La
gota que derrama el vaso, decimos de las muertes y desapariciones en Iguala. Nada
es igual desde ellas, para la conciencia sobre esta casa del horror llamada
México, en el propio país y en el resto mundo, aunque los poderes formales e
informales parezcan no darse cuenta.
La
movilización social que se produjo a partir de entonces pone al frente a los
sectores más golpeados durante treinta años de capitalismo salvaje y augura una
nueva utopía. Defensores de derechos humanos, periodistas, académicos,
escritores de ambos sexos hacen un enorme esfuerzo por investigar y registrar los
hechos y cuanto con ellos se desnuda. Nuestro modesto libro forma, pues, parte
de un todo, y debe centrarse en Julio César por lo que su tortura y asesinato
exhibe del conjunto de esas horas entre el 26 y 27 de septiembre y por el joven
mexiquense en sí mismo, representante de la juventud condenada a la exclusión o
la llana eliminación.
Por
eso pedimos usar su trabajo a algunos de las y los que están en el empeño, y accedieron
sin reservas, en el sobrentendido de que para cada tema debemos acudir directamente
a ellas y ellos.
Marcela
Turati es tal vez quien con mayor acuciosidad ha seguido el rastro de las
desapariciones y la implicación que tiene el caso Mondragón Fontes, en la
revista Proceso. Recogemos sólo fragmentos del aspecto en el cual más se emplea
últimamente: el posible papel del 27 Batallón de Infantería. Más adelante recogemos
otros reportajes de la propia periodista sobre Julio César en particular.
Inacción militar que olió a
complicidad
11 de
diciembre de 2014
Diversos
hechos y testimonios apuntan a que la inacción del 27 Batallón de Infantería,
con sede en Iguala, los pasados 26 y 27 de septiembre, no fue casual: los jefes
castrenses tenían una excelente relación con el exalcalde José Luis Abarca y
con su esposa, y el día del ataque a los normalistas no hubo presencia militar
sino hasta mucho después del tiroteo, cuando las víctimas buscaban ayuda
médica, la cual prometieron y no dieron. Hay otros datos: el año pasado el jefe
de la policía de Cocula acusó a los integrantes de ese batallón de proteger a
delincuentes y hay un caso documentado de cuando levantaron y desaparecieron a
seis jóvenes igualtecos en 2010.
Ayotzonapa:
Las huellas de los militares
23 de diciembre de 2014
El
gobierno federal dice que hará todo por dar con el paradero de los normalistas
de Ayotzinapa desaparecidos. Pero en los hechos atranca el lugar en que las
familias de las víctimas exigen buscar: el 27 Batallón de Infantería, ubicado
en Iguala. Además, la actual administración no aclara las contradicciones que
han surgido en la investigación del caso y responde con desdén a las preguntas
al respecto –cuando lo hace. Así, las dudas sobre la participación del Ejército
se acrecientan.
En un
arranque de enojo, impotencia y desesperación, padres y madres de los 42
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos acudieron
el jueves 18 a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con sede en
Iguala, para exigir a los militares que les entreguen vivos a sus hijos y los acusaron
de su desaparición forzada.
Dos días
antes, en una conferencia de prensa, las familias ya habían exigido a la
Procuraduría General de la República (PGR) abrir una línea de investigación
sobre la participación de las fuerzas federales –Ejército y Policía Federal– en
el ataque y posterior desaparición de los estudiantes, así como en torno a la
obstrucción de las labores de búsqueda.
Estas
demandas se basan en las nuevas pistas publicadas por Proceso 1989 en el
sentido de que, el 26 de septiembre –a través del guerrerense Centro de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo al que tienen acceso fuerzas
estatales y federales, o C4–, tanto militares de ese batallón como policías
federales estuvieron enterados de la ruta que seguían los estudiantes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa, y de la persecución y cacería que sufrieron en
Iguala, donde fueron emboscados y 43 de ellos desaparecidos –actualmente son
42, pues el sábado 6 fueron identificados mediante el análisis de ADN los
restos del estudiante Alexander Mora Venancio.
Desde que
la PGR tomó la investigación del caso, el procurador Jesús Murillo Karam ha
defendido a los militares del 27 Batallón de Infantería –ubicado a kilómetro y
medio del periférico de Iguala, donde se realizó el ataque–, a pesar de las
evidencias de que los soldados no sólo permitieron que, durante más de tres
horas, policías municipales y sicarios agredieran a los estudiantes, sino que
cuando los militares salieron del cuartel y encontraron a un grupo de alumnos
que se escondía con un herido, los regañaron, amenazaron y ficharon.
Desde el
reportaje titulado Inacción militar que olió a complicidad (Proceso
1984) del 8 de noviembre se planteaba que el personal del 27 Batallón no sólo
no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones ese 26 de
septiembre y negó atención a los heridos; también se le acusaba de haber
obstaculizado la búsqueda de los estudiantes.
