno en abril de 1972 al momento en que las “fuerzas conjuntas” declararon concluidas exitosamente las operaciones de la “guerra antisubversiva” en setiembre de ese mismo año.
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Phoca PDF[8] El Furgon de los locos. Planeta Argentina 2001
[9] Valga para esta cuestión la glosa imperfecta de Pierre Bourdieu.
[10] Nadie habla por hablar; hacerlo conlleva “una demanda de reconocimiento: por medio del lenguaje uno mueve su dolor hacia su interlocutor [porque] busca compasión, alivio, justicia en sus múltiples sentidos”. Kimberley Theidon Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política de reconciliación. Instituto de Estudios Peruanos. 2009 Perú
[11] Los ejemplos más representativos de ese proceso de ruptura de la impunidad están reflejados en investigaciones como las encabezadas por Alvaro Rico, José López Mazz, Oscar Destouet y Silvia Dutrenit, así como en los procesos judiciales por numerosos crímenes, entre ellos desapariciones y asesinatos.
[6] Marcelo Viñar: “…utilizando el martirio de algunos como referente de punición para todos”. Fracturas de memoria.
Trilce, Montevideo.1993
[7] Esta datación refiere al período que va desde la declaración del estado de guerra interno en abril de 1972 al momento en que las “fuerzas conjuntas” declararon concluidas exitosamente las operaciones de la “guerra antisubversiva” en setiembre de ese mismo año.
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Phoca PDF[8] El Furgon de los locos. Planeta Argentina 2001
[9] Valga para esta cuestión la glosa imperfecta de Pierre Bourdieu.
[10] Nadie habla por hablar; hacerlo conlleva “una demanda de reconocimiento: por medio del lenguaje uno mueve su dolor hacia su interlocutor [porque] busca compasión, alivio, justicia en sus múltiples sentidos”. Kimberley Theidon Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política de reconciliación. Instituto de Estudios Peruanos. 2009 Perú
[11] Los ejemplos más representativos de ese proceso de ruptura de la impunidad están reflejados en investigaciones como las encabezadas por Alvaro Rico, José López Mazz, Oscar Destouet y Silvia Dutrenit, así como en los procesos judiciales por numerosos crímenes, entre ellos desapariciones y asesinatos.
Fuente: vadenuevo.com.uy
¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón? Sayuri Herrera
clamando:
“¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!”
MASA
César Vallejo
Veo correr noches, morir los días,
agonizar las tardes
Morirse todo de terror y de angustia.
Porque ha vuelto a correr la sangre de
los buenos
y las cárceles y las prisiones
militares son para ellos.
Porque la sombra de los malignos es
espesa y amarga
y hay miedo en los ojos y nadie habla
porque el plomo de la mentira cae,
hirviendo,
sobre el cuerpo del pueblo persignado.
Porque hay engaño y miseria
y el territorio es un áspero edén de
muerte cuartelaria.
¡MI PAÍS, OH MI PAÍS!
Efraín Huerta
El mensaje
Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la
normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo
alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos
hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía
municipal.
El cuerpo no fue ocultado, sino expuesto,
abandonado en una calle de Iguala. Arrancado el rostro, extraídos los ojos. Pronto esta imagen comenzó a circular en las
redes sociales, alguien, no sabemos
quién, le tomó una fotografía que pronto se hizo pública. El mensaje fue
enviado.
Es importante recuperar las significaciones
inscritas en el cuerpo de Julio César, un mensaje que se ocuparon de allegarnos
desde que le arrancaron la vida. Esa forma de matar, la técnica ocupada, no se
practicó y planificó para no ser vista. Es la razón por la que abandonaron el
cuerpo y no lo ocultaron, así fue desde que se tomó la foto y se reprodujo.
Los torturadores
La tortura ha tomado tales proporciones que se ha
convertido ya en un instrumento de gobierno. Uno que no debemos ignorar.
Las técnicas de tortura son enseñadas, mecanizadas
y se exportan de un país a otro. Hay un aprendizaje de la tortura, un
entrenamiento en ello y los “expertos” van ofreciendo sus servicios de
“capacitación” de un gobierno opresor a otro. La tortura generalizada es
evidentemente un asunto político y económico, no solamente psicológico.
El psicoanalista Raúl Páramo Ortega, en el artículo
“Tortura, antípoda de la compasión”, nos ofrece valiosas claves
para comprender la magnitud de la tragedia a la que nos enfrentamos, así como
fundamentos para señalar la responsabilidad del Estado mexicano por practicar
la tortura y además generar, en distintos niveles y dimensiones, condiciones
favorables para la masificación de esta práctica. Páramo comenta:
“Las explicaciones a nivel de
psicopatología individual siguen fracasando al querer caracterizar la
personalidad del torturador. Ninguna explicación individual basta porque en
realidad la personalidad del torturador corresponde a un tipo determinado de
sociedad con la que se confunde. (…) si algo tiene ese tipo de personalidad es
precisamente no ser a-social sino producto neto de un tipo de sociedad”.
La sociedad que crea condiciones propicias para la
tortura es aquella educada para la competencia, el egoísmo, la obediencia
ciega, el autoritarismo y la violencia. Sin duda, todas esas características
las encontramos en el México de hoy.
Por otro lado, señala que: “El presupuesto fundamental, el núcleo central para que la tortura
sea tortura, es el que el otro esté a mi merced. La disponibilidad –ciertamente
forzada- del otro es condición previa para la tortura. En la medida en que se
dé la situación de impotencia total, estará dada la invitación/seducción a
cierto grado de tortura”.
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