En ese
entonces ya había evidencias de que dicho batallón no atendió las denuncias
recibidas antes de la tragedia sobre el comportamiento criminal de las policías
de Iguala y Cocula, y de que tenía una excelente relación con el presidente
municipal de Iguala, José Luis Abarca –quien dio la orden del ataque, según la
PGR. De hecho, el batallón le cedió un terreno a Abarca para su plaza
comercial, y la noche de los hechos el alcalde era acompañado por un enviado
del 27.
En los
medios de comunicación se han manejado varios nombres distintos sobre el
militar que acompañaba a Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, al
atardecer del 26 de septiembre, cuando los estudiantes se encontraban camino a
Iguala y ya eran monitoreados por fuerzas federales y estatales. En ese momento
Pineda daba un informe como presidenta del DIF, que fue seguido por un baile.
La
mayoría de los medios menciona que el militar que asistió en primera fila al
acto de los Abarca fue el coronel Juan Antonio Aranda Flores, comandante desde
2012 del 27 Batallón, oficial formado en fuerzas especiales, inteligencia y
contrainteligencia, quien se presumía cercano a Abarca, ya que encabezó cerca
de cinco actos públicos con él. Sin embargo, al cotejar fotografías, no
existe parecido entre el coronel Aranda y el militar que aparece en las fotos
del informe.
El
diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía, por su parte, señaló que el
militar presente es el capitán del Ejército Mexicano y oficial de
adiestramiento Paul Escobar López. De él no se tienen referencias fotográficas
que permitan cotejarlo.
El
general titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador
Cienfuegos, informó a los diputados que el asistente a la fiesta de Abarca era
el coronel José Rodríguez Pérez –quien relevó este año a Aranda en la
comandancia de dicho batallón. Empero, su rostro tampoco guarda parecido con el
militar fotografiado.
El
superior inmediato de Rodríguez Pérez es el comandante de la 35 Zona Militar,
el general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, quien el día del
lanzamiento del Operativo Tierra Caliente sostuvo una charla con los
integrantes del 27 Batallón, en la que dijo a los soldados que estuvieran
seguros y tranquilos porque habían actuado bien.
En este
semanario se señaló que el militar fotografiado podría ser el coronel de
caballería diplomado mayor de la 27 Zona Militar con sede en Atoyac, Juvenal
Mariano García, quien es parecido al militar retratado, aunque su base está
lejos de Iguala.
La
incógnita, por lo tanto, sigue sin respuesta.
Otros
señalamientos directos contra el Ejército como cómplice de las desapariciones
de los normalistas los hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que, a
través de un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles
militares. Posteriormente, una supuesta narcomanta, firmada por El Cabo Gil
–lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos–, involucró con
el narcotráfico a un “capitán Barbosa” y a un “teniente Crespo” del 27
Batallón.
En la
página de internet del municipio de Iguala existen dos actos en los que un
capitán segundo de infantería del 27 Batallón, el inspector militar José
Martínez Crespo, acompaña a Abarca. El primero es una ponencia sobre sismos, el
segundo fue el sorteo del servicio militar.
Aunque el
apellido coincide, no pasa lo mismo con el cargo, y no es posible deducir si la
narcomanta se refería a ese militar.
En la
respuesta a una solicitud de información hecha a la Sedena en torno al
historial de José Martínez Crespo, se señala que en 1987 comenzó su carrera
militar como cadete, luego fue subteniente de infantería y, a la postre,
capitán segundo de dicha arma. Estuvo asignado a un Estado Mayor de la Defensa
Nacional en el agrupamiento de servicios generales, y en 2007 ingresó “a un
batallón de infantería”.
Con respuestas
del tipo “(permaneció) en un plantel militar” o en “un batallón”, la Sedena
evita identificar los lugares concretos en los que estuvo destacado.
En el
portal del municipio de Iguala se exhiben siete actos públicos de Abarca junto
a militares. Quienes aparecen son: el coronel Juan Antonio Aranda Flores, el
coronel comandante José Rodríguez Pérez, el teniente de Infantería Éder García,
el segundo comandante del 27 Batallón y teniente coronel Rogelio Carrera y el
capitán segundo de Infantería José Martínez Crespo.
Cabos sueltos
Las dudas
sobre la participación del Ejército en Iguala, cuando los normalistas estaban
siendo atacados y detenidos por policías y pistoleros, no han surgido sólo
entre las familias de las víctimas, sino también en la Comisión Bicameral de
Seguridad Nacional del Congreso, la organización internacional Human Rights
Watch y Tlachinollan –que en un inicio exigió investigar la falta de prevención
de los hechos por parte del Ejército y la ausencia de información de
inteligencia sobre cómo operaban los grupos criminales en Iguala, pero la
semana pasada pidió indagar si tuvo participación directa en los hechos.
El 7 de
noviembre, la primera vez que fue cuestionado sobre la inacción del Ejército
para defender a los estudiantes, Murillo respondió: “El Ejército se mueve sólo
con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apoyado?
Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”.
El
miércoles 3, este semanario le comentó la exigencia de los padres para indagar
al 27 Batallón. El fiscal informó que el gobierno no buscaría en bases
militares a los normalistas desaparecidos:
–Las
familias (de los estudiantes desaparecidos) exigen que sean revisadas también
las bases militares, ¿ahí ya buscaron? –se le preguntó tras el lanzamiento en
Iguala del Operativo Tierra Caliente.
–Hemos
hecho toda la búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos que buscar,
sabemos que ahí no –respondió.
–¿No van
a buscar en las instalaciones de la Sedena, en el 27 Batallón?
–La
Sedena es la más preocupada buscándolos, así que sería un absurdo que si los
tuviera ahí, los buscara; es un absurdo completamente.
–Entonces
no serán buscados ahí…
–No
tenemos que buscar lo que sabemos que no está. Es absurdo –insistió.
El 13 de
noviembre, el secretario Cienfuegos explicó a legisladores que lo citaron para
hablar del tema que los integrantes del 27 Batallón no intervinieron en el
ataque contra los normalistas porque “siguieron un protocolo”, que indica que
sólo pueden actuar a petición de la autoridad local, y cuando los militares
preguntaron a las policías municipales y estatales si pasaba algo en Iguala,
éstas mintieron y aseguraron que “no sucedía nada”.
El
miércoles 3, al ser cuestionado sobre la exigencia de revisar las bases
militares, Cienfuegos dijo: “Eso depende del gabinete, no de mí”. Guardó
silencio y después de unos segundos agregó: “Si quieren revisar que revisen, no
tenemos ningún problema”.
El
general no ha declarado nada sobre el informe inédito del gobierno de Guerrero
obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre, en el que
queda asentado que, desde su salida de las instalaciones de la Normal de
Ayotzinapa, los estudiantes eran monitoreados por agentes de las
administraciones estatal y federal a través del C4.
Aunque se
pidió a la Sedena información sobre el papel que jugó en el caso Ayotzinapa,
vía la Ley de Información Pública y Trasparencia, ha solicitado prórrogas para
responder a esta pregunta.
Según el
reportaje firmado por Anabel Hernández y Steve Fisher, publicado en esta
revista con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la
Universidad de California en Berkeley, en el ataque hubo participación de la
Policía Federal, con la aquiescencia o colaboración del Ejército.
Tras
estos señalamientos, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique
Galindo, negó en entrevista televisiva que la noche del 26 de septiembre
elementos de su corporación participaran activamente en el ataque, pero admitió
que las fuerzas federales sí estuvieron monitoreando el grupo de normalistas
desde antes que llegaran a Iguala, y se enteraron de que fueron agredidos a
balazos:
“Sí
sabíamos de (las actividades) ese día, porque (los estudiantes) venían en
autobuses. Nuestra competencia estaba en la carretera federal (…) Ahí acudieron
los federales. Pero dentro de la ciudad no tuvimos participación.”
Ayotzinapa: sus propios informes
comprometen al Ejército
21 de marzo
de 2015
El informe que el 27 Batallón de Infantería, con sede
en Iguala, entregó sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, cuando 43
normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos indica: “Aproximadamente 2230 horas arribaron al lugar tres patrullas más a bordo
de las cuales bajaron policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les
dijeron a los estudiantes que se bajaran, por lo que los estudiantes les
mencionaron que tenían compañeros heridos, sin especificar qué tipo,
aproximadamente 2235 horas los policías que llegaron trataron de bajar a los
estudiantes”.
Esta
información está contenida en uno de los reportes que la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) entregó a Proceso por
vía de la Ley de Transparencia a la solicitud folio 0000700019715.
Del camión que transportaba a estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, la mayoría de pasajeros fueron desaparecidos. Personal castrense lo
supo esa noche y posiblemente estuvo presente, como quedó asentado en la
bitácora.
Los
reportes revelan que desde las 23:00
horas del 26 y hasta las 06:00 del 27 hubo dos unidades de la Fuerza de
Reacción de ese batallón patrullando las calles; vieron los cadáveres,
acudieron a los hospitales donde encontraron a los heridos, supieron de las
balaceras y de los ataques.
Durante esa
madrugada 43 normalistas fueron desaparecidos. El día 27 los estudiantes
buscaban por las calles a sus compañeros desaparecidos y otros declaraban ante
el ministerio público, pero el reporte
de los patrullajes que hizo ese día personal del 27 batallón culmina con un
“sin novedad”.
El expediente entregado tiene huecos. A la serie le faltan 97 folios con
reportes de los días 26 y 27 de septiembre, incluye notas extemporáneas dando
cuenta tardía de detalles no registrados en los primeros informes, líneas
enteras le fueron borradas, las fotos censuradas y eliminados los nombres de
los militares participantes (sólo se mencionan dos mandos), contiene croquis
mal hechos y errores evidentes en temas clave como los sitios donde ocurrieron
los hechos o el número y las marcas de los autobuses implicados.
La
información difiere de los testimonios de los normalistas sobrevivientes y de ciudadanos
que presenciaron los hechos, de declaraciones que han dado autoridades sobre
ese día y de algunas pruebas documentales.
